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El Ayuntamiento de València se personará en la causa por la operación Azud para recuperar «hasta el último euro»

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VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) – El Ayuntamiento de València se personará como «afectado» en la causa judicial que se abra a partir de la operación Azud, en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, y que investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del consistorio durante el mandato del PP. De este modo, la administración local pretende que se devuelva «hasta el último euro que en su momento se sustrajo».

Así lo ha anunciado este miércoles el primer edil, Joan Ribó, que ha indicado que esta misma jornada ha pedido al Abogado de la Ciudad «que en el momento en el que sea procedente se persone» en este caso con el fin de que el «Ayuntamiento pueda conocer exactamente lo que está pasando» y reclamar una compensación económica en el caso de que se constate que las arcas municipales se han visto afectadas.

Ribó se ha pronunciado de este modo antes de recibir a representantes de las entidades que impulsan la campaña ‘València libre de paraísos fiscales’, al referirse, en declaraciones a los periodistas, a la operación ‘Azud’.

«He encargado al Abogado de la Ciudad que vaya preparando toda la documentación necesaria porque evidentemente el Ayuntamiento es afectado y, como el Ayuntamiento, todos los valencianos y las valencianas», ha señalado el responsable municipal. Ha apuntado que la personación podría hacerse efectiva «en el momento en el que se levante el secreto del sumario».

Joan Ribó ha explicado que ha adoptado esta decisión «por dos motivos», primero porque «pensamos que la gente que está robando, que estuvo robando al Ayuntamiento, estuvo robando a todos los valencianos y las valencianas» y, segundo, porque tienen que «pagar por sus delitos» y «devolver hasta el último euro que en su momento sustrajo».

«Pensamos que es un elemento fundamental», ha afirmado el alcalde, que ha reiterado la disposición del consistorio a colaborar con la justicia y a dar «todas las facilidades para investigar este tema que nunca debía haber ocurrido».

Ribó ha manifestado que para el actual equipo de gobierno de la ciudad –Compromís, PSPV y València en Comú– «la lucha por la transparencia, la lucha contra la corrupción y la lucha contra los paraísos fiscales es un tema muy importante».

«Se parece al caso Erial»

El primer edil ha comparado la operación Azud con la operación Erial, en la que se investiga al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

«El caso Azud cada vez se parece más al caso Erial. El caso Azud es un caso municipal y el caso Erial es un caso autonómico que corresponde a Zaplana y a su familia, a sus enriquecimientos personales. En el caso Azud estamos delante del enriquecimiento personal de la familia que estaba directamente vinculada a la anterior alcaldesa», ha planteado.

Joan Ribó ha considerado que este es «un caso grave» y que es «una pena tener otra vez que enfrentarnos a ese tema» que «nunca tenía que haber ocurrido». «Ya no parece ser solo un caso de financiación ilegal de un partido, parece ser un caso de financiación ilegal de familias y de personas», ha agregado.

La operación Azud, que trascendió este martes aunque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las ‘mordidas’ con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València realizaron al bufete del abogado José María Corbín.

Preguntado por la investigación y por el tipo de contratos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estudia en el marco de la operación Azud, Joan Ribó ha comentado que los agentes estuvieron ayer por la tarde en la Central Operativa de Saneamiento de València, «revisando la UTE –Unión Temporal de Empresas–» que tiene adjudicado este servicio municipal» y consultando «documentación» al respecto.

«Ningún tipo de registro»

«No disponemos de más información. Imaginamos que el tema es más grande y que tendrá consecuencias porque los contratos de estas empresas son con el Ayuntamiento pero no disponemos de mayor información», ha afirmado el alcalde.

Asimismo, Ribó ha señalado que no se han llevado a cabo actuaciones de la UCO en otros lugares dependientes del consistorio y ha reiterado que no se han producido en la empresa municipal Aumsa. «De momento, en el Ayuntamiento no ha habido ningún tipo de registro ni solicitud de información», ha aseverado.

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El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y jubilarse

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

Los servicios jurídicos concluyen que el exministro no tiene derecho a la compensación por estar suspendido de funciones y percibir ya una pensión de jubilación

El Congreso de los Diputados ha rechazado conceder la indemnización por cese solicitada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos tras renunciar a su escaño y acogerse a la jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que no cumple los requisitos para percibir esta compensación, ya que se encontraba suspendido de sus funciones y, además, ya recibe una pensión de jubilación.

Ábalos ingresó en noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses después presentó su renuncia como diputado y, al día siguiente, anunció su retirada de la vida política, alegando que había quedado “sin derechos, deberes ni funciones” y que había agotado todas las vías para defenderse.

La compensación solicitada superaba los 57.000 euros

Tras dejar su escaño, el exministro solicitó al Congreso la indemnización por cese, una prestación económica destinada a los diputados que abandonan la Cámara y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cuantía podría haber superado los 57.000 euros, al haber sido diputado de forma ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los letrados del Congreso han desestimado la petición. En su informe, recuerdan que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo, y subrayan que ninguno de los parlamentarios suspendidos en situaciones similares ha percibido esta compensación.

“No es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían”, concluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.

Incompatibilidad con la pensión de jubilación

Además de la suspensión de funciones, el Congreso considera que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido Ábalos. La normativa establece que esta prestación tiene como objetivo facilitar la transición a la vida laboral de los diputados que se quedan sin ingresos tras abandonar el cargo.

Según los servicios jurídicos, percibir simultáneamente una pensión de jubilación y la indemnización por cese sería contrario a la finalidad de la ayuda, que se interrumpe cuando el beneficiario obtiene otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada.

Decisión definitiva de la Mesa del Congreso

La decisión será formalizada de manera definitiva este martes por la Mesa del Congreso, lo que dejará al exministro sin derecho a la compensación económica solicitada. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de juicio por el caso Koldo.

En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a una trayectoria parlamentaria de casi 15 años en la Cámara Baja.

 

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