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Valencia

PP y Vox anuncian una nueva ley para À Punt 

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Imagen facilitada por el PP de la rueda de prensa celebrada junto a Vox este jueves en Les Corts. EFE

València, 21 mar (OP-EFE).-

La nueva ley que dirigirá el servicio de radiotelevisión valenciana que actualmente presta À Punt establece la creación de una nueva empresa pública denominada Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana S.A.(CACVSA), que será «moderna y mucho más profesional, ágil, adaptada a los tiempos que corren y muy similar al resto de televisiones autonómicas».

Así se recoge en la normativa que han presentado el PP y Vox en Les Corts este jueves, que cuando sea aprobada derogará la ley que permitió recuperar el servicio público en 2016. La nueva ley propone fusionar los dos entes actuales (CVMC y SAMC) en uno único, garantizando que se subrogaría a todos los trabajadores y que se interrumpirían los procesos selectivos hasta que la ley entre en vigor.

Preguntado por si se incluirá emisión en castellano, el secretario general del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado que la proposición no marca porcentajes de lengua porque las pautas se establecerán en un posterior contrato-programa, pero ha abogado porque «todos los valencianos, vivan donde vivan», puedan entender À Punt.

Precisamente este contrato programa es una de las cuestiones que se mantendrán respecto al actual À Punt y será de tres años. Sin embargo, dejarán de enmarcarse en un mandato marco de seis años para pasar a estar en una carta de servicios y objetivos de nueve años. La propuesta se refiere en general a los servicios que regirá la CACVSA como medios audiovisuales y no a radiotelevisión.

Según la proposición, el consejo de À Punt contará con ocho miembros, de los que siete serán elegidos por Les Corts y uno por la FVMP. Este consejo propondrá al director general de la radiotelevisión, que será nombrado por el Consell. Habrá una primera votación de tres quintas partes de Les Corts y, de lo contrario, se hará por mayoría absoluta. El director tendrá la potestad de nombrar al resto de personal de dirección de los medios.

Cuestionado por el gasto del ente, el síndic de Vox ha remarcado que la proposición no dicta «una cantidad concreta», aunque ha defendido la necesidad de «aplicar sentido común, austeridad y mayores controles». Además, ha añadido en otro punto que, aunque su grupo firme esta ley, es «coherente» con su rechazo a que la comunicación se ofrezca desde entidades públicas.

DIGITALIZACIÓN Y CONTENIDOS

La ley explica que nace de la necesidad de adaptarse e interactuar con suficiencia en el actual entorno digital avanzado, algo que los redactores consideran que la actual corporación no ha conseguido.

«La audiencia ya no se congrega frente a la televisión tradicional a las horas que decide el programador y frente a una sola pantalla; y el consumo de programas en diferido, que además se pueden visionar incluso en otras plataformas que no son la propia televisión que los ha producido, es otra realidad incontestable».

Según el texto, «el planteamiento de la prestación del servicio de la radiodifusión y televisión; a través de dos entidades dispares, una corporación y una sociedad anónima con dificultades en la toma de decisiones y gestión, no tuvo en cuenta esta situación de partida ya consolidada y se centró en replicar sus contenidos en una versión multimedia, como una mera copia y no como un producto propio», han señalado.

Por ello, y tras señalar la caída en el consumo de televisión lineal, la normativa remarca que «se hace necesario dotar al sistema audiovisual público valenciano de un nuevo mecanismo, más ágil y transformador, para que cumpla sin limitaciones el acceso de la ciudadanía valenciana a unos medios de comunicación plenamente adaptados a un presente en permanente estado de cambio y evolución constante».

«El modelo que se desarrolla en esta proposición de ley es plural y debe aspirar a que la sociedad valenciana se sienta representada, tanto en su composición como en los contenidos audiovisuales y multimedia que se programen, y para que, de manera permanente, se recojan las diversas sensibilidades sociales, tanto mayoritarias como minoritarias, sin discriminación por motivos ideológicos, políticos a de otra índole recogidos en la Constitución».

En este sentido, subraya el texto, se busca que «la entidad prestadora sea competitiva y, por tanto, un instrumento eficaz de vertebración de la identidad valenciana como pueblo dentro del conjunto de la nación». «La necesaria promoción de nuestra cultura y tradiciones pasan por darle un gran impulso a la industria audiovisual valenciana», añade.

La nueva CACVSA contará con un Consejo de Informativos, al igual que À Punt, aunque en la nueva ley no aparece nada sobre el Consell de la Ciutadania, un órgano consultivo de la CVMC.

PAV Y RED AUTONÓMICA

La propuesta incluye también la creación de dos servicios: la Red autonómica de sinergia audiovisual y la Plataforma Audiovisual Valenciana. En la primera, se buscará trabajar por la «pluralidad social y política de todo el territorio autonómico, los contenidos de proximidad e impulsando la red de TDT y Radios del espectro audiovisual de la Comunitat Valenciana para constituirse como un motor del desarrollo de este sector».

Con ello, se buscará alcanzar «acuerdos y firmar convenios de colaboración para que todos los ciudadanos vean reflejados en los medios públicos dependientes de la CACVSA la actualidad de cada una de las provincias, comarcas y municipios de la Comunitat Valenciana».

Esta red recogerá «la información de proximidad emanada de las distintas organizaciones político-sociales del territorio de la Comunitat Valenciana y les dará difusión a través de los canales creados para tal efecto».

Por otra parte, la CACVSA dentro de su estrategia de comunicación creará una Plataforma Audiovisual Valenciana (PAV) que pueda «aglutinar a los contenidos de elaboración propia, la producción e información de los distintos medios de comunicación con emisiones en TDT autorizadas por el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana a través de los convenios y acuerdos necesarios contemplados en la presente ley».

Esta plataforma dispondrá de un espacio específico destinado al público infantil y una oferta específica dedicada al ámbito educativo y cultural. La PAV «se constituirá como un nuevo espacio digital a la carta que recoja los contenidos de los medios adscritos a la CACVSA, los que compartan los distintos medios de comunicación locales, comarcales, provinciales o autonómicos para consolidar un espacio cultural y social de cercanía al acceso de todos, que fomenten nuestras señas de identidad dentro del conjunto de la nación, así como las distintas costumbres, tradiciones y peculiaridades del territorio de la Comunitat Valenciana».

En la PAV también se contemplará un espacio específico para que el sector audiovisual valenciano pueda promocionar o compartir sus producciones. La CACVSA impulsara a través de esta plataforma el mantenimiento, desarrollo y las fórmulas de regulación y normas de uso y difusión del archivo audiovisual autonómico de acuerdo con la normativa en vigor en esta materia.

PERSONAL DE À PUNT

La CACVSA se subrogará en la misma posición jurídica que ostentaba las extintas CVMC y la SAMC en las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de naturaleza laboral, convencional o extra convencional, y de seguridad social de los trabajadores.

«Se respetarán en todo caso la categoría profesional, la antigüedad y los derechos económicos adquiridos por el personal mencionado, así como sus derechos sociales, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, el personal laboral que presta sus servicios en la CVMC y la SAMC se adscribirá a la CACVSA en la mismas condiciones y derechos de los que eran titulares», han señalado.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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