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Valencia

Septiembre caliente en los juzgados valencianos

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Septiembre caliente en los juzgados valencianos
La ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el ex presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, en una imagen de 2018. EFE/Manuel Bruque

València, 4 sep (OFFICIAL PRESS-EFE).- La actividad de los juzgados valencianos arranca con intensidad este septiembre con señalamientos importantes en causas de gran relevancia mediática, como el juicio contra el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, en el denominado caso Alquería, o la declaración de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.

Septiembre caliente en los juzgados valencianos

La primera cita subrayada en el calendario es la comparecencia como investigados del director del Instituto Valenciano de la Juventud, Jesús Martí, y la directora de Salud Pública de la Generalitat, Ofelia Gimeno, por un presunto delito contra la salud pública tras una denuncia de Abogados Cristianos por una supuesta promoción de la práctica del sexdopaje o «chemsex«.

Ambos han sido citados el próximo 13 de septiembre para que presten declaración a las 11 y a las 11.30 horas, respectivamente, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia.

Caso Alquería

La jornada más intensa de este mes de septiembre será la del lunes 19, cuando comience el juicio contra el actual alcalde de Ontinyent (La Vall ens Uneix) y expresidente de la Diputación de Valencia (por el PSPV-PSOE), Jorge Rodríguez, y otras 14 personas por la supuesta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra.

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para Rodríguez, y extiende la misma petición de prisión al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, al asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). La acusación particular, que ejerce el grupo del PP en la Diputación, reclama 18 años de prisión y otros 15 de inhabilitación para el expresidente.

Rodríguez dimitió de su cargo provincial en junio de 2018 tras ser detenido y a continuación puesto en libertad. Ahora es alcalde de Ontinyent por un partido independiente que formó cuando los socialistas le vetaron para encabezar la lista en las elecciones municipales de 2019. Rodríguez ganó por mayoría absoluta, siendo ya investigado.

La declaración de Mónica Oltra

El mismo lunes 19 de septiembre la exvicepresidenta del Gobierno valenciano y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, deberá declarar como investigada en la causa que se sigue contra ella y otras trece personas por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat.

Oltra anunció su dimisión como vicepresidenta y consellera e Igualdad y su renuncia al escaño de diputada en Les Corts Valencianes el pasado 21 de junio, cinco días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acordara su imputación judicial por el supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales por los que fue condenado su exmarido.

Vuelve el «yonqui del dinero»

También se espera este otoño la sentencia del primer juicio del caso Imelsa, que quedó visto para sentencia el pasado junio y en el que se juzgó, entre otros, al exgerente de la empresa de la Diputación de Valencia que da nombre a la macrocausa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, el exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación con el PP, Juan José Medina, y la exjefa de servicio en el Ayuntamiento de València y funcionaria Francisca Tamarit.

Es previsible que, en el marco de esta misma macrocausa se puedan conocer nuevos señalamientos para la celebración de juicios, dado que la instrucción está sumamente avanzada en la mayoría de piezas.

Igualmente agotada está la instrucción del conocido como caso Erial, contra el expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, el también expresident José Luis Olivas o varios miembros de la familia Cotino por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.

A falta de la resolución de algunos recursos contra el auto de procesamiento, es igualmente previsible que se avance en la concreción de un señalamiento para la celebración del juicio.

Caso Azud

El otoño abrirá una nueva fase de declaraciones y diligencias para avanzar en la instrucción del caso Azud, una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de grandes proyectos inmobiliarios y contratos públicos, que tiene entre sus considerados cabecillas a empresarios, abogados y políticos y ex altos cargos del PP y PSPV.

En la Audiencia Nacional, el exconseller y ex delegado del Gobierno Serafín Castellano podría conocer pronto la fecha en la que se le juzgará, junto a otras 31 personas más, por formar parte de una supuesta organización criminal que se concertó para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades.

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Sucesos

Indemnizan con 225.000 € a la familia de una paciente fallecida tras 36 horas en Urgencias del Hospital General de València

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indemnización hospital general pancreatitis
Hospital General de València en imagen de archivo - GVA - Archivo

La compañía aseguradora de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años que falleció por una pancreatitis aguda tras permanecer 36 horas en Urgencias sin recibir atención médica continuada.

El acuerdo se ha alcanzado tras la reclamación presentada por la asociación El Defensor del Paciente, cuyos letrados, Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, han logrado que ambas aseguradoras asuman la compensación económica por los daños causados.


36 horas en un box sin seguimiento médico

Según detalla la asociación en un comunicado, la paciente permaneció en un box de Urgencias desde las 00:12 horas del día de su ingreso hasta las 07:32 horas del día siguiente, momento en el que se certificó su fallecimiento.

Durante ese periodo, denuncian que no consta registro de constantes vitales, analíticas ni nuevas exploraciones médicas, más allá de la evaluación inicial realizada a su llegada al hospital.

El acuerdo se ha producido en el marco de un procedimiento administrativo tras interponerse una reclamación patrimonial contra la sanidad pública por presunta negligencia médica.


Ingreso sin cama disponible y falta de atención

Los hechos se remontan al 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió a Urgencias con síntomas como dolor abdominal, vómitos y sensación de hinchazón.

Tras las primeras pruebas, entre ellas una ecografía abdominal, se detectó litiasis biliar y se diagnosticó una pancreatitis aguda biliar, por lo que se ordenó su ingreso hospitalario.

Sin embargo, ante la falta de camas disponibles, la paciente permaneció en el área de Urgencias a la espera de traslado y tratamiento.

Según la asociación, durante ese tiempo la mujer estuvo “36 horas esperando atención” y finalmente falleció sola en el box sin que ningún profesional sanitario advirtiera la situación a tiempo.


Una patología que requiere vigilancia intensiva

La pancreatitis aguda puede evolucionar de forma leve o grave. En los casos más severos, puede provocar inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo multiorgánico, con tasas de mortalidad que superan el 30%.

Por ello, este tipo de pacientes requiere monitorización constante, uso de escalas pronósticas y tratamiento intensivo precoz para evitar complicaciones.

La asociación denuncia que no se aplicaron estos protocolos básicos, lo que, a su juicio, derivó en una muerte evitable.


Denuncian “inacción” y falta de atención mínima

El Defensor del Paciente considera que la fallecida tenía “altas expectativas de curación”, pero que la falta de atención sanitaria le privó de recibir el tratamiento necesario.

“La paciente fue abandonada en un box de Urgencias sin la supervisión mínima exigible”, subraya la entidad, que insiste en que este tipo de situaciones son evitables con un seguimiento básico de los pacientes ingresados.

Asimismo, recalcan que no es aceptable que durante más de un día ningún profesional sanitario se acercara a valorar su estado, lo que consideran una grave negligencia asistencial.

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