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El déficit de la Comunitat se situó en el 0,68% del PIB en el primer semestre del año

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VALÈNCIA, Sep 2018. (EUROPA PRESS) – El déficit público en la Comunitat Valenciana se ha situado en 774 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone el 0,68 por ciento del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda.

A nivel nacional, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 22.698 millones de euros en el primer semestre del año (-15,8% interanual), lo que equivale al 1,87% del PIB, 0,44 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el déficit del Estado hasta julio se situó en el 1,49% del PIB (0,3 puntos menos), hasta los 18.080 millones de euros.

Si se incluye el saldo neto de la ayuda financiera, el déficit público se habría situado entre enero y junio el 22.612 millones, el 1,86% del PIB, con una reducción interanual del 17%. En lo que va de 2018, el saldo neto de la ayuda financiera es positivo por importe de 86 millones, como consecuencia de las menores indemnizaciones efectuadas tanto por el FROB como por BFA, la matriz de Bankia.

En el desglose de los datos del déficit público, que no incluye a los ayuntamientos, la Administración Central disminuyó su déficit hasta los 9.974 millones en el primer semestre, el 0,82% del PIB, descontada la ayuda financiera, mientras que las comunidades autónomas registraron un déficit de 7.133 millones, lo que supone una caída del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando del 0,73% al 0,59% del PIB.

En este periodo, los recursos de las administraciones territoriales se incrementaron un 5,6%, con un aumento del 8,9% de los impuestos sobre la producción e importaciones y del 6,2% de las transferencias recibidas de otras administraciones, principalmente relacionadas con el sistema de financiación.

Por su parte, los gastos registraron un aumento más moderado, del 3,4%, con un alza del 2,5% en el caso de los consumos intermedios; del 2,1% de la remuneración por asalariado; y del 5,3% de la formación bruta de capital fijo. Asimismo, los intereses aumentaron un 2,3%.

DÉFICIT DEL ESTADO HASTA JULIO
Por su parte, el déficit del Estado hasta julio, en este caso un mes más que el déficit público, se situó en 18.080 millones de euros, un 13,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, hasta suponer el 1,49% del PIB, tres décimas menos que en el primer semestre de 2017.

Este resultado es consecuencia del aumento de los ingresos no financieros del 9%, hasta los 109.444 millones de euros, mientras que los gastos no financieros crecieron menos, un 5,2%, y sumaron 127.524 millones de euros, debido sobre todo por las mayores transferencias a la Seguridad Social, que han pasado de 1.730 millones en julio de 2017 a 3.547 millones este año.

LOS IMPUESTOS CRECEN MÁS DE UN 8%
En concreto, los recursos impositivos, que representan el 85,6% del total, alcanzaron hasta julio los 93.680 millones en términos de Contabilidad Nacional, lo que representa un incremento interanual del 8,3%. Así, los ingresos por el IRPF se elevaron casi un 12%, hasta los 22.347 millones, mientras que el Impuesto sobre Sociedades recaudó un 10,3% más, hasta los 9.946 millones.

Entre los impuestos indirectos, los ingresos por IVA sumaron 44.552 millones, un 7,8% más que en el primer semestre de 2017, mientras que los demás impuestos dentro de este apartado tuvieron, en conjunto, una caída del 0,9%, con un total de 14.485 millones. Los ingresos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco cayeron un 5,7%, y los del Impuesto de Hidrocarburos aumentaron un 1,3%.

Por el lado de los gastos, las transferencias corrientes crecieron un 4,4% hasta julio, debido sobre todo al alza de las destinadas a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas, que crecieron un 9,4% y un 5,1%, respectivamente, frente al descenso del 2,6% de las destinadas a las corporaciones locales.

Por su parte, la inversión pública aumentó un 80,3%, hasta los 4.530 millones de euros, mientras que los consumos intermedios crecieron un 2,3% hasta julio, y la remuneración por asalariado, un 0,2%. Las prestaciones sociales aumentaron un 4,5%, hasta los 9.799 millones.

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Telefónica eleva a 5.459 empleados afectados en el ERE

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Telefónica filtración datos

Telefónica ha actualizado la cifra de empleados afectados por su expediente de regulación de empleo (ERE), que alcanza ya los 5.459 trabajadores en España, a la espera de concluir las reuniones con dos filiales más. La compañía inicia así la segunda ronda de negociaciones tras plantear ajustes en varias de sus sociedades.

Ajustes en Telefónica Global Solutions

La filial Telefónica Global Solutions, creada en 2020 para potenciar el negocio internacional y canalizar operaciones mayoristas, de roaming y multinacionales, será la primera en afrontar un recorte significativo: 140 salidas, lo que representa aproximadamente el 22% de su plantilla, compuesta por más de 600 empleados.

Con esta medida, el total provisional del ERE Telefónica 2025 incluye ya ajustes en Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, mientras que las filiales Telefónica Innovación Digital y la matriz Telefónica SA serán evaluadas en las próximas reuniones.

Segunda ronda de negociaciones

La jornada del martes contempla dos nuevas reuniones entre la dirección y los sindicatos, programadas a las 11:00 y 16:00 horas, para analizar los planes de reducción de plantilla en las sociedades restantes. Según la dinámica de negociaciones anteriores, tras presentar la propuesta inicial, se establecerá un calendario de consultas con un plazo aproximado de un mes para acordar los ajustes finales.

En el caso de las tres sociedades adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, la siguiente toma de contacto está prevista para el miércoles, cuando los sindicatos puedan presentar sus contrapropuestas tras estudiar el dossier elaborado por el gabinete Oliver Wyman.

Reacciones sindicales

Los trabajadores están representados por UGT, CCOO y Sumados-Fetico, quienes ya han manifestado sus posturas respecto al ERE. Entre las principales demandas, destacan la prórroga del convenio hasta 2030 para mantener mejoras laborales previas, así como la valoración positiva de las condiciones económicas incluidas en la propuesta inicial.

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