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Valencia

Estas son las playas valencianas con bandera negra

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playas valencianas con bandera negra
Estas son las playas valencianas con bandera negra

Con la llegada del verano las playas se convierte en el principal destino para muchos. Las banderas azules premian la calidad de las aguas y del litoral y se convierten en reclamo para los turistas. Lo que tal vez muchos no sepan es que también se conceden distintivos para ‘premiar’ precisamente lo contrario.

Ecologistas en Acción ha elaborado el Informe Banderas Negras, destacando 48 playas en España que merecen ser distinguidas por su mala gestión, desarrollo urbanístico en el litoral o vertidos de sustancias contaminantes en sus aguas.

Problemas Principales: Turistificación y Urbanización

La asociación ecologista subraya la «turistificación y urbanización de la costa» como uno de los mayores problemas. En su informe, recalcan que «no están todas las playas que las merecen, que por desgracia podrían ser más», poniendo el foco en una situación preocupante que requiere medidas inmediatas. En la Comunidad Valenciana, seis playas han recibido una bandera negra, dos por provincia.

Playas valencianas con bandera negra:

Valencia: El Puerto y l’Albufera

Las playas del Parque Natural de l’Albufera, al sur del Puerto de Valencia, han recibido una bandera negra debido al relleno masivo de arena. Ecologistas en Acción ha criticado la política de gestión de los retrocesos de las playas por considerarla «cortoplacista e ineficaz». El «relleno sucesivo» con aportes de arena genera graves impactos ambientales en los lugares de extracción.

Otro espacio costero valenciano con bandera negra es el frente costero al sur del Puerto, donde existían altos niveles de posidonia. La contaminación de la zona impide la recuperación de la pradera de Posidonia oceánica, conocida por los pescadores como alguers.

Alicante: Cinco Playas con Bandera Negra

En la provincia de Alicante, la mala gestión de la contaminación en el Barranco y playa del Amerador, en el municipio del Campello, ha sido destacada. Se denuncian vertidos fecales desde el cauce del barranco hasta la playa. En 2020, la playa de San Gabriel recibió una bandera negra por irregularidades legales en cuanto a vertidos de restos.

Asimismo, cuatro playas de la Bahía de Alicante —Cap l’Horta, Albufera, Postiguet y San Gabriel— han recibido la bandera negra debido a la llegada masiva de residuos arrastrados al mar por la mala conservación de los sistemas de canalización. Los ecologistas denuncian el arrastre de sedimentos y residuos como toallitas de aseo y bolsas de plástico.

Castellón: El Grao y Capicorb

En Castellón, el tramo litoral Grao-Camino Serratella de Burriana ha recibido una bandera negra por las recurrentes fugas de aguas fecales debido al colapso de la red de evacuación cuando llueve. La mezcla de vertidos de aguas fecales y residuales ha sido el motivo de esta designación.

Finalmente, la playa de L’Estany-Capicorb en Alcalà de Xivert-Alcocebre ha sido señalada por su mala gestión. Esta zona, que sirve de límite natural entre Alcalà de Xivert y Torreblanca y está catalogada como Zona Húmeda Protegida, ha sido declarada playa canina. Los ecologistas consideran esta área indispensable para la migración de numerosas aves acuáticas.

 

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Valencia

Fiscalía propone investigar la filtración del audio entre Aemet y el 112 durante la DANA en Valencia

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efectos DANA Valencia
Archivo - Sala 112 GVA en imagen de archivo - GVA - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

VALÈNCIA, 16 mayo (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Provincial de Valencia ha propuesto abrir una investigación sobre la filtración del audio incompleto de una conversación mantenida entre una meteoróloga de Aemet y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana, grabada durante la gestión de la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia el pasado octubre.

Investigación por una posible revelación de información reservada

Según ha informado el Ministerio Público, el fiscal responsable del caso ha solicitado la incoación de diligencias de investigación, tras estudiar la denuncia presentada en marzo por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El objetivo es determinar si se ha cometido algún tipo de delito relacionado con la difusión de información confidencial en un contexto de emergencia.

La propuesta de la Fiscalía está pendiente de aprobación por parte de la Jefatura del Ministerio Público, y podría derivar en un proceso judicial formal.

🛑 El contenido del audio y su carácter reservado

El audio en cuestión se difundió el 12 de febrero en varios medios y redes sociales. En él, se escucha una conversación entre una trabajadora de Aemet y una técnica del 112, realizada el mismo día de la DANA, el 29 de octubre de 2023. La presidenta de Aemet, María José Rallo, señaló en su denuncia que la conversación fue parte de la gestión de una emergencia, por lo que la grabación tenía carácter reservado según el artículo 53.3 de la Ley de Transparencia.

La difusión del audio, al haber sido incompleta y sacada de contexto, podría haber afectado a los derechos de la trabajadora y a la interpretación pública de la actuación de Aemet durante la crisis meteorológica.

Controversia política por el uso del audio

El caso tomó un tinte político cuando el president de la Generalitat, Carlos Mazón, publicó en su cuenta de X un extracto del audio acompañado de la frase: “No vamos a marearos con más avisos”. En respuesta, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acusó a Mazón de “manipular” el contenido, advirtiendo que su conducta podría estar “al borde del delito”.

Aemet defendió públicamente a su trabajadora con un comunicado en el que explicaba que la meteoróloga había reafirmado los avisos rojos ya emitidos desde primera hora de la mañana, y que el objetivo de su llamada era actualizar sin generar confusión entre las instituciones.

Próximos pasos: protección al personal y claridad en la investigación

La Agencia Estatal de Meteorología ha expresado su apoyo al equipo implicado, recordando que los trabajadores públicos deben ser protegidos de presiones y ataques externos, especialmente en redes sociales.

Si finalmente se abre una causa judicial, se evaluará también si la filtración ha vulnerado datos personales y la imagen profesional de la empleada pública afectada.


 

 

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