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Camps vuelve a la Audiencia Nacional por Gürtel y denuncia una «persecución feroz» y «pactos obscenos»

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Camps vuelve a la Audiencia Nacional para ser juzgado por el caso Gürtel
El expresident de la Generalitat Francisco Camps. EFE/Manuel Bruque/Archivo

MadridValència, 30 ene (OFFICIAL PRESS/EFE).- El expresidente de la Generalitat Francisco Camps regresa este lunes a la Audiencia Nacional para ser juzgado por la presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel del montaje de un expositor de Fitur en 2009, después de que el tribunal suspendiese la semana pasada el inicio del juicio.

El presidente del tribunal que juzga esta pieza de la macrocausa de corrupción, la última que afecta a Camps, optó por aplazar el juicio para evitar causar indefensión a los acusados que abriese la puerta a la nulidad del procedimiento.

Todo ello debido a que algunas defensas no habían podido acceder a parte de la documentación del caso, como un escrito presentado por la Generalitat apenas unos días antes de la vista en el que modificaba sus conclusiones provisionales.

De este modo, el expresidente valenciano volverá a una de las últimas filas del banquillo de los acusados, donde se sentó la semana pasada apenas los veinte minutos que duró la jornada, acusado de los delitos de prevaricación y fraude por los que la Fiscalía reclama una condena de 2 años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación para él.

Camps, que lideró durante nueve años (2002-2011) el PP valenciano, insiste en su intención de regresar a la política y siempre ha combatido las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y ha defendido su inocencia, recalcando que ha sido eximido de las nueve causas que se dirigían contra él, una de ellas el denominado juicio «de los trajes», del que fue absuelto y que le llevó a dimitir.

«Nunca ocurrió absolutamente nada, ni con la Fórmula 1, ni con la visita del Papa, ni con la construcción del circuito, ni con el caso Nóos, ni con ningún tipo de relación de amistad, que es una cosa ya como de la Prehistoria», indicó minutos antes del juicio ante los periodistas que se congregaban el lunes pasado a las puertas de la Audiencia Nacional.

Aseguró el expresidente autonómico que ni él ni los altos cargos de su Gobierno que se sientan en el banquillo se llevaron «un solo euro al bolsillo» y cargó duramente contra el actual presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, por perseguirle, dijo, «de manera histérica y brutal».

Camps está acusado de dar instrucciones para que se adjudicase a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de un expositor del pabellón de la Comunidad en la feria de Fitur de 2009 por 366.529 euros.

Junto a él serán juzgados más de una veintena de acusados, incluidos varios ex altos cargos de su gobierno, y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.

Estos tres últimos forman parte de la decena de acusados que han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en busca de reducciones en sus peticiones de condena; también lo han hecho ex altos cargos de la Generalitat como Silvia Caballer, Vicente Farnós, Enrique Navarro o Enrique Bort.

Anticorrupción sostiene que las empresas de Gürtel se asentaron en la comunidad en 2003 para «aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció» Camps y «una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos».

También afirma que, en el caso de Fitur 2009, la adjudicación se produjo para «contentar» a la trama por la deuda que tenía Orange Market con el PP por la organización de actos del partido y que otros acusados se concertaron con el expresident para que «dispusiera lo necesario para que el contrato» fuera para esa mercantil.

Camps denuncia una «persecución feroz» y «pactos obscenos» de Anticorrupción

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha denunciado este lunes a las puertas de ser juzgado por el caso Gürtel una «persecución feroz» de la Fiscalía Anticorrupción y sus «pactos secretos y obscenos» y ha asegurado: «No temo absolutamente nada».

«Jamás he temido nada que tenga que ver con todo lo que durante estos años ha sido una persecución feroz de la Fiscalía Anticorrupción», ha subrayado en declaraciones a los periodistas antes de ser juzgado en la Audiencia Nacional por la presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel del montaje de un expositor de Fitur en 2009, después de que el tribunal suspendiese la semana pasada el inicio del juicio.

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y diez de inhabilitación para Camps, que ha vuelto a cargar duramente contra el actual president de la Generalitat, Ximo Puig, por perseguirle también de manera «feroz» y le ha instado a ser «valiente» para ponerse delante de los medios de comunicación y dar explicaciones.

El expresident y exlíder del PPCV ha denunciado los «pactos secretos y obscenos» de la Fiscalía Anticorrupción con algunas personas y ha insistido en que es una obscenidad que el Ministerio Público «busque a personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que se piden muchas veces».

El que arranca este lunes será su segundo juicio por Gürtel -el primero, conocido como el de «los trajes» y en el que acabó absuelto, le llevó a dimitir en 2011- y, según ha dicho, lo afronta sin temor alguno.

Junto a él serán juzgadas más de una veintena de personas, incluidos varios ex altos cargos del gobierno valenciano y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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