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El Euromed reducirá el trayecto Valencia-Barcelona en 30 minutos en 2018

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El trayecto Valencia-Barcelona se reducirá en 30 minutos en la segunda mitad del próximo año 2018. Así lo ha asegurado este jueves el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, quien ha querido dejar claro la voluntad del gobierno y el compromiso de Fomento con el Corredor Mediterráneo, desde Murcia hasta la frontera francesa. Según este mismo anuncio, será en 2019 cuando estén totalmente acabadas las obras.

Consecuencia de las reivindicaciones unánimes de la sociedad civil valenciana en el conocido Corredor Mediterráneo, el Gobierno, por tanto, se ha puesto manos a la obra y, a través del Ministerio de Fomento, ha anunciado que instalará ancho internacional en las dos vías del tramo Castelló-Vandellós, uno de los cuellos de botella de la actual linea ferroviaria entre las dos capitales. Además de otras actuaciones, esto es lo que permitirá restarle media hora al tiempo total del trayecto, que ahora supone un mínimo de 3 horas y 10 minutos.

En esa reducción de media hora influirá también repercuten los cambios en el tramo Castellón-Vandellós, en el que se implantará el ancho internacional en las dos vías, lo que sumado a que en el tramo entre Vandellós-Tarragona, facilitará ese ahorro de tiempo en el Euromed y en su trayecto final quedaría en un tiempo cercano a las 2 horas y 40 minutos para finales de 2018.

Precisamente, Gómez-Pomar ha asistido en Valencia a la inauguración de un encuentro sobre el Corredor Mediterráneo, en el que ha coincidido con el presidente de la Generalitat Valenciana,Ximo Puig, además de los coordinadores europeo y español del Corredor Mediterráneo, Laurens Jan Brinkhorst y Juan Barios, entre otros.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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