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La Generalitat elimina las tasas al despliegue de fibra óptica en las carreteras

Publicado
hace 7 añosen
VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) – La Generalitat ha aprobado la modificación de la Ley de Tasas de la Generalitat para eliminar las tasas al despliegue de fibra óptica en las carreteras, lo que facilitará la extensión de la cobertura de banda ancha a las zonas rurales poco pobladas y polígonos industriales. La medida se incluye en la conocida como ‘ley de acompañamiento’.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha reconocido que «la Generalitat estaba imponiendo unas tasas muy altas que ejercían un efecto disuasorio sobre los operadores de telecomunicaciones y paralizaban el despliegue de redes de banda ancha».
Así, la modificación «resultaba imprescindible para hacer viables estas inversiones, reduciendo los elevados costes del despliegue de redes, que hacían que los operadores no atendieran adecuadamente las necesidades de las diversas poblaciones del interior rural de la Comunitat».
La ley imponía tasas a la instalación de conducciones destinadas a telecomunicaciones (43 euros por metro lineal), lo que superaba en un 75% la media de todas las comunidades autónomas. Con este cambio, la Comunitat ofrecerá unas condiciones para la inversión de los operadores de telecomunicaciones similar al resto del Estado, eliminando así el agravio comparativo frente a otras regiones y favoreciendo el despliegue de redes de banda ancha de alta velocidad en el territorio.
Se estima que, de los elevados costes que conlleva el despliegue de redes de fibra óptica en el ámbito rural, más del 75% son derivados de la obra civil para la construcción de infraestructuras de soporte o pasivas (conductos, cámaras subterráneas, bocas de inspección, distribuidores, postes, mástiles, instalaciones de antenas, torres y otras construcciones de soporte).
Además, como principales barreras al despliegue de estas redes, la Directiva europea 2014/61/UE destaca los procedimientos administrativos de autorización, la ineficiencia en la utilización de infraestructuras existentes y los obstáculos a la realización de nuevas obras civiles.
El conseller ha recordado que «la eliminación de estas tasas había sido muy demandada por el sector de las telecomunicaciones, ya que la realidad del despliegue de fibra en las áreas rurales de la Comunitat dista mucho de los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020».
Ha afirmado que «las tasas de la Generalitat, vigentes hasta ahora, desincentivaban la inversión, a pesar de que una de las prioridades del Consell es llevar la cobertura de redes de banda ancha a todos los rincones de la Comunitat, como factor de inclusión social, vertebración territorial y motor del cambio de modelo económico».
Para subsanar esta contradicción, se ha aprobado la modificación de la Ley 20/2017, en concreto, el artículo 13.1-1 que regula el hecho imponible de la tasa por uso común especial o uso privativo de los bienes de dominio público de la Generalitat, en particular, el dominio público viario.
Con esta modificación, no se realizará el hecho imponible cuando la ocupación o el uso de los bienes de dominio público autonómico lleven aparejados el despliegue o explotación de una red pública de telecomunicaciones que permita ofrecer servicios de banda ancha alineados con los objetivos estratégicos de la Generalitat en este ámbito.
Publicado
hace 21 horasen
27 septiembre, 2025Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se presentó este sábado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla (Madrid), donde el magistrado Juan Carlos Peinado la había citado en el marco de la investigación por un presunto delito de malversación. A la comparecencia acudió únicamente su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.
Tampoco lo hicieron los otros dos investigados en esta pieza: Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa, señalada por su colaboración en actividades privadas de Gómez, y Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid y antiguo superior de la asesora en Presidencia. En los tres casos, se consideró suficiente la presencia de sus letrados para este trámite procesal.
Durante la sesión, las acusaciones populares —ejercidas por Hazte Oír, Vox, Manos Limpias e Iustitia Europa— insistieron en que existían indicios de malversación, apoyándose en los correos de Álvarez con la Universidad Complutense relativos a la cátedra de Gómez. Sin embargo, tanto la Fiscalía como las defensas solicitaron el archivo de la causa al no apreciar pruebas sólidas.
El Ministerio Público fue tajante: no existen indicios de delito, ya que ni Gómez ni su asesora eran responsables de fondos públicos. Los 121 correos analizados, según la Fiscalía, tratan en su mayoría de cuestiones de agenda y no bastan para sostener una acusación de malversación.
