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La Guardia Civil investiga a una persona por suplantar a otra en el examen del permiso de conducción

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Detenido en València por agarrar del cuello a su expareja, golpearle en el abdomen y robarle

Ana Cánovas

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de las tareas de colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, ha investigado a una persona como presunta autora de los delitos de usurpación de estado civil y de falsedad documental.

Se trata de un ciudadano guineano que se presentó, presuntamente, al examen para la obtención del permiso de conducir, con documentación falsificada a nombre de otra persona, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, 19 de junio, cuando, en el marco de colaboración existente con la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia para el control de los aspirantes que realizan el examen teórico para obtener el permiso de conducir de la clase ‘B’, miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la Región de Murcia fueron requeridos por los funcionarios de la Dirección General de Tráfico (DGT) que supervisaban dichos exámenes en el aula Caravaca de la Cruz, al tener sospechas de que un individuo que había realizado las pruebas podría estar suplantando la identidad de otra persona.

Realizadas las gestiones correspondientes, con el apoyo del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, se pudo identificar al presunto suplantador mediante las impresiones dactilares, tratándose de un varón, natural de Guinea, de 32 años y vecino de Murcia.

Debido a este hecho, se le imputaron los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, al haberse identificado ante los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico que controlaban a los aspirantes que iban a realizar el examen teórico del permiso de conducción de la clase «B» utilizando un documento de identidad falsificado perteneciente a un ciudadano de nacionalidad senegalesa.

Por parte del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector/Subsector de Tráfico de Murcia se continúa con las gestiones que permitan localizar e identificar al suplantado, con el fin de proceder a su detención por la supuesta colaboración necesaria en los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil atribuido al ahora arrestado.

No obstante, el arrestado y las diligencias han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Caravaca de la Cruz.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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