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El Ayuntamiento de València se personará en la causa por la operación Azud para recuperar «hasta el último euro»

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VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) – El Ayuntamiento de València se personará como «afectado» en la causa judicial que se abra a partir de la operación Azud, en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, y que investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del consistorio durante el mandato del PP. De este modo, la administración local pretende que se devuelva «hasta el último euro que en su momento se sustrajo».

Así lo ha anunciado este miércoles el primer edil, Joan Ribó, que ha indicado que esta misma jornada ha pedido al Abogado de la Ciudad «que en el momento en el que sea procedente se persone» en este caso con el fin de que el «Ayuntamiento pueda conocer exactamente lo que está pasando» y reclamar una compensación económica en el caso de que se constate que las arcas municipales se han visto afectadas.

Ribó se ha pronunciado de este modo antes de recibir a representantes de las entidades que impulsan la campaña ‘València libre de paraísos fiscales’, al referirse, en declaraciones a los periodistas, a la operación ‘Azud’.

«He encargado al Abogado de la Ciudad que vaya preparando toda la documentación necesaria porque evidentemente el Ayuntamiento es afectado y, como el Ayuntamiento, todos los valencianos y las valencianas», ha señalado el responsable municipal. Ha apuntado que la personación podría hacerse efectiva «en el momento en el que se levante el secreto del sumario».

Joan Ribó ha explicado que ha adoptado esta decisión «por dos motivos», primero porque «pensamos que la gente que está robando, que estuvo robando al Ayuntamiento, estuvo robando a todos los valencianos y las valencianas» y, segundo, porque tienen que «pagar por sus delitos» y «devolver hasta el último euro que en su momento sustrajo».

«Pensamos que es un elemento fundamental», ha afirmado el alcalde, que ha reiterado la disposición del consistorio a colaborar con la justicia y a dar «todas las facilidades para investigar este tema que nunca debía haber ocurrido».

Ribó ha manifestado que para el actual equipo de gobierno de la ciudad –Compromís, PSPV y València en Comú– «la lucha por la transparencia, la lucha contra la corrupción y la lucha contra los paraísos fiscales es un tema muy importante».

«Se parece al caso Erial»

El primer edil ha comparado la operación Azud con la operación Erial, en la que se investiga al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

«El caso Azud cada vez se parece más al caso Erial. El caso Azud es un caso municipal y el caso Erial es un caso autonómico que corresponde a Zaplana y a su familia, a sus enriquecimientos personales. En el caso Azud estamos delante del enriquecimiento personal de la familia que estaba directamente vinculada a la anterior alcaldesa», ha planteado.

Joan Ribó ha considerado que este es «un caso grave» y que es «una pena tener otra vez que enfrentarnos a ese tema» que «nunca tenía que haber ocurrido». «Ya no parece ser solo un caso de financiación ilegal de un partido, parece ser un caso de financiación ilegal de familias y de personas», ha agregado.

La operación Azud, que trascendió este martes aunque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las ‘mordidas’ con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València realizaron al bufete del abogado José María Corbín.

Preguntado por la investigación y por el tipo de contratos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estudia en el marco de la operación Azud, Joan Ribó ha comentado que los agentes estuvieron ayer por la tarde en la Central Operativa de Saneamiento de València, «revisando la UTE –Unión Temporal de Empresas–» que tiene adjudicado este servicio municipal» y consultando «documentación» al respecto.

«Ningún tipo de registro»

«No disponemos de más información. Imaginamos que el tema es más grande y que tendrá consecuencias porque los contratos de estas empresas son con el Ayuntamiento pero no disponemos de mayor información», ha afirmado el alcalde.

Asimismo, Ribó ha señalado que no se han llevado a cabo actuaciones de la UCO en otros lugares dependientes del consistorio y ha reiterado que no se han producido en la empresa municipal Aumsa. «De momento, en el Ayuntamiento no ha habido ningún tipo de registro ni solicitud de información», ha aseverado.

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Juicio al ‘clan Pujol’: la Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita en la Audiencia Nacional

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La Audiencia Nacional inicia este lunes un juicio considerado histórico en España: el proceso penal contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos. La Fiscalía sostiene que la familia habría formado, durante décadas, una organización ilícita dedicada a obtener comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas y a ocultar posteriormente ese patrimonio en Andorra.

Antes de que comience la vista, el tribunal evaluará el estado de salud de Jordi Pujol, que recibió el alta hospitalaria el pasado viernes. Está previsto que el exmandatario declare por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras su defensa pide el archivo de la causa alegando que no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas para afrontar el juicio.

El ‘Pujolismo’, ante los tribunales

Para muchos, el caso simboliza el fin de una etapa política conocida como el ‘Pujolismo’, marcada por más de dos décadas de liderazgo en Cataluña. Según la acusación pública, la familia Pujol Ferrusola habría amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares y al posterior blanqueo de capitales en entidades bancarias de Andorra.

La Fiscalía imputa al clan diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental, delitos fiscales y frustración en la ejecución. Las penas solicitadas superan los 100 años de cárcel. Para Jordi Pujol se piden 9 años de prisión, mientras que para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, su esposa Mercedes Gironés y su hermano Josep, las penas solicitadas alcanzan hasta 29 años.

El resto de hijos —Oleguer, Mireia, Oriol, Pere y Marta— se enfrentan a peticiones de hasta 8 años de cárcel.

Evaluación médica de Jordi Pujol

El tribunal ha convocado al expresident para una exploración médica por videoconferencia con el objetivo de determinar si procede el archivo de su causa por demencia sobrevenida, tal como solicita su defensa basándose en informes forenses emitidos por la Audiencia Nacional.

Tras esta evaluación, el juicio continuará con dos jornadas dedicadas a cuestiones previas, en las que las defensas intentarán invalidar la causa alegando prescripción y supuestas irregularidades derivadas de la llamada Operación Cataluña.

Un macrojuicio con más de 250 testigos

El juicio se prolongará hasta mayo, con un total de 41 sesiones y la declaración de 254 testigos. Entre martes y jueves está previsto que declaren 11 personas, incluyendo una hija de Jordi Pujol Ferrusola y el asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté.

Además del clan Pujol, se sentarán en el banquillo otros 11 empresarios acusados de pagar comisiones o colaborar en operaciones de blanqueo para ocultar fondos en el extranjero.

La amnistía fiscal y los fondos en Andorra

Buena parte de los hermanos Pujol Ferrusola regularizaron su patrimonio gracias a la amnistía fiscal de 2012, lo que impidió que se les acusara por fraude fiscal debido a la prescripción. No ocurre lo mismo con Jordi y Josep Pujol Ferrusola, a quienes se atribuyen defraudaciones que superarían los 7,7 millones de euros.

La investigación también reveló una cuenta en Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol habría reconocido la titularidad de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros) ingresados en el año 2000, una cantidad cuyo fraude presuntamente asociado fue cifrado en 885.651 euros, aunque prescrito.

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