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La Generalitat elimina las tasas al despliegue de fibra óptica en las carreteras

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VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) – La Generalitat ha aprobado la modificación de la Ley de Tasas de la Generalitat para eliminar las tasas al despliegue de fibra óptica en las carreteras, lo que facilitará la extensión de la cobertura de banda ancha a las zonas rurales poco pobladas y polígonos industriales. La medida se incluye en la conocida como ‘ley de acompañamiento’.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha reconocido que «la Generalitat estaba imponiendo unas tasas muy altas que ejercían un efecto disuasorio sobre los operadores de telecomunicaciones y paralizaban el despliegue de redes de banda ancha».

Así, la modificación «resultaba imprescindible para hacer viables estas inversiones, reduciendo los elevados costes del despliegue de redes, que hacían que los operadores no atendieran adecuadamente las necesidades de las diversas poblaciones del interior rural de la Comunitat».

La ley imponía tasas a la instalación de conducciones destinadas a telecomunicaciones (43 euros por metro lineal), lo que superaba en un 75% la media de todas las comunidades autónomas. Con este cambio, la Comunitat ofrecerá unas condiciones para la inversión de los operadores de telecomunicaciones similar al resto del Estado, eliminando así el agravio comparativo frente a otras regiones y favoreciendo el despliegue de redes de banda ancha de alta velocidad en el territorio.

Se estima que, de los elevados costes que conlleva el despliegue de redes de fibra óptica en el ámbito rural, más del 75% son derivados de la obra civil para la construcción de infraestructuras de soporte o pasivas (conductos, cámaras subterráneas, bocas de inspección, distribuidores, postes, mástiles, instalaciones de antenas, torres y otras construcciones de soporte).

Además, como principales barreras al despliegue de estas redes, la Directiva europea 2014/61/UE destaca los procedimientos administrativos de autorización, la ineficiencia en la utilización de infraestructuras existentes y los obstáculos a la realización de nuevas obras civiles.

El conseller ha recordado que «la eliminación de estas tasas había sido muy demandada por el sector de las telecomunicaciones, ya que la realidad del despliegue de fibra en las áreas rurales de la Comunitat dista mucho de los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020».

Ha afirmado que «las tasas de la Generalitat, vigentes hasta ahora, desincentivaban la inversión, a pesar de que una de las prioridades del Consell es llevar la cobertura de redes de banda ancha a todos los rincones de la Comunitat, como factor de inclusión social, vertebración territorial y motor del cambio de modelo económico».

Para subsanar esta contradicción, se ha aprobado la modificación de la Ley 20/2017, en concreto, el artículo 13.1-1 que regula el hecho imponible de la tasa por uso común especial o uso privativo de los bienes de dominio público de la Generalitat, en particular, el dominio público viario.

Con esta modificación, no se realizará el hecho imponible cuando la ocupación o el uso de los bienes de dominio público autonómico lleven aparejados el despliegue o explotación de una red pública de telecomunicaciones que permita ofrecer servicios de banda ancha alineados con los objetivos estratégicos de la Generalitat en este ámbito.

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Japón activa la alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,6 en la costa noreste

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Japón ha activado la alerta de tsunami después de que un terremoto de magnitud 7,6 sacudiera las aguas al este de la prefectura de Aomori. El seísmo, registrado en torno a las 23:15 hora local, ha puesto en marcha los protocolos de emergencia en varias regiones del norte del país, donde las autoridades advierten de posibles olas de entre tres y cuatro metros.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ha emitido avisos y órdenes de evacuación en diversas áreas costeras, especialmente en las prefecturas de Aomori, Iwate y Hokkaido. Las autoridades han pedido a la población desplazarse inmediatamente a zonas elevadas y mantenerse alejada del litoral hasta que se revoquen las alertas.

El impacto del terremoto se ha sentido con fuerza en varias ciudades de la región de Tōhoku, donde el nivel sísmico alcanzó magnitudes consideradas peligrosas por su capacidad de provocar daños estructurales, caída de objetos y cortes de servicios. Aunque por el momento no se ha informado de víctimas mortales, se han producido interrupciones en el transporte ferroviario y portuario, así como cortes de luz en algunas zonas costeras.

Japón, situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, registra con frecuencia terremotos de gran intensidad. Su experiencia en gestión de emergencias y su avanzado sistema de detección permiten activar con rapidez las alertas de tsunami, un riesgo especialmente sensible desde la tragedia de 2011. Por ello, las autoridades insisten en seguir las instrucciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en zonas potencialmente afectadas.

Los servicios de emergencia continúan monitorizando la actividad sísmica y el posible comportamiento del mar en las próximas horas, mientras se evalúan los daños y se mantiene la vigilancia ante posibles réplicas.


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