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El valenciano, requisito lingüístico indispensable para ser funcionario de la Generalitat

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Los consellers Gabriela Bravo y Vincent Marzà, máximos responsables de los departamentos de la Generalitat con competencia en función pública y política lingüística, han presentado a las centrales sindicales cómo quedará recogido el requisito lingüístico en el borrador del anteproyecto de Ley de Empleo Público de la Comunitat Valenciana.

A la reunión, celebrada en la sede de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, han asistido los dirigentes de las formaciones sindicales UGT, CCOO e Intersindical. Posteriormente, la consellera Bravo se ha reunido con los representantes de CSI·F y FSES, dada su condición de organizaciones presentes en la Mesa General de Negociación de la Generalitat.

El borrador del anteproyecto establece, en su artículo 61, que para acceder a la Administración de la Generalitat, los aspirantes deberán acreditar «el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes». La nueva normativa prevé, mediante la disposición adicional segunda, que el reglamento que regule el nivel de valenciano exigible para el acceso a la función pública deberá ser aprobado por el Consell en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, una vez aprobada por Les Corts.

La elaboración de dicho reglamento es competencia de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades públicas, previo informe en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística.

Además, en la disposición final tercera, se incluye una cautela para el supuesto de que, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley, no se hubiera aprobado por el Consell el referido reglamento. En ese caso, el nivel exigible de los conocimientos de valenciano que habrá de acreditarse para el acceso en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, será el siguiente:

  • Para los funcionarios de los grupos A1, A2 y B, se exigirá el certificado C1 (equivalente al Grau Mitjà expedido por la Junta Qualificadora)

  • Los funcionarios de los grupos C1 y C2 tendrán que acreditar el certificado B1 y B2, respectivamente (equivalente al Grau Elemental)

  • Las agrupaciones profesionales funcionariales tendrán que acreditar el certificado A2 (equivalente al Grau Oral).

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El hijo de Conde-Pumpido detenido nuevamente por presunta agresión a su ex pareja.

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Cándido Conde Pumpido hijo
Cándido Conde Pumpido-FACEBOOK

El abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, fue arrestado por la Guardia Civil en Madrid el viernes pasado, acusado de agredir a su ex pareja, Bibiana, una mujer brasileña con quien tuvo una relación de tres años.

Según los informes, la mujer denunció que Conde-Pumpido la amenazó mientras viajaban en un automóvil por la A-6, incluso llegando a simular estrangularla con el cable del cargador del coche. Asustada, la mujer se bajó del vehículo y llamó al 112 para pedir ayuda, mientras que él la dejó en la carretera y se marchó.

La detención se produjo después de que la mujer presentara una denuncia en el cuartel de Villalba.

Conde-Pumpido Jr. es conocido por su reputación como abogado, con su propio despacho en Madrid y Málaga, y ha representado a clientes famosos como Rafael Amargo.

Esta no es la primera vez que se ve envuelto en controversias legales. A principios de este año, la Justicia cerró una investigación en su contra por una presunta agresión sexual. Además, en 2019 fue objeto de titulares por su implicación en el caso Bandenia, relacionado con un banco pantalla utilizado para ocultar capitales al fisco. Aunque fue procesado, su causa fue archivada por falta de pruebas.

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