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Septiembre caliente en los juzgados valencianos

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Septiembre caliente en los juzgados valencianos
La ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el ex presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, en una imagen de 2018. EFE/Manuel Bruque

València, 4 sep (OFFICIAL PRESS-EFE).- La actividad de los juzgados valencianos arranca con intensidad este septiembre con señalamientos importantes en causas de gran relevancia mediática, como el juicio contra el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, en el denominado caso Alquería, o la declaración de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.

Septiembre caliente en los juzgados valencianos

La primera cita subrayada en el calendario es la comparecencia como investigados del director del Instituto Valenciano de la Juventud, Jesús Martí, y la directora de Salud Pública de la Generalitat, Ofelia Gimeno, por un presunto delito contra la salud pública tras una denuncia de Abogados Cristianos por una supuesta promoción de la práctica del sexdopaje o «chemsex«.

Ambos han sido citados el próximo 13 de septiembre para que presten declaración a las 11 y a las 11.30 horas, respectivamente, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia.

Caso Alquería

La jornada más intensa de este mes de septiembre será la del lunes 19, cuando comience el juicio contra el actual alcalde de Ontinyent (La Vall ens Uneix) y expresidente de la Diputación de Valencia (por el PSPV-PSOE), Jorge Rodríguez, y otras 14 personas por la supuesta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra.

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para Rodríguez, y extiende la misma petición de prisión al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, al asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). La acusación particular, que ejerce el grupo del PP en la Diputación, reclama 18 años de prisión y otros 15 de inhabilitación para el expresidente.

Rodríguez dimitió de su cargo provincial en junio de 2018 tras ser detenido y a continuación puesto en libertad. Ahora es alcalde de Ontinyent por un partido independiente que formó cuando los socialistas le vetaron para encabezar la lista en las elecciones municipales de 2019. Rodríguez ganó por mayoría absoluta, siendo ya investigado.

La declaración de Mónica Oltra

El mismo lunes 19 de septiembre la exvicepresidenta del Gobierno valenciano y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, deberá declarar como investigada en la causa que se sigue contra ella y otras trece personas por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat.

Oltra anunció su dimisión como vicepresidenta y consellera e Igualdad y su renuncia al escaño de diputada en Les Corts Valencianes el pasado 21 de junio, cinco días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acordara su imputación judicial por el supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales por los que fue condenado su exmarido.

Vuelve el «yonqui del dinero»

También se espera este otoño la sentencia del primer juicio del caso Imelsa, que quedó visto para sentencia el pasado junio y en el que se juzgó, entre otros, al exgerente de la empresa de la Diputación de Valencia que da nombre a la macrocausa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, el exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación con el PP, Juan José Medina, y la exjefa de servicio en el Ayuntamiento de València y funcionaria Francisca Tamarit.

Es previsible que, en el marco de esta misma macrocausa se puedan conocer nuevos señalamientos para la celebración de juicios, dado que la instrucción está sumamente avanzada en la mayoría de piezas.

Igualmente agotada está la instrucción del conocido como caso Erial, contra el expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, el también expresident José Luis Olivas o varios miembros de la familia Cotino por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.

A falta de la resolución de algunos recursos contra el auto de procesamiento, es igualmente previsible que se avance en la concreción de un señalamiento para la celebración del juicio.

Caso Azud

El otoño abrirá una nueva fase de declaraciones y diligencias para avanzar en la instrucción del caso Azud, una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de grandes proyectos inmobiliarios y contratos públicos, que tiene entre sus considerados cabecillas a empresarios, abogados y políticos y ex altos cargos del PP y PSPV.

En la Audiencia Nacional, el exconseller y ex delegado del Gobierno Serafín Castellano podría conocer pronto la fecha en la que se le juzgará, junto a otras 31 personas más, por formar parte de una supuesta organización criminal que se concertó para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades.

