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Valencia

La Generalitat Valenciana pagará 360 euros a trabajadores en ERTE afectados por la DANA en enero

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El president del Consell, Carlos Mazón, ha anunciado que la Generalitat Valenciana destinará cerca de 11 millones de euros para complementar los ingresos de 30.000 trabajadores en situación de ERTE por fuerza mayor, tras las graves inundaciones del 29 de octubre.

Según Mazón, cada persona afectada recibirá un pago único de 360 euros en enero, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este complemento será gestionado de manera automática a través de Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

“Es una medida que busca proteger el empleo y mantener el nivel de vida de los trabajadores afectados por esta catástrofe”, explicó Mazón, recordando que la última vez que la Generalitat implementó una iniciativa similar fue durante la COVID-19, aunque entonces el pago fue de 100 euros por persona.

Requisitos para recibir la ayuda

Las condiciones para acceder a este pago son:

  • Estar en situación de ERTE por fuerza mayor derivada de las inundaciones.
  • Ser perceptor de la prestación por desempleo.
  • Permanecer en esa situación hasta el 31 de diciembre.

Ayudas a autónomos afectados por la DANA

Por otra parte, el president informó que ya se ha aprobado un primer pago de más de 13 millones de euros destinado a autónomos sin empleados. Los beneficiarios recibirán 3.000 euros como parte de una línea de ayudas que busca alcanzar a 13.300 trabajadores antes de finalizar el año, con un presupuesto inicial de 40 millones de euros.

Además, la Generalitat ha lanzado un programa dotado con 90 millones de euros en ayudas directas para personas autónomas afectadas por las riadas del 29 de octubre.

La Generalitat exige el FLA extraordinario al Gobierno central

Durante una reunión con representantes sociales, Mazón destacó la necesidad urgente de disponer del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, que el Gobierno central aún no ha aprobado, algo que no ocurría desde hace 13 años.

“La Comunitat Valenciana, como región infrafinanciada, necesita más de 3.000 millones de euros para gastos sociales, educativos y sanitarios”, señaló Mazón, pidiendo el apoyo de la sociedad valenciana para exigir al Ejecutivo una rectificación inmediata.

Otras ayudas disponibles para los afectados por la DANA

Además de las ayudas directas para trabajadores en ERTE y autónomos, los afectados por la DANA pueden acceder a otras iniciativas:

  1. Ayudas a la vivienda: Subvenciones para la reparación de viviendas dañadas o alquiler temporal en caso de pérdida total del hogar.
  2. Compensaciones por daños agrícolas: Ayudas específicas para agricultores y ganaderos, gestionadas a través de AVASA y otras entidades del sector.
  3. Bonificaciones fiscales: Exenciones y reducciones en impuestos como el IBI para las zonas afectadas.
  4. Subvenciones municipales: Algunos ayuntamientos han activado ayudas locales para cubrir necesidades urgentes como alimentación, ropa o transporte.

Se recomienda a los afectados consultar con Labora y las oficinas de atención ciudadana para conocer todos los recursos disponibles.

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Valencia

Huelga de jueces y fiscales en España: protestan desde este martes contra las reformas del Gobierno en Justicia

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huelga jueces
Jueces y fiscales con las togas en las manos, durante un paro de diez minutos de asociaciones de jueces y fiscales, frente a Ciutat de la Justicia, a 11 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

Comienza una semana clave para el sector judicial en España. Desde este martes 1 de julio y durante tres días consecutivos (hasta el jueves 3), jueces y fiscales de todo el país se declaran en huelga para expresar su rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno en materia de Justicia.

La protesta está respaldada por la mayoría de asociaciones judiciales y fiscales, excepto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que han optado por no sumarse al paro.


 ¿Qué exigen los jueces y fiscales?

Los convocantes denuncian que las reformas impulsadas por el Ejecutivo en relación con el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como los cambios en la estructura de la Fiscalía, representan un riesgo para la independencia del Poder Judicial y, por extensión, para el Estado de Derecho.

Entre las principales preocupaciones figuran:

  • Modificaciones en el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal

  • Propuestas que podrían politizar el nombramiento de fiscales

  • Falta de diálogo institucional con los profesionales del sector


 Reacción del Gobierno: no hay marcha atrás

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha descartado por el momento dar marcha atrás. Defiende que las reformas están diseñadas para modernizar y hacer más accesible el sistema judicial, argumentando que se trata de medidas necesarias para adaptarse a los retos del siglo XXI.

“No vamos a renunciar a un sistema más eficiente y transparente”, declaró Bolaños, a pesar de las crecientes críticas desde la judicatura.


Calendario de la huelga judicial en julio 2025

La huelga se desarrollará los días:

  • Martes 1 de julio

  • Miércoles 2 de julio

  • Jueves 3 de julio

Durante estos días, se prevé una paralización parcial de la actividad judicial, aunque se mantendrán los servicios esenciales, como juicios urgentes, guardias y medidas cautelares.


 ¿Quiénes apoyan y quiénes no?

Asociaciones que participan en la huelga:

  • Asociación Profesional de la Magistratura (APM)

  • Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV)

  • Foro Judicial Independiente (FJI)

  • Asociación de Fiscales (AF)

Asociaciones que no se suman:

  • Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)

  • Unión Progresista de Fiscales (UPF)


 Contexto: una reforma judicial polémica

Las reformas propuestas por el Gobierno se enmarcan dentro de un paquete legislativo para actualizar el funcionamiento del sistema judicial español, afectando tanto a las oposiciones como a la estructura interna del Ministerio Fiscal. Sin embargo, la falta de consenso y el tono unilateral en la tramitación de estas medidas han encendido las alarmas en el sector judicial.

 

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