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España podría quedarse sin bebidas alcohólicas: Peligra el ron, whisky, vodka y ginebra

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bebidas alcoholicas

España podría quedarse sin existencias de bebidas alcohólicas como ginebra, ron, whisky y vodka. Así lo ha advertido la patronal Espirituosos de España (FEBE), que afirma que ya hay bares, discotecas y pubs que están sufriendo las consecuencias de este desabastecimiento que, de momento, no afecta a supermercados.

Este es el comunicado íntegro:

La crisis generada por el Covid19 impactó de la peor manera en el sector de bebidas espirituosas. De hecho, de todos los sectores de bebidas el que más ha sufrido ha sido el de las bebidas destiladas. Las caídas registradas el pasado año rondaron valores de entre el -30% y el -50% (en algunos casos singulares incluso hasta el -80%), dependiendo del nivel de exposición a la hostelería y al turismo.

El cierre de la hostelería, nuestro principal canal de ventas, supuso que en 2020 se dejaran de poner en el mercado más de 67 Millones de litros de bebidas espirituosas, mientras que los ligeros aumentos en la alimentación en ningún caso compensaron las pérdidas.

A pesar de ser un sector compuesto por empresas centenarias que han vivido muchas vicisitudes desde hace más de tres siglos, difícilmente podrá encontrarse un momento igual en el sector.

Tras pasar lo peor de la pandemia, en estos momentos el sector debería de estar pensando en su recuperación y en alcanzar los niveles previos al Covid, para lo que es necesario un plan de recuperación económica basado en dinamizar la economía, generar empleo y avanzar en la recuperación, siempre desde el equilibrio fiscal y comercial, teniendo en cuenta las necesidades de todos los sectores afectados, en especial a los que más han caído con apoyo de los fondos Next Generation.

Sin embargo, la recuperación se está viendo ahora lastrada por una enorme inestabilidad en los mercados, una crisis mundial en el transporte que afecta a las importaciones y exportaciones, y también al aprovisionamiento de materias primas.

El Covid y la falta de demanda provocó que los stocks cayeran a niveles mínimos.

Ahora tanto la cadena de suministro y el reaprovisionamiento de la hostelería, tanto de la que venía operando como la que recientemente ha recuperado la normalidad, están aumentando su actividad con expectativas de consumo para recuperar los niveles de 2019.

Desde Espirituosos España queremos dejar claro que la actual coyuntura no es consecuencia de un aumento de consumo, sino derivada de una crisis de transporte y materias primas.

Los casos de roturas de stock, no se están produciendo por un aumento exponencial de consumo. Es más, aún queda mucho camino para recuperar los niveles pre-Covid, algo que en ningún caso se vislumbra alcanzar hasta 2023, y ello además dependerá de los planes de recuperación antes mencionados. Hay que recordar que la crisis económica de la que nos estábamos recuperando hasta que apareció el Covid, redujo las ventas de espirituosos por encima del 30%.

Desmentir por tanto de manera categórica que los incrementos de consumo inmoderados o las conductas abusivas estén detrás de esta situación, que esperamos sea coyuntural y que afecta de manera desigual a las empresas productoras y comercializadoras de bebidas espirituosas en nuestro país.

El encarecimiento y la limitación de las fuentes de energía, complicado por cuestiones geopolíticas y el post Brexit, que está siendo difícil de digerir especialmente en transporte y despachos en frontera, han tensionado gravemente el comercio internacional.

Todo ello está teniendo un impacto en toda la cadena de valor necesaria para la comercialización de bebidas espirituosas, incluido el aprovisionamiento de botellas, cartones, aluminio y en las materias primas necesarias para la destilación de alcohol.

Causas sobrevenidas ajenas al sector, como la crisis mundial de suministros, están afectando negativamente el desempeño de un buen número de empresas, haciendo que sus líneas de producción y suministro no funcionen de forma regular.

Desde Espirituosos España, confiamos en que esta situación sea coyuntural.

 

Y agradecemos las gestiones que se están haciendo en materia de aprovisionamiento y costes de la energía, pero consideramos que sería necesario que el Gobierno incluyera también la carestía de las materias primas, la crisis del transporte y la agilización de los procesos aduaneros en ese mismo horizonte.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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