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El Ayuntamiento de València se personará en la causa por la operación Azud para recuperar «hasta el último euro»

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VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) – El Ayuntamiento de València se personará como «afectado» en la causa judicial que se abra a partir de la operación Azud, en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, y que investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del consistorio durante el mandato del PP. De este modo, la administración local pretende que se devuelva «hasta el último euro que en su momento se sustrajo».

Así lo ha anunciado este miércoles el primer edil, Joan Ribó, que ha indicado que esta misma jornada ha pedido al Abogado de la Ciudad «que en el momento en el que sea procedente se persone» en este caso con el fin de que el «Ayuntamiento pueda conocer exactamente lo que está pasando» y reclamar una compensación económica en el caso de que se constate que las arcas municipales se han visto afectadas.

Ribó se ha pronunciado de este modo antes de recibir a representantes de las entidades que impulsan la campaña ‘València libre de paraísos fiscales’, al referirse, en declaraciones a los periodistas, a la operación ‘Azud’.

«He encargado al Abogado de la Ciudad que vaya preparando toda la documentación necesaria porque evidentemente el Ayuntamiento es afectado y, como el Ayuntamiento, todos los valencianos y las valencianas», ha señalado el responsable municipal. Ha apuntado que la personación podría hacerse efectiva «en el momento en el que se levante el secreto del sumario».

Joan Ribó ha explicado que ha adoptado esta decisión «por dos motivos», primero porque «pensamos que la gente que está robando, que estuvo robando al Ayuntamiento, estuvo robando a todos los valencianos y las valencianas» y, segundo, porque tienen que «pagar por sus delitos» y «devolver hasta el último euro que en su momento sustrajo».

«Pensamos que es un elemento fundamental», ha afirmado el alcalde, que ha reiterado la disposición del consistorio a colaborar con la justicia y a dar «todas las facilidades para investigar este tema que nunca debía haber ocurrido».

Ribó ha manifestado que para el actual equipo de gobierno de la ciudad –Compromís, PSPV y València en Comú– «la lucha por la transparencia, la lucha contra la corrupción y la lucha contra los paraísos fiscales es un tema muy importante».

«Se parece al caso Erial»

El primer edil ha comparado la operación Azud con la operación Erial, en la que se investiga al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

«El caso Azud cada vez se parece más al caso Erial. El caso Azud es un caso municipal y el caso Erial es un caso autonómico que corresponde a Zaplana y a su familia, a sus enriquecimientos personales. En el caso Azud estamos delante del enriquecimiento personal de la familia que estaba directamente vinculada a la anterior alcaldesa», ha planteado.

Joan Ribó ha considerado que este es «un caso grave» y que es «una pena tener otra vez que enfrentarnos a ese tema» que «nunca tenía que haber ocurrido». «Ya no parece ser solo un caso de financiación ilegal de un partido, parece ser un caso de financiación ilegal de familias y de personas», ha agregado.

La operación Azud, que trascendió este martes aunque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las ‘mordidas’ con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València realizaron al bufete del abogado José María Corbín.

Preguntado por la investigación y por el tipo de contratos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estudia en el marco de la operación Azud, Joan Ribó ha comentado que los agentes estuvieron ayer por la tarde en la Central Operativa de Saneamiento de València, «revisando la UTE –Unión Temporal de Empresas–» que tiene adjudicado este servicio municipal» y consultando «documentación» al respecto.

«Ningún tipo de registro»

«No disponemos de más información. Imaginamos que el tema es más grande y que tendrá consecuencias porque los contratos de estas empresas son con el Ayuntamiento pero no disponemos de mayor información», ha afirmado el alcalde.

Asimismo, Ribó ha señalado que no se han llevado a cabo actuaciones de la UCO en otros lugares dependientes del consistorio y ha reiterado que no se han producido en la empresa municipal Aumsa. «De momento, en el Ayuntamiento no ha habido ningún tipo de registro ni solicitud de información», ha aseverado.

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Surgen más víctimas en el caso del ex DAO y denuncias contra la cúpula policial

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El abogado de la víctima del DAO habla de nuevas acusaciones contra el exdirector y la cúpula policial

SEO Title: Surgen nuevas acusaciones contra el ex DAO de la Policía Nacional, según el abogado de la denunciante
Meta descripción: El abogado Jorge Piedrafita asegura que han aparecido nuevas posibles víctimas que señalan al exdirector adjunto operativo y a altos mandos policiales por acoso y agresiones.
Palabras clave: caso DAO Policía Nacional, José Ángel González acusaciones, Jorge Piedrafita, denuncias acoso Policía, investigación DAO


El abogado de la denunciante revela nuevas posibles víctimas en el caso del ex DAO

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo, ha asegurado que han surgido nuevas comunicaciones que apuntan a más posibles víctimas dentro del cuerpo.

Según ha explicado en distintas entrevistas, al menos tres mujeres se han puesto en contacto con la defensa para relatar situaciones que describen como “terribles”, relacionadas con presunto acoso laboral e incluso agresiones sexuales atribuidas a altos mandos policiales.


Una nueva acusación apunta de nuevo al exdirector adjunto operativo

Piedrafita ha señalado que una de las comunicaciones recibidas vuelve a dirigir el foco hacia José Ángel González, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que podría no tratarse de un caso aislado sino de un posible patrón de conducta.

El letrado ha explicado que muchos de los hechos denunciados se habrían comunicado previamente a través de los protocolos internos, aunque —según sostiene— “eso no ha funcionado”.


La investigación judicial continúa en Madrid

La causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha solicitado a la defensa la entrega de audios y otras pruebas aportadas en la querella.

Entre el material presentado figuran:

  • Listados de llamadas presuntamente realizadas por el exdirigente policial

  • Capturas de mensajes de WhatsApp

  • Grabaciones de audio realizadas por la denunciante

La defensa ha solicitado que todo el material permanezca bajo custodia judicial y solo pueda consultarse en sede judicial para evitar filtraciones.


Petición de reserva y posible pericial informática

La denunciante ha pedido la “plena reserva” de las pruebas para proteger su intimidad. Además, la querella contempla la realización de una pericial informática en caso de que se cuestione la autenticidad de los mensajes o audios, con el fin de garantizar su verificación forense.

Piedrafita sostiene que el caso ha generado un clima “agobiante” para su representada, que incluso ha tenido que solicitar escolta tras la presentación de la denuncia.


Contexto político y reacción institucional

En paralelo, el debate político continúa tras el anuncio del Partido Popular de impulsar una auditoría sobre la gestión del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en relación con la situación generada por el caso.


Un caso que podría ampliarse

Las nuevas comunicaciones recibidas por la defensa abren la puerta a que la investigación se amplíe si se formalizan nuevas denuncias, en un procedimiento que sigue bajo instrucción judicial y que mantiene el foco en posibles responsabilidades dentro de la cúpula policial.

 

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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