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Los agustinos reconocen abusos a 28 menores desde 1949

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San Agustín abusos Comunitat
Un campanario de una iglesia. EFE/ Raúl Casado/Archivo

Madrid/Valencia, 28 jul (OFFICIAL PRESS – EFE).- La Orden de San Agustín en España ha hecho público un informe en el que reconoce que 16 religiosos de su congregación, de los que 6 aún viven, abusaron sexualmente de 28 menores (25 niños, dos niñas y una tercera persona sin especificar) entre los años 1949 y 2022, cinco de ellos en la Comunitat Valenciana.

La Orden de San Agustín reconoce abusos a 28 menores desde 1949, 5 en la Comunitat

El informe «Sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en las provincias de la Orden de San Agustín en España», elaborado por el Secretariado de protección de menores y adultos vulnerables, es el primero que realiza esta orden religiosa, que ha pedido perdón a las a las víctimas, sus familias, y a la sociedad «por no haber sabido estar siempre a la altura del evangelio, de la confianza depositada y de la necesidad de justicia».

La investigación se remonta a 1949, año del primer caso del que tienen noticia, hasta el momento actual. En esos 74 años, la orden refiere abusos a 28 menores: 25 niños, dos niñas y otro caso del que se desconoce el sexo.

De los 25 niños abusados, 8 lo fueron por agustinos ahora vivos y, en cuanto a la edad de las víctimas, dos tenían entre 15 y 17 años en el momento del abuso; 15 entre 12 y 14 años; ocho entre 8 y 11 años; uno era menor de 8 años y en dos casos se desconoce la edad de la víctima.

Reconocen que en «algún caso» ha habido compensación económica para pagar tratamientos, o bien ofrecido por la orden a víctimas y familias, o como resultado de un juicio, pero señalan: «En ningún caso entendemos que una compensación borre el sufrimiento, pero sí queremos dar una respuesta allá donde sea posible».

En cuanto a la fecha de comisión de los abusos, siete son de la década 1949-1959; 2 de los años 60; 11 de los 70; tres de los 80; uno de los 90; cuatro de 2000-2009 y desde 2010 no se ha tenido conocimiento de ninguno.

Las denuncias afectan a 16 agustinos, de los que 12 eran sacerdotes, dos no estaban ordenados y de otros dos se desconoce la situación. Diez de ellos ya han fallecido, uno salió de la orden, cuatro son agustinos vivos y de otro se desconoce su situación.

Sólo uno de ellos fue juzgado civilmente y condenado a pena de privación de libertad, siete tuvieron procedimientos canónicos y otros nueve no lo tuvieron.

De los religiosos a los que se abrió procedimiento canónico, cinco están terminados y dos están en fase de investigación previa.

De los cinco terminados, tres resultaron archivados o se los consideró inocentes y dos fueron sancionados canónicamente con penas como la prohibición temporal para el ejercicio del sacerdocio, ejercicios espirituales, y «privaciones de voz activa y pasiva» o el traslado de casa.

Por su parte, se abrió procedimiento canónico en 14 denuncias. Nueve de ellas terminaron con la imposición de sanciones; tres fueron archivados por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe y dos están en fase de investigación previa.

No se abrió procedimiento canónico

En 13 de las denuncias no se abrió procedimiento canónico: En diez, el religioso ya había fallecido cuando la orden tuvo conocimiento de los hechos; en una, el acusado había abandonado la vida religiosa; en dos casos los padres no quisieron iniciar procedimiento canónico (ni tampoco civil), ni los superiores lo hicieron tampoco de oficio (años 1976 y 1993), mientras que en otro caso se investigaron los hechos, pero se desconoce si hubo procedimiento canónico.

Respecto a los procedimientos civiles, en tres casos hubo un procedimiento penal que terminó en sentencia condenatoria y afectó a un religioso, mientras que en las 25 denuncias restantes no hubo procedimiento civil.

En el informe, los agustinos indican, asimismo, que de los 16 religiosos dos abusaron de cuatro o más víctimas; dos lo hicieron de tres menores; uno, de dos víctimas; y 11 abusaron de una sola víctima.

Añade, asimismo, que además de las denuncias, existe un caso de posesión de pornografía infantil. Hubo un proceso judicial y el religioso fue condenado a realizar unos cursos y apartarse de la formación de menores.

Las comunidades autónomas donde tuvieron lugar los abusos son Castilla y León (12), Comunitat Valenciana (5), Madrid (5), Cantabria (3), Andalucía (2) y Aragón (1) y, en cuanto al entorno, 13 ocurrieron en un internado, otros 13 en colegios, uno en los locales parroquiales y otro en un campamento.

Los agustinos lamentan «no haber sabido ver o reaccionar adecuadamente ante algunos de estos casos cuando llegaron al conocimiento de responsables de comunidades y obras» y manifiestan su voluntad de escuchar testimonios, facilitar la sanación y la restauración y, donde pueda darse, avanzar también hacia procesos de reconciliación.

 

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Juzgan al arrendatario de un hotel-discoteca por incendiar el local para cobrar el seguro

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incendio cobrar seguro discoteca Alicante

El arrendatario de un hotel-discoteca situada frente a la playa del Postiguet de Alicante es juzgado a partir de este viernes por, supuestamente, organizar el incendio del local para cobrar las indemnización del seguro.

El juicio por estos hechos se celebrará a partir de las 10 horas de este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Además del arrendatario del negocio, se juzga a otros dos hombres, colaboradores, para todos los cuales la fiscalía pide penas de entre 12 y 15 años de cárcel.

El ministerio público sostiene que el empresario, que gestionaba los negocios desde 2015, comenzó a acumular deudas con proveedores y trabajadores, y que dejó de pagar el alquiler.

Por ello, junto a otro de los encausados, decidió provocar un siniestro en el local para cobrar las correspondientes indemnizaciones de los seguros, cuya cobertura había aumentado en diciembre de 2022.

En enero de 2023 los dos encausados rociaron con gasolina hasta 18 puntos distintos de los locales de la discoteca y del hotel, y desenroscaron una tuerca de la instalación de gas de la cocina para provocar una fuga.

A continuación, pactaron con el tercer encausado que, a cambio de 2.000 euros, prendiera fuego a las instalaciones, lo que realizó el día 23 de madrugada.

La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 12 y los 15 años de prisión por un delito de incendio con peligro para las personas en concurso con un delito de estafa agravada.

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