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Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes

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Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes-FREEPIK

La Guardia Civil ha defendido la normativa nacional sobre pirotecnia que regula el uso de bengalas con un fin recreativo en restaurantes y otros espacios de ocio tras los incidentes generados en España. El instituto armado recuerda que España es un referente en regulación frente a otros países europeos, donde el uso de pirotecnia ha estado vinculado a altercados y tragedias recientes.

Contexto europeo y comparación con España

La Guardia Civil sostiene que en España la pirotecnia no supone un problema generalizado como ocurre en otros países europeos, donde se ha utilizado por mafias o en altercados. Como ejemplos, recuerda los disturbios de Berlín durante la pasada Navidad o la tragedia en un bar de Suiza en una fiesta de Año Nuevo que dejó 40 personas fallecidas.

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso»

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso y son productos certificados para uso en interior», ha señalado en declaraciones a Europa Press el capitán Ismael Huerta, de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, al valorar el uso cada vez más generalizado de bengalas con fines recreativos y festivos en interiores de locales de ocio.

El capitán Huerta se remite a la regulación estatal sobre los artículos pirotécnicos y la cartuchería, dimanante del Real Decreto 989/2015, junto a la ley orgánica de seguridad ciudadana y una directiva europea. También destaca la implicación de los más de cien talleres que existen en España, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, que son las primeras interesadas en evitar riesgos.

La importancia de leer las instrucciones y cumplir la normativa

«Es importante, además, que el usuario final atienda a si esa bengala se puede usar en interiores, y eso se comprueba leyendo las instrucciones de uso», ha añadido el responsable de la ICAE. Ha recordado que este tipo de artículos se vigilan desde su entrada en España y que su venta se regula en función de su peligrosidad.

La normativa impide, por ejemplo, la manipulación de bengalas por niños menores de doce años con carácter general.

Preocupación por la pirotecnia en otros países europeos

El capitán Huerta diferencia la situación europea del control existente en España y sitúa a nuestro país a la vanguardia en regulación por dos razones principales: la larga tradición de fiestas con pirotecnia, como las Fallas de Valencia, y la experiencia acumulada por la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo.

«A nivel europeo es verdad que la pirotecnia se está convirtiendo en una preocupación para muchos países de nuestro entorno por todas las afecciones que tiene para la seguridad, por los desvíos de las materias, la utilización por parte de mafias, incluso en atentados o para atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad», ha expuesto.

En este sentido, recuerda lo ocurrido en Berlín, donde las autoridades informaron de la detención de 420 personas por disturbios en Nochevieja, con 30 agentes heridos, así como incidentes en Países Bajos e Italia por el uso privado de fuegos artificiales.

«Aquí en España no hay esa problemática; no quiere decir que no haya problemas, pero es verdad que no hay una problemática muy aguda en ninguna de las partes, ni hay robos ni desvíos; no quiere decir que no haya ningún caso, pero no es un problema como para tomar más medidas», ha sostenido.

Mesa de trabajo con el sector y control exhaustivo

El capitán Huerta se remite a la participación de la Guardia Civil en una mesa de trabajo con las empresas del sector en España y en grupos con otros países de la Unión Europea. En este ámbito, España inspira al resto de países para adoptar medidas que aquí se aplican desde hace años.

«Las medidas de seguridad en España, tanto de los explosivos como de la pirotecnia, son muy exhaustivas y se ejerce mucho mayor control que en el resto de países europeos; de hecho, hay muchos países europeos que han adoptado medidas que nosotros ya tenemos en nuestro reglamento», ha indicado.

Vigilancia en otros usos de bengalas y la Operación Signal

El trabajo preventivo de la ICAE de la Guardia Civil se extiende también a otros usos de bengalas, como el ámbito marítimo. La Operación Signal se saldó con 400 inspecciones sobre material potencialmente peligroso y con fecha de caducidad, por lo que su uso en el mar está especialmente vigilado.

«El interés de la Guardia Civil no es poner una infracción, sino que las cosas se hagan bien y que, si en algún caso se detecta algún ilícito penal o administrativo, el guardia civil tenga más herramientas gracias a que se han unificado criterios a nivel nacional», ha recordado el capitán Huerta.

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