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Puig moviliza a todas las fuerzas de seguridad para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad ante la COVID
Publicado
hace 5 añosen

El president de la Generalitat Ximo Puig ha anunciado que este fin de semana «se va a poner en marcha un programa específico de movilización de todas las fuerzas de seguridad y policiales para conseguir que haya un cumplimiento efectivo de las normas», tanto en el ámbito del ocio nocturno como en el conjunto de actuaciones decretadas respecto al uso de la mascarilla o al establecimiento de límites en los aforos.
Puig, que ha insistido en que «no hay riesgo cero», ha explicado que con esta medida se trata de «generar la máxima seguridad». «Somos conscientes de las enormes dificultades y, por eso, cada empresa, cada establecimiento y cada ayuntamiento está obligado a tener la máxima dedicación, como la propia Generalitat, para que esa Comunitat Valenciana segura, ese Mediterráneo vivo y seguro, sean una realidad».
Además, el jefe del Consell ha explicado en su reunión con cónsules de 26 países «el extraordinario esfuerzo» y las medidas tomadas durante las últimas semanas en la Comunitat Valenciana ante la pandemia de coronavirus y les ha trasladado «la clara realidad» de que es un destino turístico «seguro y digno de confianza».
El máximo responsable del Ejecutivo autonómico, que ha estado acompañado en el encuentro de este jueves por el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, y el secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig, ha recordado también que la Comunitat Valenciana cuenta en estos momentos con una incidencia acumulada «bastante inferior a la media de España».
Además, el jefe del Consell ha informado de que en lugares concretos como la Costa Blanca, este índice se sitúa en torno a los 10 casos por 100.000 habitantes mientras que en países como el Reino Unido, Austria, Bélgica o Francia la horquilla oscila entre los 14 y los 20 casos por 100.000 habitantes.
A este encuentro han asistido representantes de once países europeos, entre los que se encuentra Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Bélgica, Suecia, Rusia, Polonia, Mónaco, Suecia y Hungría, así como de otros países como Chile, Panamá, Turquía, Corea, Brasil, Estonia o Colombia.
Uso obligatorio de mascarillas y aplicaciones para controlar aforos
Durante 2019 la Comunitat Valenciana recibió un total de 29,3 millones de turistas, de los cuales más de 9,5 millones eran internacionales. Así, el turismo representa el 14,6% del PIB, lo que supone un 15,1% del empleo.
En la reunión, en la que los cónsules han podido conocer todas las medidas aplicadas para garantizar la seguridad de las y los turistas que se desplazan hasta la Comunitat Valenciana, el president ha incidido en que, tras la finalización del estado de alarma decretado por el Gobierno de España, «la Generalitat ha desarrollado decididamente sus responsabilidades promoviendo el uso obligatorio de la mascarilla en todos los lugares públicos y zonas comunes de los alojamientos turísticos».
«Se ha desarrollado -ha continuado Puig-, una amplia y estricta normativa para todo tipo de instalaciones turísticas; se han preparado alojamientos específicos en caso de que se puedan producir contingencias; se han desarrollado aplicaciones para el control de aforos tanto en las playas como en lugares de ocio diurno y nocturno; se ha dispuesto señalética para la comunicación permanente».
Todo ello ha supuesto, según el president, «la inversión de más de 10 millones de euros para reforzar la prevención ante la COVID-19 en nuestras playas. «Además, -ha continuado-, se han contratado 1.000 asistentes para garantizar la seguridad y orientar a nuestros visitantes, a los que se suman los que han incorporado los ayuntamientos».
Guías específicas, hoteles-refugio y planes de prevención en aeropuertos
Durante los últimos días se ha sumado a los protocolos de actuación en establecimientos turísticos y servicios de alojamiento, una guía específica elaborada por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que establece un procedimiento de actuación para garantizar la seguridad de aquellas personas que puedan presentar síntomas, así como de sus acompañantes y el resto de personas alojadas.
De igual manera, se han puesto en marcha hoteles-refugio para turistas que deban realizar un aislamiento domiciliario por presentar síntomas y no puedan regresar a sus hogares. La Comunitat Valenciana contará con 100 plazas disponibles de estos establecimientos turísticos especiales, que no tendrán un coste adicional para los turistas.
Además, a las medidas tomadas para garantizar la seguridad en las playas por parte de la Generalitat y ayuntamientos, se suman las establecidas en los distintos protocolos aprobados por el ICTE y el Gobierno de España y los planes específicos de prevención de los aeropuertos de la Comunitat Valenciana.
Todas estas medidas se han trasladado a través de acciones formativas a aquellos profesionales y agentes turísticos que forman parte de la cadena de atención al visitante, así como a los propios residentes y consumidores a través de una campaña informativa.
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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM
Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.
La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».
Airbnb defiende la legalidad de su plataforma
Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».
Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.
Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales
La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.
Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.
Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios
En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.
Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.
Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento
En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.
“Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.
Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.
Colaboraciones recientes con gobiernos regionales
Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».
¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?
La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:
1. Falta de número de licencia
Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.
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Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.
3. Licencias no válidas o falsificadas
Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.
Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico
El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.
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