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¿Qué cuesta realmente un colegio concertado en la Comunitat Valenciana?

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¿Qué cuesta realmente un colegio concertado en la Comunitat Valenciana?
Alumnos asisten a clase en el primer día del curso escolar. EFE/Raquel Manzanares

València, 24 abr (OFFICIAL PRESS-EFE).- Un 70 % de las escuelas concertadas cobra cuota a sus alumnos para financiar los gastos no concertados, por infrafinanciación, por diferenciación o por beneficio económico, y una proporción importante de casi el 40 % con cuotas bajas presenta precariedad financiera.

Así lo recoge la investigación ‘El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas», de abril, elaborada por el centro de política económica de Esade (EsadeEcPol), que contiene datos regionalizados de Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunitat Valenciana y País Vasco por la mayor presencia en ellas del sector concertado.

El 70% de las escuelas concertadas cobra cuotas y un 40% tiene financiación precaria

La escuela concertada en la Comunitat Valenciana se caracteriza por una relación positiva entre el cobro de cuotas y el resultado económico, especialmente en la ESO; una enorme importancia del tamaño de centro para entender las dinámicas de cobro de cuotas; y una proporción importante de centros infrafinanciados que viven una situación precaria a nivel financiero (balance financiero negativo de al menos 200 euros por alumno al año).

Tiene un porcentaje elevado de centros con niveles de financiación intermedia, con importantes diferencias entre etapas educativas.

¿Qué cuesta un colegio concertado en la Comunitat Valenciana?

Comparativamente con otras comunidades, la cuota media por alumno y año de las familias que pagan asciende a 597 euros en la Comunitat Valenciana, frente a los 1.696 euros en Cataluña, 1.156 euros en Madrid, 959 euros en País Vasco y 453 euros en Andalucía.

La concentración en tramos medios de resultado económico antes de cuotas y gastos no concertados es más acusado en el Segundo Ciclo de Educación Infantil y en Primaria, con un 41 y un 45 % respectivamente, a costa de un menor peso de los centros en tramos elevados de financiación, especialmente en Primaria. Aunque la ESO presente también valores elevados en los tramos intermedios de financiación, es una diferencia mucho más tenue.

En concreto, en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primaria el porcentaje de centros que cobran cuotas pasa de un 60 % entre los peor financiados a un 86 %-88% entre los mejor financiados. Sin embargo, en la ESO la situación es radicalmente diferente, puesto que los centros mejor y peor financiados muestran porcentajes de cobro de cuotas casi idénticos, mientras que entre los centros de financiación media el porcentaje es ligeramente menor.

El informe destaca que en la Comunitat conviven muchos centros con una situación financiera muy delicada y otra proporción de centros con un resultado económico antes de cuotas y gastos no concertados medio o incluso elevado.

Las cuotas en la ESO

Los centros más grandes de más de 500 alumnos muestran un cobro unánime de cuotas en la ESO y casi total en Primaria (92 %), porcentajes que duplican los que presentan los centros más pequeños de menos de 100 alumnos en cada etapa, de los cuales apenas cobran cuotas un 52 % y un 42 % respectivamente. Aunque en Segundo Ciclo de Educación Infantil las diferencias no son tan acusadas, sí son mayores que las detectadas a nivel estatal.

La situación de los centros con un resultado económico bajo (antes de cuotas y gastos no concertados) es compleja. Exhiben niveles de cuotas muy bajos, inferiores a los 180 euros por alumno, que apenas compensan una parte de su infrafinanciación, que se aproxima a los -300 euros por alumno en varias etapas educativas.

Los centros en tramos intermedios de financiación, los más comunes en esta comunidad, están en una situación cercana al que sería el equilibrio deseable, puesto que su resultado económico ligeramente positivo permite cubrir casi la totalidad de sus gastos no concertados, mientras que las cuotas son el factor que finalmente inclina la balanza, con una cuota media muy similar respecto a los centros con menor financiación.

Centros con mayores niveles de financiación

Por último, los centros con mayores niveles de financiación se encuentran en una situación económica muy desahogada, con un resultado económico por alumno antes de cuotas y gastos no concertados superior a los 1.300 euros por alumno en todas las etapas, e incluso superior a los 1.500 euros en Primaria y ESO, valores que superan sus gastos no concertados medios.

Sin embargo, son precisamente estos centros los que muestran las cuotas medias más elevadas, que rondan los 500 euros en Primaria y ESO, y son algo más reducidas (213 euros) en Segundo Ciclo de Educación Infantil.

Según datos generales del informe, un 67 % del alumnado acude a centros de titularidad pública, cerca de un 30 % lo hace en centros financiados con fondos públicos pero de titularidad privada (centros concertados) y solo un 4 % acude a centros privados autofinanciados.

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Valencia

Fiscalía propone investigar la filtración del audio entre Aemet y el 112 durante la DANA en Valencia

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efectos DANA Valencia
Archivo - Sala 112 GVA en imagen de archivo - GVA - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

VALÈNCIA, 16 mayo (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Provincial de Valencia ha propuesto abrir una investigación sobre la filtración del audio incompleto de una conversación mantenida entre una meteoróloga de Aemet y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana, grabada durante la gestión de la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia el pasado octubre.

Investigación por una posible revelación de información reservada

Según ha informado el Ministerio Público, el fiscal responsable del caso ha solicitado la incoación de diligencias de investigación, tras estudiar la denuncia presentada en marzo por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El objetivo es determinar si se ha cometido algún tipo de delito relacionado con la difusión de información confidencial en un contexto de emergencia.

La propuesta de la Fiscalía está pendiente de aprobación por parte de la Jefatura del Ministerio Público, y podría derivar en un proceso judicial formal.

🛑 El contenido del audio y su carácter reservado

El audio en cuestión se difundió el 12 de febrero en varios medios y redes sociales. En él, se escucha una conversación entre una trabajadora de Aemet y una técnica del 112, realizada el mismo día de la DANA, el 29 de octubre de 2023. La presidenta de Aemet, María José Rallo, señaló en su denuncia que la conversación fue parte de la gestión de una emergencia, por lo que la grabación tenía carácter reservado según el artículo 53.3 de la Ley de Transparencia.

La difusión del audio, al haber sido incompleta y sacada de contexto, podría haber afectado a los derechos de la trabajadora y a la interpretación pública de la actuación de Aemet durante la crisis meteorológica.

Controversia política por el uso del audio

El caso tomó un tinte político cuando el president de la Generalitat, Carlos Mazón, publicó en su cuenta de X un extracto del audio acompañado de la frase: “No vamos a marearos con más avisos”. En respuesta, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acusó a Mazón de “manipular” el contenido, advirtiendo que su conducta podría estar “al borde del delito”.

Aemet defendió públicamente a su trabajadora con un comunicado en el que explicaba que la meteoróloga había reafirmado los avisos rojos ya emitidos desde primera hora de la mañana, y que el objetivo de su llamada era actualizar sin generar confusión entre las instituciones.

Próximos pasos: protección al personal y claridad en la investigación

La Agencia Estatal de Meteorología ha expresado su apoyo al equipo implicado, recordando que los trabajadores públicos deben ser protegidos de presiones y ataques externos, especialmente en redes sociales.

Si finalmente se abre una causa judicial, se evaluará también si la filtración ha vulnerado datos personales y la imagen profesional de la empleada pública afectada.


 

 

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