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Estos son los presupuestos de Ribó y su equipo para 2018

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El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves de manera definitiva el Presupuesto Municipal General de la Corporación para el próximo año, 2018, tras su aprobación provisional el pasado mes de noviembre y tras el preceptivo periodo de exposición pública. Se trata del Presupuesto más alto de la historia, con 811’3 millones de euros, que suponen un incremento de 24’6 millones de euros (un 3’1% más en términos porcentuales) respecto al año pasado; y cuyo mayor porcentaje, un 77’6% (629’5 millones de euros) se destina a bienestar social y servicios a la ciudadanía.

El texto presupuestario ha sido respaldado por el Equipo de Gobierno, mientras que los grupos de Oposición han votado en contra. En sus líneas fundamentales, el Presupuesto destina el incremento previsto a las partidas destinadas a prestaciones sociales básicas (un 10%, hasta los 127 millones de euros); limpieza (2 millones más, hasta los 66’3 millones de euros; seguridad y la movilidad (7 millones más, hasta los 190’5 millones de euros); promoción de los sectores económicos (incremento del 19’5%: 14’5 millones); participación e innovación (aumento del 32% hasta los 29 millones); y cultura y deporte (un 16% más -10 millones de euros- hasta llegar a los 75’5 millones). En total, 220 actuaciones en todos los barrios, que ascienden a 70’6 millones de euros para 2018, aparte de las inversiones plurianuales. Tanto el alcalde, Joan Ribó, como el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, han defendido las líneas generales del proyecto presupuestario aprobado para el año próximo.

Por el contrario, los portavoces de Ciudadanos y PP han criticado las previsiones del Gobierno Local. El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha acusado al Equipo de Gobierno de “no tener proyecto” y “presentar un copia y pega del año pasado que estanca a la ciudad”, mientras que el portavoz del PP, Eusebio Monzó, ha calificado la propuesta de “oportunidad perdida” y de “no generar ilusión a la ciudadanía”. Ambos han lamentado que sus respectivas aportaciones no hayan sido recogidas, y han desglosado sus propias propuestas: en el caso de Ciudadanos, se dirigen al fomento de las políticas de educación y familia, de emprendimiento y comercio, y de superación de las carencias urbanas. El Grupo Popular ha cuantificado las suyas en 30 millones para acciones de apoyo a la infancia, a la maternidad, Cheque Escolar y becas universitarias, ayudas al empleo y mejora de la limpieza, así como actuaciones en jardines, patrimonio, reurbanización del Ensanche y Retén del Cabanyal.

El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha respondido a los planteamientos de la Oposición calificándolos de “demagogia”. Según el edil, todas esas peticiones de altas del capítulo de Gastos y bajada de impuestos, “sin cuantificar ni especificar cómo se justifican, suponen descuadrar el Presupuesto”… “¿Y qué quieren ustedes?”, se ha preguntado “¿que el ministro Montoro nos lo intercepte?” Vilar ha pedido seriedad a la Oposición a la hora de realizar propuestas y no plantear una especie de “carta a los reyes magos con peticiones variopintas”.

LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

En este contexto, PP y Ciudadanos han criticado también el porcentaje de ejecución de las inversiones del presupuesto actual, y han acusado al Gobierno Municipal de “dedicarse a hacer anuncios de acciones, mientras el nivel de ejecución sigue siendo muy bajo”. A este respecto, el alcalde Ribó ha recordado que son las restricciones que impone el Ministerio de Hacienda (regla de gasto) las que retrasan determinadas ejecuciones presupuestarias: los remanentes de 2016 no se pudieron utilizar hasta el pasado septiembre, por ejemplo; o los fondos EDUSI hasta junio. Ribó, además, ha comparado las cifras de ejecución presupuestaria de los últimos años: 59 millones en 2012, 35 millones en 2013 y 53 millones en 2014”, frente a los 69 millones hasta el pasado 19 de diciembre de este 2017.

Tanto el alcalde como el concejal de Hacienda han subrayado el saneamiento de las cuentas municipales que, pese a mantener una congelación de impuestos (salvo únicamente el IBI de inmuebles de muy alto nivel catastral y determinados usos), prevé un incremento de los ingresos, “derivado de la buena gestión y de la eficacia contra el fraude, que ha terminado con la microamnistía fiscal de determinadas personas y entidades de los últimos años”, en palabras de Vilar. Ribó ha comparado la situación de València, que se sitúa a la cola de las ciudades de más de 500.000 habitantes en presupuestos per cápita e ingresos directos per cápita, “una situación heredada que estamos mejorando”, ha indicado; pero que presenta a la vez “uno de los mejores, si no el mejor, rendimiento de toda España en eficacia de ingresos: paga todo el que tiene obligación legal de pagar, IAE, ICIO … Y también uno de los mejores datos en plazo de pago a proveedores”.

“Nosotros no queremos ilusionar a la ciudadanía con obras faraónicas –ha concluido el alcalde- sino con soluciones a los problemas de la gente, con más dotaciones en los barrios, con apoyo al emprendimiento y pymes, y con una ciudad más sostenible”.

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El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado y le impone una fianza de 150.000 euros

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Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado instructor de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. Si no la abona en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes.

El caso se basa en la filtración, presuntamente autorizada o coordinada por García Ortiz, del contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con la investigación fiscal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se acusa al fiscal general de haber facilitado esa información a un medio de comunicación, lo que constituiría un delito de revelación de secretos cometido por autoridad.


El proceso judicial

La decisión del magistrado llega semanas después de que la Sala de Apelación del propio Supremo confirmara el procesamiento de García Ortiz. El tribunal considera que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo y juzgar si su actuación supuso una violación del deber de confidencialidad inherente a su cargo.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación particular, solicita una condena de seis años de prisión para el fiscal general. Sin embargo, el magistrado ha rechazado su suspensión cautelar del cargo, aunque ha remitido el auto a la Inspección Fiscal para que determine si procede alguna medida administrativa.


Respaldo del Gobierno y críticas de la oposición

Pese a la apertura de juicio, el Gobierno ha reiterado su plena confianza en Álvaro García Ortiz y ha defendido su presunción de inocencia. Así lo ha afirmado la ministra portavoz, quien ha subrayado que el fiscal general «siempre ha defendido la verdad y ha perseguido el delito».

Por el contrario, la oposición ha exigido su dimisión inmediata. Desde el Partido Popular, se considera que la situación es insostenible desde el punto de vista ético y político. Su portavoz en el Congreso ha señalado que en un país democrático, el fiscal general debería haber renunciado ya al cargo.


La Fiscalía también recurre

En paralelo, la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra el auto de apertura de juicio oral. La teniente fiscal sostiene que la instrucción ha vulnerado derechos fundamentales y no ha respetado las garantías procesales necesarias. Por ello, solicita el archivo del caso.

La causa se encuentra ahora en una fase clave: a la espera de que se determine la fecha del juicio y de que la Inspección Fiscal valore si es procedente adoptar medidas disciplinarias internas contra García Ortiz.


Claves del caso

  • Imputado: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

  • Delito atribuido: Revelación de secretos

  • Fianza: 150.000 euros, a abonar en cinco días

  • Condena solicitada: 6 años de prisión (por parte de APIF)

  • Reacciones: Apoyo del Gobierno, duras críticas del PP y Compromís

  • Estado actual: Auto de apertura de juicio oral firme; pendiente de fecha


Este juicio marca un precedente inédito en la historia reciente del Ministerio Fiscal en España y pone bajo escrutinio público el papel institucional del fiscal general, su relación con el Gobierno y los límites legales de su actuación.

 

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