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El déficit de la Comunitat se situó en el 0,68% del PIB en el primer semestre del año

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VALÈNCIA, Sep 2018. (EUROPA PRESS) – El déficit público en la Comunitat Valenciana se ha situado en 774 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone el 0,68 por ciento del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda.

A nivel nacional, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 22.698 millones de euros en el primer semestre del año (-15,8% interanual), lo que equivale al 1,87% del PIB, 0,44 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el déficit del Estado hasta julio se situó en el 1,49% del PIB (0,3 puntos menos), hasta los 18.080 millones de euros.

Si se incluye el saldo neto de la ayuda financiera, el déficit público se habría situado entre enero y junio el 22.612 millones, el 1,86% del PIB, con una reducción interanual del 17%. En lo que va de 2018, el saldo neto de la ayuda financiera es positivo por importe de 86 millones, como consecuencia de las menores indemnizaciones efectuadas tanto por el FROB como por BFA, la matriz de Bankia.

En el desglose de los datos del déficit público, que no incluye a los ayuntamientos, la Administración Central disminuyó su déficit hasta los 9.974 millones en el primer semestre, el 0,82% del PIB, descontada la ayuda financiera, mientras que las comunidades autónomas registraron un déficit de 7.133 millones, lo que supone una caída del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando del 0,73% al 0,59% del PIB.

En este periodo, los recursos de las administraciones territoriales se incrementaron un 5,6%, con un aumento del 8,9% de los impuestos sobre la producción e importaciones y del 6,2% de las transferencias recibidas de otras administraciones, principalmente relacionadas con el sistema de financiación.

Por su parte, los gastos registraron un aumento más moderado, del 3,4%, con un alza del 2,5% en el caso de los consumos intermedios; del 2,1% de la remuneración por asalariado; y del 5,3% de la formación bruta de capital fijo. Asimismo, los intereses aumentaron un 2,3%.

DÉFICIT DEL ESTADO HASTA JULIO
Por su parte, el déficit del Estado hasta julio, en este caso un mes más que el déficit público, se situó en 18.080 millones de euros, un 13,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, hasta suponer el 1,49% del PIB, tres décimas menos que en el primer semestre de 2017.

Este resultado es consecuencia del aumento de los ingresos no financieros del 9%, hasta los 109.444 millones de euros, mientras que los gastos no financieros crecieron menos, un 5,2%, y sumaron 127.524 millones de euros, debido sobre todo por las mayores transferencias a la Seguridad Social, que han pasado de 1.730 millones en julio de 2017 a 3.547 millones este año.

LOS IMPUESTOS CRECEN MÁS DE UN 8%
En concreto, los recursos impositivos, que representan el 85,6% del total, alcanzaron hasta julio los 93.680 millones en términos de Contabilidad Nacional, lo que representa un incremento interanual del 8,3%. Así, los ingresos por el IRPF se elevaron casi un 12%, hasta los 22.347 millones, mientras que el Impuesto sobre Sociedades recaudó un 10,3% más, hasta los 9.946 millones.

Entre los impuestos indirectos, los ingresos por IVA sumaron 44.552 millones, un 7,8% más que en el primer semestre de 2017, mientras que los demás impuestos dentro de este apartado tuvieron, en conjunto, una caída del 0,9%, con un total de 14.485 millones. Los ingresos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco cayeron un 5,7%, y los del Impuesto de Hidrocarburos aumentaron un 1,3%.

Por el lado de los gastos, las transferencias corrientes crecieron un 4,4% hasta julio, debido sobre todo al alza de las destinadas a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas, que crecieron un 9,4% y un 5,1%, respectivamente, frente al descenso del 2,6% de las destinadas a las corporaciones locales.

Por su parte, la inversión pública aumentó un 80,3%, hasta los 4.530 millones de euros, mientras que los consumos intermedios crecieron un 2,3% hasta julio, y la remuneración por asalariado, un 0,2%. Las prestaciones sociales aumentaron un 4,5%, hasta los 9.799 millones.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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