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El déficit de la Comunitat se situó en el 0,68% del PIB en el primer semestre del año

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VALÈNCIA, Sep 2018. (EUROPA PRESS) – El déficit público en la Comunitat Valenciana se ha situado en 774 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone el 0,68 por ciento del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda.

A nivel nacional, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 22.698 millones de euros en el primer semestre del año (-15,8% interanual), lo que equivale al 1,87% del PIB, 0,44 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el déficit del Estado hasta julio se situó en el 1,49% del PIB (0,3 puntos menos), hasta los 18.080 millones de euros.

Si se incluye el saldo neto de la ayuda financiera, el déficit público se habría situado entre enero y junio el 22.612 millones, el 1,86% del PIB, con una reducción interanual del 17%. En lo que va de 2018, el saldo neto de la ayuda financiera es positivo por importe de 86 millones, como consecuencia de las menores indemnizaciones efectuadas tanto por el FROB como por BFA, la matriz de Bankia.

En el desglose de los datos del déficit público, que no incluye a los ayuntamientos, la Administración Central disminuyó su déficit hasta los 9.974 millones en el primer semestre, el 0,82% del PIB, descontada la ayuda financiera, mientras que las comunidades autónomas registraron un déficit de 7.133 millones, lo que supone una caída del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando del 0,73% al 0,59% del PIB.

En este periodo, los recursos de las administraciones territoriales se incrementaron un 5,6%, con un aumento del 8,9% de los impuestos sobre la producción e importaciones y del 6,2% de las transferencias recibidas de otras administraciones, principalmente relacionadas con el sistema de financiación.

Por su parte, los gastos registraron un aumento más moderado, del 3,4%, con un alza del 2,5% en el caso de los consumos intermedios; del 2,1% de la remuneración por asalariado; y del 5,3% de la formación bruta de capital fijo. Asimismo, los intereses aumentaron un 2,3%.

DÉFICIT DEL ESTADO HASTA JULIO
Por su parte, el déficit del Estado hasta julio, en este caso un mes más que el déficit público, se situó en 18.080 millones de euros, un 13,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, hasta suponer el 1,49% del PIB, tres décimas menos que en el primer semestre de 2017.

Este resultado es consecuencia del aumento de los ingresos no financieros del 9%, hasta los 109.444 millones de euros, mientras que los gastos no financieros crecieron menos, un 5,2%, y sumaron 127.524 millones de euros, debido sobre todo por las mayores transferencias a la Seguridad Social, que han pasado de 1.730 millones en julio de 2017 a 3.547 millones este año.

LOS IMPUESTOS CRECEN MÁS DE UN 8%
En concreto, los recursos impositivos, que representan el 85,6% del total, alcanzaron hasta julio los 93.680 millones en términos de Contabilidad Nacional, lo que representa un incremento interanual del 8,3%. Así, los ingresos por el IRPF se elevaron casi un 12%, hasta los 22.347 millones, mientras que el Impuesto sobre Sociedades recaudó un 10,3% más, hasta los 9.946 millones.

Entre los impuestos indirectos, los ingresos por IVA sumaron 44.552 millones, un 7,8% más que en el primer semestre de 2017, mientras que los demás impuestos dentro de este apartado tuvieron, en conjunto, una caída del 0,9%, con un total de 14.485 millones. Los ingresos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco cayeron un 5,7%, y los del Impuesto de Hidrocarburos aumentaron un 1,3%.

Por el lado de los gastos, las transferencias corrientes crecieron un 4,4% hasta julio, debido sobre todo al alza de las destinadas a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas, que crecieron un 9,4% y un 5,1%, respectivamente, frente al descenso del 2,6% de las destinadas a las corporaciones locales.

Por su parte, la inversión pública aumentó un 80,3%, hasta los 4.530 millones de euros, mientras que los consumos intermedios crecieron un 2,3% hasta julio, y la remuneración por asalariado, un 0,2%. Las prestaciones sociales aumentaron un 4,5%, hasta los 9.799 millones.

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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