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El PPCV estudia llevar a los tribunales la ley de plurilingüismo del Consell

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(EUROPA PRESS)-La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciado que están estudiando, junto a asociaciones, acciones legales contra la nueva ley de plurilingüismo aprobada el pasado miércoles en las Corts Valenciana. La líder de los ‘populares’ valencianos ha calificado la norma de «ataque sin precedentes a la libertad» y una «imposición lingüística» y ha aseverado: «Lo llevaremos a los tribunales porque entendemos que esta ley es inconstitucional».

Bonig se ha pronunciado así este viernes en Castellón, donde ha asistido a la reunión del consejo de dirección del PPCS. Ha anunciado que «el partido está a la espera de un informe jurídico» pero ha asegurado que utilizará «todas las herramientas legales para paralizar esta ley del chantaje lingüístico donde no se tiene en cuenta la libertad de los padres».

A su parecer, «lo que se perpetró el miércoles en Les Corts fue un ataque sin precedentes a la libertad, a la libertad de los padres, a los que no se permite elegir el tipo de educación de sus hijos y la lengua vehicular».

Además, ha culpado al actual Consell de «hacer del valenciano un motivo de enfrentamiento cuando siempre ha sido una razón de unión», ha dicho.

Bonig ha agregado que el Ejecutivo autonómico «quiere trasladar la imposición lingüística catalana a la Comunitat Valenciana con un fin claro de adoctrinamiento y de seguir la hoja de ruta del nacionalismo» y ha añadido que «el único responsable es Ximo Puig, que ha desoído sistemáticamente todas las veces que el PPCV le ha tendido la mano».

En esta línea, la presidenta ‘popular’, también ha hecho referencia a la iniciativa presentada ayer por la diputada Ferrer San-Segundo para pedir que el valenciano no sea requisito para acceder a la función pública. «Debe ser un requisito de concurso de mérito, nunca excluyente», ha dicho.

«Estamos a favor de que la administración tenga funcionarios suficientes que hablen valenciano, pero no se puede convertir la lengua en un mecanismo para excluir. No queremos que con la función pública pase lo mismo que con la educación», ha argumentado.

La presidenta del PPCV ha pedido a Puig que «se centre en los problemas de los valencianos». «Si él es incapaz lo haremos nosotros presentando proyectos como el de la Ley de autónomos», ha indicado Bonig.

«UN CAOS»

Asimismo, ha afirmado que Puig es «quien ha permitido y consentido que la educación valenciana sea hoy un caos, y el PPCV va a seguir adelante denunciándolo».

En este sentido, la presidenta Bonig ha señalado que, «según el último barómetro, los problemas son el desempleo, y Puig no ha hecho nada porque la ejecución es bajísima; y la sanidad, que se ha convertido en un área complicada; y la educación.

La reforma de la Constitución de la que tanto habla Puig o el cambio de nombre de ciudades no le interesa a nadie».

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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