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Ribó, tras la detención del cuñado de Barberá: «El PP tiene mucho que esconder»

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento de la ciudad colaborará con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la operación que mantiene abierta y en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia por el PP y senadora fallecida, Rita Barberá.

«El Ayuntamiento está abierto y colaboraremos en todo lo que sea necesario para que realicen su trabajo», ha manifestado el primer edil, que ha señalado este mediodía que «hasta el momento» no ha habido «ninguna relación directa» con la UCO «ni ninguna solicitud» de colaboración en la citada operación.

Asimismo, Ribó ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse la detención de Corbín, que ni en el consistorio de la capital valenciana ni en ninguna empresa pública u organismo autónomo dependiente de él se ha producido ningún registro relacionado con esta actuación de la Guardia Civil.

«En este momento, no tenemos comunicación de que ningún sitio del Ayuntamiento, de las dependencias municipales, ni de las dependencias de ninguna entidad autónoma del Ayuntamiento hayan sido registradas», ha aseverado. Tras ello, ha resaltado que si se solicitaran y llevaran a cabo estos registros, el consistorio daría «todas las facilidades».

El responsable municipal ha considerado que la operación de la UCO y la detención del cuñado de Rita Barberá es un «tema que directamente afecta a todo el Partido Popular que gobernó» València «de 2011 a 2015, los últimos cuatro años» de esta formación al frente del Ayuntamiento.

Tras ello, Joan Ribó ha indicado que «ahora» entiende «perfectamente» por qué la presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y candidata de esta formación a la Generalitat, Isabel Bonig, «no considera oportuno mantener, en caso de que gobernara, una Agencia Antifraude».

«MUCHO QUE ESCONDER»

Igualmente, ha expuesto que «ahora» también entiende «perfectamente por qué el PP y también Cs no quieren una Conselleria de Transparencia». «Entendemos perfectamente que estos son unos temas que a ellos no les interesan porque tienen mucho que esconder», ha apuntado el alcalde.

Ribó ha señalado que tanto él como el resto del equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de València –Compromís, PSPV y València en Comú– están «profundamente molestos» porque esta jornada, a partir de la operación abierta por la UCO y el arresto de Corbí, se «volverá a relacionar la corrupción del PP, y en este caso del PP en el Ayuntamiento de València, con la ciudad la Comunitat Valenciana».

«Queremos decir muy claro que València no tiene nada que ver con esto, que la mayoría de los valencianos y las valencianas no tenemos que ver con eso, que es un problema de corrupción de un partido que ha sido ya llamado oficialmente corrupto por parte de los jueces», ha declarado al respecto el primer edil.

DEVOLVER EL DINERO

Asimismo, Ribó ha estimado «imprescindible» que en el caso de que se haya defraudado dinero, quienes lo hayan hecho «devuelvan a los valencianos hasta el último céntimo que presumiblemente hayan robado y sustraído para sus negocios, en definitiva, para hacer campañas fraudulentas, campañas dopados para las elecciones municipales como ocurrió en el pasado».

Preguntado por si algunas de las empresas investigadas en la operación de la UCO conocida este martes están trabajando en la actualidad para el consistorio y por la decisión que se adoptaría en ese caso, el alcalde ha expuesto que «es pronto para hablar de eso».

No obstante, ha señalado que en el consistorio se cuenta «ya con unas normas de contratación y de funcionamiento» y que de ser «judicialmente probado» se tomarían «medidas en ese sentido».

Fuente: Europa Press

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Reducción de la jornada laboral: quién puede beneficiarse de ella y quién no

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La jornada laboral de 37,5 horas no será para todos: más de 6,3 millones de españoles quedarán excluidos

Autónomos y empleados públicos no se beneficiarán de la nueva reducción de jornada que llega al Congreso

La reducción de la jornada laboral en España entra en debate este miércoles 30 de abril en el Congreso de los Diputados. El Gobierno busca limitar legalmente la jornada semanal a un máximo de 37,5 horas sin reducción salarial, pero la medida no será universal: más de 6,3 millones de trabajadores quedarán excluidos, lo que ha generado inquietud entre los colectivos afectados.

Entre los principales excluidos de la jornada laboral reducida se encuentran los autónomos y los empleados públicos, dos pilares fundamentales del tejido económico y social del país. Además, la medida tampoco afectará a aquellos trabajadores con convenios colectivos que ya contemplan jornadas por debajo del nuevo límite propuesto.

¿Quiénes no podrán acogerse a la jornada de 37,5 horas?

1. Autónomos: sin jornada legal y sin protección

El colectivo de trabajadores autónomos, que supera los 3 millones de personas en España, no tendrá acceso a la reducción de jornada. Al operar por cuenta propia, su tiempo de trabajo no está regulado por ley. Aunque no se ven afectados directamente, muchos de ellos deberán reorganizar sus horarios y asumir el impacto de los cambios si emplean personal contratado que sí se beneficie de la nueva normativa.

Esto podría traducirse en un aumento de costes laborales o en una reestructuración interna de sus negocios para mantener la operatividad, sobre todo en el caso de pequeñas empresas o profesionales independientes.

2. Empleados públicos: regulados por normativas distintas

En el caso de los funcionarios y empleados públicos, su jornada está determinada por regulaciones propias. Muchos ya trabajan 35 horas semanales o menos, por lo que no se verán afectados por la reforma.

Sin embargo, esta exclusión ha provocado quejas dentro del sector público, donde algunos sindicatos pedían una homologación generalizada que equiparara las condiciones laborales de todos los trabajadores del país.

¿A quién beneficia la nueva reducción de jornada?

La nueva medida se aplicará a trabajadores por cuenta ajena del sector privado cuya jornada actual supere las 37,5 horas semanales. El objetivo es impulsar la conciliación familiar, mejorar la salud laboral y aumentar la productividad, en línea con modelos implantados en otros países europeos.

El impacto será más notable en sectores como el comercio, la hostelería, la industria o los servicios, donde aún predominan jornadas largas. La aplicación será progresiva y dependerá de negociaciones colectivas con patronales y sindicatos.

Una reforma laboral con grandes ausencias

Pese al avance que supone para muchos trabajadores, la nueva jornada laboral en España deja fuera a una parte importante del mercado laboral. Más de 6,3 millones de personas —entre autónomos y empleados públicos— no se beneficiarán directamente, lo que pone en evidencia la desigualdad estructural en el acceso a los derechos laborales en el país.

Esta exclusión plantea desafíos importantes: cómo adaptar la legislación para ser más inclusiva y cómo compensar a quienes, por la naturaleza de su trabajo, no pueden acceder a reformas que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador medio.

 

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