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Valencia

Alfonso Rus, cinco años de cárcel por el caso de los zombies

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Juicio Alfonso Rus
EFE/Kai Försterling
El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus a su llegada a la Ciudad de la Justicia. EFE/ Ana Escobar

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha condenado al expresidente de la Diputación de Valencia y ex presidente provincial del PP Alfonso Rus a cinco años de cárcel en una de las piezas del denominado caso Imelsa, la referida a los trabajadores zombis, que cobraban sin trabajar.

Según la sentencia, a Rus se le condena por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental y a pagar, de forma solidaria con otros condenados, en concepto de responsabilidad civil 356.554 euros a la empresa la empresa pública de la Generalitat Ciegsa y 57.325 a la empresa pública de la Diputación Divalterra (sucesora de Imelsa).

El juicio de Alfonso Rus

En la misma causa han sido condenados Máximo Caturla (ex secretario autonómico de Educación) y Marcos Benavent (exgerente de Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero’), ambos también a 5 años de prisión por los delitos de malversación y falsedad documental.

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia comenzó el pasado 23 de enero y finalizó el 13 de marzo el segundo juicio del caso Imelsa, que analizó la contratación supuestamente ilícita de asesores contratados por las empresas públicas Ciegsa e Imelsa que cobraron sin trabajar, los denominados trabajadores zombis.

De los 25 acusados en este caso, once reconocieron haber cobrado de estas empresas sin haber prestados servicio efectivo en ellas.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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