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España podría quedarse sin bebidas alcohólicas: Peligra el ron, whisky, vodka y ginebra

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bebidas alcoholicas

España podría quedarse sin existencias de bebidas alcohólicas como ginebra, ron, whisky y vodka. Así lo ha advertido la patronal Espirituosos de España (FEBE), que afirma que ya hay bares, discotecas y pubs que están sufriendo las consecuencias de este desabastecimiento que, de momento, no afecta a supermercados.

Este es el comunicado íntegro:

La crisis generada por el Covid19 impactó de la peor manera en el sector de bebidas espirituosas. De hecho, de todos los sectores de bebidas el que más ha sufrido ha sido el de las bebidas destiladas. Las caídas registradas el pasado año rondaron valores de entre el -30% y el -50% (en algunos casos singulares incluso hasta el -80%), dependiendo del nivel de exposición a la hostelería y al turismo.

El cierre de la hostelería, nuestro principal canal de ventas, supuso que en 2020 se dejaran de poner en el mercado más de 67 Millones de litros de bebidas espirituosas, mientras que los ligeros aumentos en la alimentación en ningún caso compensaron las pérdidas.

A pesar de ser un sector compuesto por empresas centenarias que han vivido muchas vicisitudes desde hace más de tres siglos, difícilmente podrá encontrarse un momento igual en el sector.

Tras pasar lo peor de la pandemia, en estos momentos el sector debería de estar pensando en su recuperación y en alcanzar los niveles previos al Covid, para lo que es necesario un plan de recuperación económica basado en dinamizar la economía, generar empleo y avanzar en la recuperación, siempre desde el equilibrio fiscal y comercial, teniendo en cuenta las necesidades de todos los sectores afectados, en especial a los que más han caído con apoyo de los fondos Next Generation.

Sin embargo, la recuperación se está viendo ahora lastrada por una enorme inestabilidad en los mercados, una crisis mundial en el transporte que afecta a las importaciones y exportaciones, y también al aprovisionamiento de materias primas.

El Covid y la falta de demanda provocó que los stocks cayeran a niveles mínimos.

Ahora tanto la cadena de suministro y el reaprovisionamiento de la hostelería, tanto de la que venía operando como la que recientemente ha recuperado la normalidad, están aumentando su actividad con expectativas de consumo para recuperar los niveles de 2019.

Desde Espirituosos España queremos dejar claro que la actual coyuntura no es consecuencia de un aumento de consumo, sino derivada de una crisis de transporte y materias primas.

Los casos de roturas de stock, no se están produciendo por un aumento exponencial de consumo. Es más, aún queda mucho camino para recuperar los niveles pre-Covid, algo que en ningún caso se vislumbra alcanzar hasta 2023, y ello además dependerá de los planes de recuperación antes mencionados. Hay que recordar que la crisis económica de la que nos estábamos recuperando hasta que apareció el Covid, redujo las ventas de espirituosos por encima del 30%.

Desmentir por tanto de manera categórica que los incrementos de consumo inmoderados o las conductas abusivas estén detrás de esta situación, que esperamos sea coyuntural y que afecta de manera desigual a las empresas productoras y comercializadoras de bebidas espirituosas en nuestro país.

El encarecimiento y la limitación de las fuentes de energía, complicado por cuestiones geopolíticas y el post Brexit, que está siendo difícil de digerir especialmente en transporte y despachos en frontera, han tensionado gravemente el comercio internacional.

Todo ello está teniendo un impacto en toda la cadena de valor necesaria para la comercialización de bebidas espirituosas, incluido el aprovisionamiento de botellas, cartones, aluminio y en las materias primas necesarias para la destilación de alcohol.

Causas sobrevenidas ajenas al sector, como la crisis mundial de suministros, están afectando negativamente el desempeño de un buen número de empresas, haciendo que sus líneas de producción y suministro no funcionen de forma regular.

Desde Espirituosos España, confiamos en que esta situación sea coyuntural.

 

Y agradecemos las gestiones que se están haciendo en materia de aprovisionamiento y costes de la energía, pero consideramos que sería necesario que el Gobierno incluyera también la carestía de las materias primas, la crisis del transporte y la agilización de los procesos aduaneros en ese mismo horizonte.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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