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Valencia

València crea una nueva unidad policial especializada contra botellón y reyertas

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botellón en Valencia

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha la nueva Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local, una unidad específica y especializada en los requerimientos de alto nivel como botellón, reyertas o controles dinámicos de vehículos.

Así lo ha explicado la alcaldesa, María José Catalá, este lunes en el acto de presentación de la unidad, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, y el jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, han informado fuentes municipales.

Durante el acto, Catalá ha afirmado que tenía «el reto y el objetivo de que esta unidad entrara en funcionamiento antes de Fallas» y lo han conseguido.

Ha añadido que «la lucha contra el botellón es una prioridad. Requiere de la implicación de todos; también del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero el Ayuntamiento va a poner todo lo que está en sus manos para luchar contra este fenómeno, que provoca problemas de convivencia».

La nueva USAP, que cuenta con boina y escudo específico, está formada por un comisario, dos intendentes, siete inspectores, 17 oficiales y 120 agentes y será la encargada de abordar las demandas ciudadanas que por sus características deban ser atendidas de manera inmediata, especialmente la lucha contra del botellón.

Además, esta unidad especializada se adaptará a las necesidades del servicio y prestará apoyo a las diferentes comisarías de proximidad y resto de unidades de la Policía Local de València y también tendrá cometidos específicos como el control de la venta ambulante ilegal de la ciudad y los mercados extraordinarios, la seguridad ciudadana o el orden público.

Los agentes de esta nueva unidad, que tendrán un calendario de formación interna y externa, han sido seleccionados de entre 174 aspirantes que se presentaron al proceso selectivo que superaron un novedoso proceso selectivo compuesto, en primer lugar, de unas pruebas físicas tanto de velocidad como de resistencia.

El proceso se completó con una entrevista personal y un concurso de méritos en el que se ha tenido en cuenta tanto la experiencia profesional como su formación acreditada en materias como la intervención policial en orden público y seguridad ciudadana, el control de masas, bandas urbanas y radicalización, protección estática y dinámica de personas o delitos contra la seguridad vial.

También se ha valorado la experiencia y la formación en otros asuntos como propiedad intelectual o la contaminación acústica y la formación específica en armamento y utilización del arma eléctrica táser.

«Vosotros, la USAP, sois nuestro brazo ejecutor contra los problemas de convivencia que se sufre en algunos puntos de la ciudad. Confiamos en vosotros y sé que daréis lo mejor de vosotros», ha afirmado la alcaldesa.

Catalá ha subrayado que «la seguridad es una prioridad para este gobierno y, por eso, estamos tomando en tiempo récord medidas para que la Policía Local de València cuente con más agentes y mejores recursos. Hemos duplicado las plazas de oposición este año» y ha recordado que a finales de año entrarán 200 policías locales más en plantilla y se ha aumentado el presupuesto de inversiones en materia de seguridad en un 85 %.

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Valencia

Fiscalía propone investigar la filtración del audio entre Aemet y el 112 durante la DANA en Valencia

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efectos DANA Valencia
Archivo - Sala 112 GVA en imagen de archivo - GVA - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

VALÈNCIA, 16 mayo (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Provincial de Valencia ha propuesto abrir una investigación sobre la filtración del audio incompleto de una conversación mantenida entre una meteoróloga de Aemet y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana, grabada durante la gestión de la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia el pasado octubre.

Investigación por una posible revelación de información reservada

Según ha informado el Ministerio Público, el fiscal responsable del caso ha solicitado la incoación de diligencias de investigación, tras estudiar la denuncia presentada en marzo por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El objetivo es determinar si se ha cometido algún tipo de delito relacionado con la difusión de información confidencial en un contexto de emergencia.

La propuesta de la Fiscalía está pendiente de aprobación por parte de la Jefatura del Ministerio Público, y podría derivar en un proceso judicial formal.

🛑 El contenido del audio y su carácter reservado

El audio en cuestión se difundió el 12 de febrero en varios medios y redes sociales. En él, se escucha una conversación entre una trabajadora de Aemet y una técnica del 112, realizada el mismo día de la DANA, el 29 de octubre de 2023. La presidenta de Aemet, María José Rallo, señaló en su denuncia que la conversación fue parte de la gestión de una emergencia, por lo que la grabación tenía carácter reservado según el artículo 53.3 de la Ley de Transparencia.

La difusión del audio, al haber sido incompleta y sacada de contexto, podría haber afectado a los derechos de la trabajadora y a la interpretación pública de la actuación de Aemet durante la crisis meteorológica.

Controversia política por el uso del audio

El caso tomó un tinte político cuando el president de la Generalitat, Carlos Mazón, publicó en su cuenta de X un extracto del audio acompañado de la frase: “No vamos a marearos con más avisos”. En respuesta, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acusó a Mazón de “manipular” el contenido, advirtiendo que su conducta podría estar “al borde del delito”.

Aemet defendió públicamente a su trabajadora con un comunicado en el que explicaba que la meteoróloga había reafirmado los avisos rojos ya emitidos desde primera hora de la mañana, y que el objetivo de su llamada era actualizar sin generar confusión entre las instituciones.

Próximos pasos: protección al personal y claridad en la investigación

La Agencia Estatal de Meteorología ha expresado su apoyo al equipo implicado, recordando que los trabajadores públicos deben ser protegidos de presiones y ataques externos, especialmente en redes sociales.

Si finalmente se abre una causa judicial, se evaluará también si la filtración ha vulnerado datos personales y la imagen profesional de la empleada pública afectada.


 

 

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