Madrid, 11 may (EFE).- El Gobierno ha defiende su plan jurídico para afrontar la pandemia tras el fin del estado de alarma pese a las divergencias de criterio de los tribunales que han llevado, por ejemplo, a que se haya rechazado el toque de queda en Navarra o el cierre de un municipio en Andalucía, pero se hayan aceptado otros.

Aunque la mayoría de los socios del Gobierno de coalición han denunciado el «caos jurídico» que supone dejar en manos de los tribunales la limitación de derechos fundamentales, Pedro Sánchez ha garantizado que las comunidades autónomas tienen «amplios instrumentos» para hacer frente a la pandemia.

Para Sánchez, el estado de alarma «es el pasado» y ahora toca «mirar al futuro», que es la vacunación, al tiempo que ha arremetido contra el PP.

A su juicio, «no puede ser» que la oposición eche de menos ahora el estado de alarma cuando se opuso a ello en octubre, y ha señalado que una ley ordinaria como la que pide el PP para dar seguridad jurídica a las comunidades, no puede sustituir nunca a la Constitución algo, que es, ha opinado, de «primero de Derecho».

En esta misma línea, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido en que el estado de alarma, instrumento jurídico que ha calificado de «acierto», es una circunstancia excepcional, que no podía mantenerse por tiempo indefinido, sino solo el imprescindible para contener la pandemia.

No obstante, ha admitido que la posibilidad legal de que una comunidad solicite al Gobierno central la declaración del estado de alarma en sus límites territoriales está «a disposición» de los gobiernos autónomos.

Todo ello en un día en el que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha denegado el toque de queda nocturno decretado por el Gobierno Foral para evitar la proliferación de los botellones al considerar que la medida «no supera el canon de necesidad y proporcionalidad».

El Tribunal, que tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas de los establecimientos de hostelería, fijado en la orden foral a las 22 horas, avala sin embargo la limitación de reuniones, tanto en el ámbito público como privado, a un máximo de seis personas, por considerarla «ajustada y proporcionada».

Una decisión del tribunal que el Gobierno de Navarra no recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo a diferencia de la Junta de Andalucía que sí presentará un recurso contra el auto de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que no ha amparado el cierre de la localidad granadina de Montefrío, restricción que sí ha avalado en el caso de tres localidades de Córdoba y Cádiz.

El Gobierno andaluz recurrirá al Supremo con la intención de que se den las mismas situaciones en toda la comunidad ya que entiende que «no tiene sentido» que no se permita el cierre de unos municipios «y de otros sí».

Ha culpado de esta situación al «disparate» del Ejecutivo central de «judicializar la desescalada» y de «subcontratar la gestión de la pandemia» al Tribunal Supremo.

Las críticas han llegado también de la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno, que han recriminado al Ejecutivo el «caos jurídico» que ha provocado por levantar el estado de alarma sin un paraguas normativo que unificara medidas para todas las comunidades autónomas.

PNV, Bildu, Más País y Compromís han lamentado que Sánchez haya dejado en manos del Tribunal Supremo la última decisión sobre las restricciones.

El más duro ha sido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha acusado al Gobierno de cometer un «error» al no legislar y ha afirmado que «ya es inevitable el caos jurídico que se ha causado innecesariamente».

«El Gobierno tiene que legislar, no le puede pasar la patata caliente a otros», ha aseverado por su parte el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Desde el PP, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha advertido de que «no puede estar todo el mundo equivocado salvo el señor Sánchez» y ha vuelto a pedir que se debata su «plan b» o que al menos se tome en consideración, ya que «podrá ser enmendado por todo aquel que considere que le falta algo»

La respuesta a las críticas de buena parte de los grupos parlamentarios ha llegado desde el PSOE y también desde el Gobierno.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha sido clara: «No vamos a modificar una ley ordinaria para convertirla en excepcional y limitar derechos fundamentales con carácter general, porque para eso está el estado de alarma».

Más contundente, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado al PP de fiar su política «al disparate, la antipatria y la deslealtad».