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Un menor, fugado de un centro tutelado, abusa sexualmente de una niña de 10 años en Barcelona

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Un hombre mata en Lloret de Mar a su mujer y a su hija con un hacha y se ahorca con su bata

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un menor tutelado por la Generalitat que se había fugado de un centro de menores de Barcelona tras ser acusado de abusar de una niña de 10 años con la que tenía una amistad desde hacía tiempo.

El Ayuntamiento de Calella (Barcelona) ha detallado en un comunicado la sucesión de los hechos. Al parecer, el pasado domingo día 3 de noviembre, la Policía Local de Calella, a raíz de una llamada al 112, hizo una intervención para atender un posible caso de abusos sexuales a una menor, una niña de 10 años. Aunque el padre de la niña vive en Pineda, en el momento de recibir el aviso, la menor se encontraba en casa de su abuela en Calella, por ello se activó el protocolo en dicho municipio.

La Policía Local, una vez enterados de la situación, pidió al padre si quería interponer denuncia y se le ofreció acompañarlo a la comisaría de los Mossos para que se activaran los protocolos y para evitar la doble victimización (haber de explicar la víctima el caso a los dos cuerpos policiales.

Según los datos disponibles, el joven es un menor fugado de un centro de Barcelona que, en un primer momento, después de los hechos, huyó y este martes noche se entregó a la policía en Calella. Al parecer, el agresor y la víctima se conocían desde hacía unos meses.

Fuentes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias han informado que el menor, fugado de un centro de menores el pasado mes de septiembre, ha quedado en libertad vigilada tras declarar ante el juez y ha ingresado en un centro de menores con una orden de alejamiento de la víctima.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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