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Sube un 2,25% el precio de la vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana

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firma de hipotecas en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 2 Sep.- La vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana tuvo un precio medio de 1.437 euros por metro cuadrado en agosto, una cifra que supone un aumento del 0,23% respecto a julio y del 2,25% respecto a agosto del año pasado, según el informe mensual de precios de pisos.com, que la sitúa como la octava autonomía más barata.

Mensualmente, las subidas de Valencia (0,51%) y Alicante (0,17%) han sido muy modestas, mientras Castellón (-0,04%) ha sido la segunda provincia española que menos bajó. Respecto al año pasado, Alicante (3,59%) ha sido la decimocuarta provincia española que más ha crecido, Valencia (2,63%) ha subido de forma más leve, y Castellón (0,37%) ha sido la cuarta que menos subió de España.

En cuestión de precios, Alicante (1.692 €/m2) se ha situado como la undécima provincia más cara de España, mientras que Valencia (1.282 €/m2) y Castellón (1.145 €/m2) se situaban en un rango de precios más barato.

Respecto a las capitales valencianas, Alicante (0,73%) y València (0,36%) han repuntado ligeramente en el último mes, en tanto que Castelló (-0,83%)ha arrojado un ajuste intermedio. València (7,78%) ha sido la decimosexta que más ha subido del país de un año a otro. Castelló (-0,12%) ha sido la que menos cayó de España, y Alicante (-2,53%) ha sufrido un ajuste más pronunciado.

Con 1.164 euros por metro cuadrado en agosto de 2019, Castelló es la séptima capital de provincia más asequible de España. Alicante
(1.654 €/m2) y Valencia (1.924 €/m2) son algo más caras.

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en agosto de 2019 registró un precio medio de 1.698 euros por metro cuadrado, arrojando un descenso mensual del 0,08%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 5,32%.

Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, «los precios han levantado el pie del acelerador, pero todavía es necesario impulsar el volcado de oferta para que las zonas que han encabezado los repuntes estos años se enfríen».

Para el experto, «se corre el riesgo de entrar en una fase de estancamiento si no se agiliza la concesión de licencias, un elemento clave para que la actividad inmobiliaria no pierda dinamismo». El directivo apunta que, «dado que el endeudamiento excesivo está bajo control gracias a la prudencia con la que está operando la banca, solo falta que la demanda solvente tenga más producto disponible».

Font ha explicado que hay un amplio sector de la población que está en «tierra de nadie». El experto se refiere a «las rentas que quedan fuera del ámbito de la vivienda pública, pero cuyo nivel de ingresos no permite ahorrar lo suficiente como para abordar el porcentaje que no financian los bancos». Este sector de la sociedad, sobre todo el que vive en capitales con una alta densidad, tampoco encuentra demasiadas facilidades en el mercado del alquiler, «puesto que las mensualidades que exigen los propietarios están disparadas».

Por tanto, ha agregado, «la inyección de dinero público se hace más necesaria que nunca dentro de la rehabilitación y la construcción de vivienda en alquiler a precios asequibles».

Fuente: EUROPA PRESS

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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