València, 10 nov (EFE).- La defensa del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia la declaración del comisario jubilado José Manuel Villarejo y del exgerente de la empresa pública valenciana Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent.

Según han explicado a EFE fuentes del caso, la defensa del exministro considera que ambas declaraciones pueden aportar luz sobre el origen de la investigación a Zaplana, aunque las mismas fuentes expresan sus dudas sobre la posibilidad de que finalmente sean aceptadas por la instructora.

El pasado 21 de octubre, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso, Villarejo apuntó -a preguntas del diputado valenciano del PP Luis Santamaría- que «había un interés, no sé por qué, en destruir al señor Zaplana y se utilizó a un confidente del CNI sirio para ver las fórmulas».

El germen de la investigación que afecta al exministro tiene su origen en los conocidos como «papeles del sirio», que fueron hallados en un registro en el despacho de abogados del anterior abogado de Benavent y que se consideran la «auténtica hoja de ruta» que se siguió para concurrir a las licitaciones del Plan Eólico y las ITV por las que la trama supuestamente corrupta, con el expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana al frente, pudo cobrar comisiones.

Así figura en un informe de la UCO incluido en el sumario del caso Erial, en el que se detalla que esos documentos habrían sido hallados abandonados en una vivienda que ocupó Zaplana en València y que posteriormente ocupó un ciudadano sirio, conocido de Marcos Benavent.

Se trataba de tres documentos donde se vislumbraba, según los investigadores, una posible connivencia en la adjudicación de determinadas concesiones públicas del Plan eólico y las ITV a favor de sociedades ligadas al grupo Sedesa, de la familia del que fue exconseller, expresidente de Les Corts y exdirector de la Policía Nacional, Juan Cotino.

Los documentos estaban en poder de Marcos Benavent pero se encontraban en el despacho de Ramiro Blasco cuando fueron hallados por la Guardia Civil.

En su declaración como testigo en marzo de 2017, Benavent explicó que se los había entregado en el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, que ocupó la misma vivienda en la que anteriormente residió Zaplana, y que desconocía si tenían relación con alguna causa penal o alguna actividad criminal, pero los guardaba «junto con otros muchos» papeles.

También se tomó declaración a ese ciudadano sirio que le entregó esos documentos, quien dijo haberlos encontrado «abandonados» dentro de un sobre unos diez años antes, alrededor de 2007, en una vivienda en la que residió en régimen de alquiler, cuyos propietarios fueron entre 1998 y diciembre de 2006 Zaplana y su esposa.

Dos de los documentos de lo que la investigación señala como una «auténtica hoja de ruta» fueron redactados a principios de septiembre de 2001 y detallan los pasos dados por el grupo Sedesa durante los años 2001 y 2002 en relación con las concesiones públicas de los parques eólicos y de la ITV, que se licitaron y adjudicaron bajo la presidencia de Zaplana en la Generalitat.

Además, aluden a diferentes empresas relacionadas con el propietario de Sedesa, Vicente Cotino, y la mercantil luxemburguesa Imison International, creada en mayo de 2001, que según desveló después la investigación se pudo utilizar para materializar el cobro de comisiones ilícitas por importe de 6,4 millones de euros.

El Gobierno valenciano de Zaplana privatizó el sector de las ITV en 1997 (en cinco lotes diferentes) y posteriormente puso en práctica políticas que permitieron que, entre los años 2000 y 2003, aumentasen sus tarifas de 18 a 46 euros, hasta convertirse en las más caras del Estado.

En 2004, buena parte de las firmas adjudicatarias vendieron sus participaciones obteniendo unos beneficios que, en el caso del lote adjudicado a la familia Cotino (sobrinos del ex director general de la Policía, Juan Cotino) pudieron rondar los 86,6 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.

En contraprestación, tal y como considera acreditado la Guardia Civil, las empresas de los Cotino pagaron en 2005 y 2006 cerca de 8,5 millones de euros a dos empresas controladas por supuestos testaferros de Zaplana en Luxemburgo.

La defensa de Zaplana ha centrado buena parte de sus esfuerzos en desacreditar esa documentación que dio origen a la causa contra el expresident, basándose en una teoría frecuentemente esgrimida en causas similares, conocida como la «fruta del árbol envenenado», según la cual cualquier pesquisa o diligencia vinculada con una prueba declarada nula, debe ser considerada nula también. EFE