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Fiscalía pide una orden europea de detención para Puigdemont y prisión provisional para los exconsejeros

Este jueves estaban llamados a declarar ante la Audiencia Nacional los miembros del gobierno catalán por “rebelión, sedición y malversación” y tal como se esperaba destaca la ausencia del expresidente, Carles Puigdemont, y cuatro exconsejeros, Clara PonsatíAntoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret que no han acudido a declarar, porque se encuentran con él en Bélgica.

Ante ello, la Fiscalía ha solicitado que se dicte una orden europea de detención contra Puigdemont y los 4 exconsejeros que están con él para que se les ponga a disposición de la justicia española.

Asimismo reclama prisión provisional sin fianza para ocho de los exconsejeros del Govern catalán que han comparecido este jueves ante la jueza Carmen Lamela investigados, a excepción de Santi Vila, para quien ha pedido prisión eludible con fianza de 50.000 euros.

Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, el fiscal ha pedido así prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras y los elexconsejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior).

El Tribunal Supremo aplaza una semana las declaraciones de los querellados

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la querella por rebelión, sedición y malversación contra la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara, ha acordado suspender hasta el próximo jueves 9, a las 9:30 horas, la toma de declaración a los querellados, que había sido señalada para este jueves 2.

Además de Forcadell, los querellados son los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Todos ellos se han personado esta mañana en el Tribunal Supremo antes de la hora fijada para su declaración. A petición de la Fiscalía, el magistrado instructor ha acordado que señalen un teléfono y un domicilio de modo que las Fuerzas de Seguridad puedan acreditar que se encuentran a disposición del tribunal hasta que vuelvan a comparecer.

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