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Crimen en Castro Urdiales: ¿Qué pasará ahora con los menores detenidos por la muerte de su madre?

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Crimen en Castro Urdiales

Después de la detención de dos menores de 13 y 15 años tras hallar muerta a su madre de 48 años en Castro Urdiales (Cantabria), surgen dudas sobre cuál es el papel de los servicios sociales y qué ocurre con los menores cuando se ven implicados en hechos delictivos.

En el caso del suceso de Castro Urdiales, uno de ellos es inimputable y el otro ha sido internado en régimen cerrado durante seis meses de forma cautelar por decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, pero ambos quedaron a cargo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).

El Icass es la entidad pública de la que depende la protección y reforma de los menores en Cantabria, así como la encargada de ejecutar las sentencias y los autos que les afectan, ya que es la titular de los centros de cumplimiento de medidas judiciales.

«Cuando hablamos de menores, no son penas, se habla de medidas», subraya en una entrevista con EFE la subdirectora general de Infancia, Adolescencia y Familia del Icass, María del Carmen Arce de la Torre.

Arce explica que la labor del Icass, en el caso de menores con responsabilidad penal, es asumir su «reforma», mientras que en el caso de los inimputables el instituto trabaja en su «protección».

Menores con responsabilidad penal

Cuando las sentencias o autos de los jueces afectan a menores con responsabilidad penal, el Instituto se encarga de ejecutar las medidas, bien sean un internamiento, la convivencia en un grupo educativo, asistencia en un centro de día o prestaciones en beneficio de la comunidad, entre otros.

En todos los casos, se asume una medida que es «sancionadora educativa», lo que implica que el Icass debe trabajar con el menor con un programa individualizado aprobado por el juez, en el que se establecen unos objetivos.

Este programa recoge metas en el ámbito de la vida del menor, ya sea en el aspecto social, familiar, en su futuro laboral o en el ámbito educativo.

Y se trabajan los hechos delictivos en sí y la asunción de responsabilidad. «Que asuma conciencia de no volver a realizarlos cuando termine la medida y se responsabilice de los hechos cometidos», apunta la subdirectora.

Además, cuando se impone una medida de internamiento en régimen cerrado, incide Arce, los servicios sociales se tienen que asegurar de que los menores continúen con sus estudios y puedan seguir formándose, a pesar de que no pueden salir del centro.

Crimen en Castro Urdiales

Los menores de 14 años son inimputables con arreglo a la ley de responsabilidad penal de los menores, por lo que los servicios sociales, en caso de que los niños se vean implicados en un delito, entran a trabajar con ellos a instancias del Ministerio Fiscal, pero siempre en el ámbito de su protección.

En estos casos, subraya Arce, pueden darse distintas situaciones respecto a los menores. La subdirectora relata que puede ocurrir que un Juzgado civil delegue la guarda en la entidad pública; que vuelva con su familia; o que los propios servicios sociales decidan asumir esa guarda.

En este tipo de acontecimientos, el Icass lleva siempre a cabo una investigación sobre las circunstancias del menor, para analizar si se encuentra en una situación de desprotección.

Se tramita un expediente, se realizan averiguaciones, un informe social y si se cumplen los factores de desprotección, la entidad puede declarar al menor en una situación de desamparo y asumir su tutela.

En el caso de que un menor esté en esta situación, se extingue la patria potestad de los padres y se adoptan las medidas de protección que «se considera adecuadas».

Esto incluye distintos tipos de recursos residenciales, como acogimientos, pero siempre, señala la subdirectora, teniendo en cuenta «las necesidades específicas» del niño y orientados a su protección.

Por otro lado, «como ocurre con cualquier menor», subraya Arce, la familia tiene la posibilidad solicitar a la entidad pública que asuma la guarda porque no puede hacerse cargo de él.

En este caso, el progenitor mantiene la patria potestad sobre su hijo, pero los servicios sociales son los responsables de garantizar su protección.

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Bajan a 13 los incendios forestales activos de nivel 2 en Castilla y León, Galicia y Asturias

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Labores de extinción de un incendio forestal. EFE / Kai Forsterling/Archivo

El número de incendios forestales activos de alto riesgo en España ha descendido de manera significativa en las últimas horas, situándose en 13 fuegos de nivel 2. Así lo ha confirmado este sábado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD), presidida por videoconferencia por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los incendios que permanecen en situación operativa 2 afectan actualmente a las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Asturias, mientras que Extremadura ya ha salido de este escenario de máxima preocupación.


El incendio de Igüeña (León), el más preocupante

El fuego que más preocupa en estos momentos es el de Igüeña, en la comarca de El Bierzo (León), que ha arrasado alrededor de 1.000 hectáreas en las últimas horas. Según Protección Civil, la complicada orografía del terreno dificulta el acceso de los equipos de extinción, especialmente en el frente norte, considerado el más peligroso.

Pese al descenso en el número de incendios activos, Barcones ha advertido que la situación sigue siendo crítica y que no se puede bajar la guardia debido a las condiciones climatológicas adversas.


Incendios estabilizados y controlados

La evolución de los fuegos muestra cierta mejora: actualmente se contabilizan tres incendios estabilizados y siete incendios controlados, lo que refleja un avance en los trabajos de extinción.

En 7 de los 13 incendios activos trabaja la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, brigadas forestales del Ministerio para la Transición Ecológica participan en ocho de los focos y 40 medios aéreos realizan diariamente misiones de descarga de agua.

Las condiciones han mejorado especialmente en las provincias de Ourense, Pontevedra, León y Zamora, lo que favorece la estabilización de algunos fuegos.


Balance de detenidos y evacuados

Desde el mes de junio, la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 42 personas e investigado a otras 132 como presuntas responsables de incendios forestales.

En lo que va de agosto, un total de 33.332 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares debido al avance de las llamas. La mayoría de ellas ya han podido regresar, según ha confirmado la directora de Protección Civil.


Apoyo internacional en la lucha contra el fuego

España no está sola en esta batalla contra el fuego. Medios de hasta ocho países europeos colaboran en la extinción de los incendios, coordinados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias:

  • Un equipo de bomberos alemanes se traslada a Zamora tras operar en Extremadura.

  • Helicópteros de República Checa y Eslovaquia trabajan en León.

  • Dos aviones cisterna de Italia finalizan su misión en Castilla y León.

  • 20 bomberos forestales de Grecia se incorporan a las labores en Asturias.

  • Continúan desplegados helicópteros de Países Bajos, bomberos de Francia en León, un contingente de Andorra en Asturias y efectivos de Finlandia y Rumanía en Galicia.

  • Además, un equipo de Estonia participa en labores de intercambio de buenas prácticas dentro de la campaña europea de verano.


Un día de optimismo moderado

Virginia Barcones ha calificado este sábado como un día de “optimismo moderado”, ya que el número de incendios activos ha bajado de forma considerable. Sin embargo, ha recalcado que no se puede rebajar el nivel de preemergencia, pues todavía existen 13 focos activos de gran peligrosidad que requieren vigilancia y refuerzo constante.

“Seguimos con un seguimiento permanente 24 horas al día de cada incendio porque la climatología aún no es favorable y la situación puede cambiar en cualquier momento”, ha subrayado.


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Descienden a 13 los incendios forestales activos de nivel 2 en Castilla y León, Galicia y Asturias. El fuego de Igüeña (León) preocupa por su evolución. Más de 42 detenidos y 33.000 evacuados desde junio.

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