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Ribó se siente satisfecho por la acogida del Aquarius ya que los refugiados «no se desplazan por capricho»

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VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, ha expresado su «satisfacción» por la «rápida respuesta» del Gobierno de España al ofrecimiento del Ayuntamiento para recibir el barco Aquarius y ha destacado que desde València, «como ciudad marítima e históricamente solidaria», dan «la bienvenida al Aquarius», al tiempo que ha recordado que las personas refugiadas «se desplazan por capricho, sino por pura supervivencia: para no morir en manos de terroristas, en medio de guerras o de hambrunas».

Mediante un comunicado, Ribó ha criticado: «No queremos más tragedias en el Mediterráneo ante la pasividad de todos los que luego se rasgarán las vestiduras cuando aparezca un nuevo Aylán en cualquier playa europea».

Así, el alcalde ha celebrado «la pronta disposición del Gobierno de España, así como el cambio de talante experimentado con el nuevo ejecutivo». De la misma manera, se ha hecho eco del ofrecimiento que también han hecho otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona y A Coruña, para acoger «a las personas que huyen de la guerra, del hambre y la miseria». «Desde València, el trabajo coordinado con la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, será clave a partir de ahora», ha agregado.

«No dejaremos que ahora mueran en medio de esa gran fosa común de la vergüenza en la que han convertido al Mediterráneo aquellos gobiernos insolidarios que no demuestran ni una pizca de humanidad dejando a la deriva a estas personas. Comparto plenamente con Mónica Oltra que vamos a trabajar porque el Mediterráneo sea un verdadero corredor de la esperanza para estas personas», ha manifestado Ribó.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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