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El Ayuntamiento de València se personará en la causa por la operación Azud para recuperar «hasta el último euro»

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VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) – El Ayuntamiento de València se personará como «afectado» en la causa judicial que se abra a partir de la operación Azud, en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, y que investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del consistorio durante el mandato del PP. De este modo, la administración local pretende que se devuelva «hasta el último euro que en su momento se sustrajo».

Así lo ha anunciado este miércoles el primer edil, Joan Ribó, que ha indicado que esta misma jornada ha pedido al Abogado de la Ciudad «que en el momento en el que sea procedente se persone» en este caso con el fin de que el «Ayuntamiento pueda conocer exactamente lo que está pasando» y reclamar una compensación económica en el caso de que se constate que las arcas municipales se han visto afectadas.

Ribó se ha pronunciado de este modo antes de recibir a representantes de las entidades que impulsan la campaña ‘València libre de paraísos fiscales’, al referirse, en declaraciones a los periodistas, a la operación ‘Azud’.

«He encargado al Abogado de la Ciudad que vaya preparando toda la documentación necesaria porque evidentemente el Ayuntamiento es afectado y, como el Ayuntamiento, todos los valencianos y las valencianas», ha señalado el responsable municipal. Ha apuntado que la personación podría hacerse efectiva «en el momento en el que se levante el secreto del sumario».

Joan Ribó ha explicado que ha adoptado esta decisión «por dos motivos», primero porque «pensamos que la gente que está robando, que estuvo robando al Ayuntamiento, estuvo robando a todos los valencianos y las valencianas» y, segundo, porque tienen que «pagar por sus delitos» y «devolver hasta el último euro que en su momento sustrajo».

«Pensamos que es un elemento fundamental», ha afirmado el alcalde, que ha reiterado la disposición del consistorio a colaborar con la justicia y a dar «todas las facilidades para investigar este tema que nunca debía haber ocurrido».

Ribó ha manifestado que para el actual equipo de gobierno de la ciudad –Compromís, PSPV y València en Comú– «la lucha por la transparencia, la lucha contra la corrupción y la lucha contra los paraísos fiscales es un tema muy importante».

«Se parece al caso Erial»

El primer edil ha comparado la operación Azud con la operación Erial, en la que se investiga al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

«El caso Azud cada vez se parece más al caso Erial. El caso Azud es un caso municipal y el caso Erial es un caso autonómico que corresponde a Zaplana y a su familia, a sus enriquecimientos personales. En el caso Azud estamos delante del enriquecimiento personal de la familia que estaba directamente vinculada a la anterior alcaldesa», ha planteado.

Joan Ribó ha considerado que este es «un caso grave» y que es «una pena tener otra vez que enfrentarnos a ese tema» que «nunca tenía que haber ocurrido». «Ya no parece ser solo un caso de financiación ilegal de un partido, parece ser un caso de financiación ilegal de familias y de personas», ha agregado.

La operación Azud, que trascendió este martes aunque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las ‘mordidas’ con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València realizaron al bufete del abogado José María Corbín.

Preguntado por la investigación y por el tipo de contratos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estudia en el marco de la operación Azud, Joan Ribó ha comentado que los agentes estuvieron ayer por la tarde en la Central Operativa de Saneamiento de València, «revisando la UTE –Unión Temporal de Empresas–» que tiene adjudicado este servicio municipal» y consultando «documentación» al respecto.

«Ningún tipo de registro»

«No disponemos de más información. Imaginamos que el tema es más grande y que tendrá consecuencias porque los contratos de estas empresas son con el Ayuntamiento pero no disponemos de mayor información», ha afirmado el alcalde.

Asimismo, Ribó ha señalado que no se han llevado a cabo actuaciones de la UCO en otros lugares dependientes del consistorio y ha reiterado que no se han producido en la empresa municipal Aumsa. «De momento, en el Ayuntamiento no ha habido ningún tipo de registro ni solicitud de información», ha aseverado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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