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Puig moviliza a todas las fuerzas de seguridad para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad ante la COVID

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Más de 4.000 sanciones por incumplir las normas sanitarias en Valencia

El president de la Generalitat Ximo Puig ha anunciado que este fin de semana «se va a poner en marcha un programa específico de movilización de todas las fuerzas de seguridad y policiales para conseguir que haya un cumplimiento efectivo de las normas», tanto en el ámbito del ocio nocturno como en el conjunto de actuaciones decretadas respecto al uso de la mascarilla o al establecimiento de límites en los aforos.

Puig, que ha insistido en que «no hay riesgo cero», ha explicado que con esta medida se trata de «generar la máxima seguridad». «Somos conscientes de las enormes dificultades y, por eso, cada empresa, cada establecimiento y cada ayuntamiento está obligado a tener la máxima dedicación, como la propia Generalitat, para que esa Comunitat Valenciana segura, ese Mediterráneo vivo y seguro, sean una realidad».

Además, el jefe del Consell ha explicado en su reunión con cónsules de 26 países «el extraordinario esfuerzo» y las medidas tomadas durante las últimas semanas en la Comunitat Valenciana ante la pandemia de coronavirus y les ha trasladado «la clara realidad» de que es un destino turístico «seguro y digno de confianza».

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico, que ha estado acompañado en el encuentro de este jueves por el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, y el secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig, ha recordado también que la Comunitat Valenciana cuenta en estos momentos con una incidencia acumulada «bastante inferior a la media de España».

Además, el jefe del Consell ha informado de que en lugares concretos como la Costa Blanca, este índice se sitúa en torno a los 10 casos por 100.000 habitantes mientras que en países como el Reino Unido, Austria, Bélgica o Francia la horquilla oscila entre los 14 y los 20 casos por 100.000 habitantes.

A este encuentro han asistido representantes de once países europeos, entre los que se encuentra Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Bélgica, Suecia, Rusia, Polonia, Mónaco, Suecia y Hungría, así como de otros países como Chile, Panamá, Turquía, Corea, Brasil, Estonia o Colombia.

Uso obligatorio de mascarillas y aplicaciones para controlar aforos
Durante 2019 la Comunitat Valenciana recibió un total de 29,3 millones de turistas, de los cuales más de 9,5 millones eran internacionales. Así, el turismo representa el 14,6% del PIB, lo que supone un 15,1% del empleo.

En la reunión, en la que los cónsules han podido conocer todas las medidas aplicadas para garantizar la seguridad de las y los turistas que se desplazan hasta la Comunitat Valenciana, el president ha incidido en que, tras la finalización del estado de alarma decretado por el Gobierno de España, «la Generalitat ha desarrollado decididamente sus responsabilidades promoviendo el uso obligatorio de la mascarilla en todos los lugares públicos y zonas comunes de los alojamientos turísticos».

«Se ha desarrollado -ha continuado Puig-, una amplia y estricta normativa para todo tipo de instalaciones turísticas; se han preparado alojamientos específicos en caso de que se puedan producir contingencias; se han desarrollado aplicaciones para el control de aforos tanto en las playas como en lugares de ocio diurno y nocturno; se ha dispuesto señalética para la comunicación permanente».

Todo ello ha supuesto, según el president, «la inversión de más de 10 millones de euros para reforzar la prevención ante la COVID-19 en nuestras playas. «Además, -ha continuado-, se han contratado 1.000 asistentes para garantizar la seguridad y orientar a nuestros visitantes, a los que se suman los que han incorporado los ayuntamientos».

Guías específicas, hoteles-refugio y planes de prevención en aeropuertos
Durante los últimos días se ha sumado a los protocolos de actuación en establecimientos turísticos y servicios de alojamiento, una guía específica elaborada por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que establece un procedimiento de actuación para garantizar la seguridad de aquellas personas que puedan presentar síntomas, así como de sus acompañantes y el resto de personas alojadas.

De igual manera, se han puesto en marcha hoteles-refugio para turistas que deban realizar un aislamiento domiciliario por presentar síntomas y no puedan regresar a sus hogares. La Comunitat Valenciana contará con 100 plazas disponibles de estos establecimientos turísticos especiales, que no tendrán un coste adicional para los turistas.

Además, a las medidas tomadas para garantizar la seguridad en las playas por parte de la Generalitat y ayuntamientos, se suman las establecidas en los distintos protocolos aprobados por el ICTE y el Gobierno de España y los planes específicos de prevención de los aeropuertos de la Comunitat Valenciana.

Todas estas medidas se han trasladado a través de acciones formativas a aquellos profesionales y agentes turísticos que forman parte de la cadena de atención al visitante, así como a los propios residentes y consumidores a través de una campaña informativa.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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