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València cobrará el IBI a la Iglesia a partir de marzo

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VALÈNCIA, FEB.- El Ayuntamiento de Valencia cobrará a partir del próximo 1 de marzo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de todas aquellas propiedades de la Iglesia que tengan un fin lucrativo.

El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha explicado que en el próximo mes de marzo está previsto que se empiecen a cobrar los primeros recibos, y ha señalado que se empezará primero por los de mayor cuantía ya que «son muchos años sin pagar».

Sin embargo, el edil ha remarcado que «la Iglesia tiene la obligación de pagar por estos inmuebles por los que obtiene un lucro directo en toda España y las Administraciones la de cobrarlo con diligencia».

Por este motivo, el Ayuntamiento tiene previsto recaudar alrededor de 2 millones de euros.

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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