La defensa de Gómez recalcó además que ella no es funcionaria y, por tanto, no puede haber cometido este tipo de delito. Subrayó también que no hubo perjuicio económico para la Administración, dado que la asesora desarrollaba funciones propias de su cargo.
Por parte de las acusaciones, Hazte Oír pidió que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sean citados como testigos. Bolaños ya declaró en su momento sobre la contratación de la asesora, pero ahora la acusación quiere que responda sobre su control posterior en relación con Cristina Álvarez.
El juez Peinado deberá decidir en los próximos días si continúa con el procedimiento o archiva la pieza separada. No obstante, ha advertido que, por la carga de trabajo, su resolución podría demorarse más allá del plazo legal de cinco días.
Mientras se desarrollaba la vista, los alrededores de los juzgados de Plaza de Castilla fueron escenario de protestas convocadas por Hazte Oír. Con pancartas, altavoces y vehículos con mensajes contra Pedro Sánchez y su familia, la organización acusó al presidente de corrupción y exigió la dimisión del Ejecutivo.
El presidente de la entidad, Ignacio Azuaga, confirmó que seguirán manifestándose en todos los lugares a los que acuda Sánchez o sus familiares. Además, recordó que su organización ha desplegado ya pancartas contra el presidente en lugares como Andorra, La Mareta o Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, y que han distribuido 25.000 balconeras con el mismo lema entre simpatizantes.
La ausencia de Begoña Gómez en la citación ha reavivado el debate político y mediático en torno al caso. Sus defensores subrayan que su presencia no era obligatoria y que el trámite quedaba cubierto con la asistencia de su abogado. Las acusaciones, en cambio, recalcan que el caso refleja un uso indebido de recursos públicos vinculados al entorno de La Moncloa.
En cualquier caso, el futuro judicial de Gómez dependerá ahora de la decisión del juez Peinado, que deberá valorar las peticiones de archivo frente a las diligencias solicitadas por las acusaciones populares.
El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgado por un jurado popular. Esto ha generado un gran interés mediático y político, ya que se trata de un procedimiento reservado a ciertos delitos, entre ellos el de malversación de caudales públicos, por el que se investiga a Gómez y a otros dos altos cargos del Gobierno.
Un jurado popular está compuesto por nueve ciudadanos elegidos al azar, más dos suplentes, que emiten un veredicto de culpabilidad o inocencia. El magistrado presidente es quien dicta sentencia tras el veredicto. Esta figura está regulada por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (1995).
En casos tan mediáticos como este, la imparcialidad del jurado cobra una relevancia especial. Por eso, existe una lista oficial de candidatos a jurado en Madrid para el período 2025-2026. Si vives en Madrid, podrías estar incluido en ella.
La lista definitiva de candidatos a jurado popular para la Comunidad de Madrid está ya publicada y será válida hasta 2026. Si tu nombre aparece en ella, puedes ser llamado para participar en casos judiciales, incluido este.
Los ciudadanos incluidos en la lista fueron seleccionados por sorteo público, y están obligados a comparecer, salvo que presenten una justificación válida (por salud, incompatibilidades profesionales, etc.).
El caso que podría llegar a juicio con jurado popular se centra en una acusación de malversación por el presunto uso indebido de recursos públicos para el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
Además de Gómez, están investigados:
Cristina Álvarez (asesora en Moncloa)
Francisco Martín Aguirre (delegado del Gobierno en Madrid)
Según el auto judicial, existen «indicios racionales, fundados y sólidos» de que se habrían cometido hechos delictivos. El juez considera que se cumple el criterio de verosimilitud necesario para avanzar a la fase de enjuiciamiento.
Los acusados deben acudir a los juzgados de Plaza de Castilla este sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas para una comparecencia previa, paso requerido en los procesos con jurado.
Uno de los grandes debates es cómo asegurar que los miembros del jurado no se vean influenciados por el impacto mediático del caso. La ley establece filtros durante la selección, como:
Incompatibilidades (cargos políticos, jueces, abogados, etc.)
Conexiones personales con los acusados o los hechos
Interés particular en la causa
Además, los miembros del jurado prestan juramento de imparcialidad y reciben instrucciones estrictas sobre su papel.
El juicio a Begoña Gómez podría celebrarse con jurado popular.
La lista oficial de jurados en Madrid ya está disponible hasta 2026.
Podrías ser llamado si estás en esa lista.
El caso se refiere a un presunto delito de malversación pública.
Los acusados comparecen este sábado ante el juez.
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