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273 trabajadores de la Comunitat Valenciana y Murcia abandonan el Banco Santander tras el ERE

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Banco Santander ciberataque

VALÈNCIA/MADRID, 27 Nov.- Banco Santander ha dado por finalizado el grueso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que puso en marcha el pasado mes de mayo como consecuencia de las duplicidades derivadas de la integración de Banco Popular y que suponía la salida de 3.223 trabajadores, de los que 273 son de Comunitat Valenciana y Murcia según fuentes cercanas a la negociación consultadas por Europa Press.

Por comunidades autónomas, han abandonado la entidad un total de 354 trabajadores de la Comunidad de Madrid, 398 de Andalucía, 249 de Galicia, 221 de Cataluña, 238 de Castilla y León, 273 de Comunitat Valenciana y Murcia, 152 de País Vasco, 112 de Canarias, 127 de Castilla-La Mancha, 81 de Extremadura, 130 de Cantabria y Asturias, 141 entre Aragón, Navarra y La Rioja y 33 de Baleares. Además, ocho empleados formaban parte de territorial virtual y cuatro del calificado como grandes superficies.

En concreto, 3.030 personas se han acogido de forma voluntaria a este proceso de reestructuración, el 99% del total, y 39 empleados han salido de forma forzosa, lo que suma 3.069 trabajadores. De este modo, todavía quedaría un perímetro de 154 personas que está previsto que estén fuera antes de enero de 2020, fecha que el banco se había marcado como plazo límite para concluir este procedimiento.

La parte más complicada de este ERE ha sido la que afectaba a la red comercial, que ha sufrido el 82% de la reestructuración. El ámbito de los servicios centrales ha soportado el 17% de los despidos, algo más de 500 personas, y el de la sede ha asumido el 1%, menos de 30 empleados.

LA MAYORÍA PROCEDE DE SANTANDER, NO DE POPULAR
Asimismo, el desglose de las cifras apunta a que 1.028 salidas, es decir, el 33%, fue de mujeres, mientras que las 2.041 restantes, el 67%, estuvieron protagonizadas por hombres. Además, la mayor parte del ERE (62%) se aplicó en la plantilla de Banco Santander. El 38% de los despidos, unos 1.163 empleados, procedían de Banco Popular.

Por otro lado, el tipo de salidas se ha establecido en 1.708 empleados o el 55% del total mediante prejubilaciones y 1.361 o el 45% con indemnizaciones.

Para cubrir las extinciones, Santander ofreció a los empleados de entre 55 y 61 años prejubilarse con el 80% del salario pensionable o con el 75% más el 60% del complemento voluntario, mientras que a los mayores de 62 años les propuso abonar el equivalente a 20 días por año trabajado, con el límite de una anualidad, y sin primas.

El colectivo de entre 50 y 54 años podía dejar la entidad con el 60% del salario pensionable de seis anualidades y un tope máximo de 380.000 euros, sin descuento por desempleo y con un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años, actualizable hasta un máximo del 3%.

A este grupo también le daba primas por voluntariedad de 2.000 euros por cada trienio completo trabajado, una prima adicional de entre 5.000 y 30.000 euros en función de su antigüedad y otra de 15.000 euros.

En cuanto a los trabajadores de 49 años o menos, o los que tengan una edad superior pero no acumulen 15 años de antigüedad, las extinciones venían acompañadas de una indemnización de 40 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades.

A este colectivo también se le ofreció primas de voluntariedad de 2.000 euros por cada trienio de antigüedad y otras de entre 5.000 y 30.000 euros en función de los años que llevara en el banco.

Este acuerdo, que se firmó el pasado 17 de junio, fue suscrito por el 83% de la representación sindical, después de que la entidad presidida por Ana Botín lo justificara como consecuencia del proceso de integración, unificación y racionalización de las redes comerciales y estructuras intermedias de apoyo a las mismas entre los bancos Santander y Popular una vez producida la absorción del último por primero.

COMPROMISO DE RECOLOCAR A QUIEN QUIERA SEGUIR TRABAJANDO
Entre las salidas voluntarias y forzosas, una parte tiene intención de seguir en el mercado laboral, por lo que Banco Santander asumió el compromiso de recolocar al 100% de quienes quieran seguir trabajando, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones.

En el ERE llevado a cabo en 2016 se logró este objetivo, mientras que en el ajuste acometido en 2018 el éxito hasta ahora ha sido del 73%, con previsión de alcanzar el 100% en el segundo semestre del año.

Este proceso de reestructuración de la red ha implicado también el cierre de 1.128 sucursales. Precisamente el pasado viernes 22 de noviembre, la entidad culminó estas clausuras con la séptima y última oleada de cierres.

Desde el banco han asegurado en varias ocasiones que ningún municipio se ha quedado sin servicios bancarios pese a este proceso, ya que la mayoría de cierres se ha concentrado en las ciudades, al tiempo que ha estado reforzando su red de agentes y colaboradores, fundamentalmente en las poblaciones que carecen de sucursal.

Así, cada oficina que se cierra tiene otra sucursal del grupo a una distancia media de unos 230 metros y, el 65%, a menos de 200 metros.

Fuente: EUROPA PRESS

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La Guardia Civil confirma la rotura de la vía 22 horas antes del accidente de Adamuz, pero no saltó la alerta en Adif

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Apunta que Adif «no exigió» que el sistema alertara de una rotura de la vía pese a que en sus especificaciones lo recoge

Un informe de la Guardia Civil presentado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz, causando la tarde del domingo 18 de enero el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos.

A la vista de este informe, queda como «línea principal de investigación la rotura de raíl o soldadura, quedando descartadas las acciones de sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas y a expensas de los informes periciales y otra documentación o manifestaciones que puedan ser recabados, y como muy altamente improbable la causa de una pieza en la vía que diera lugar al accidente».

En dicho informe del día 28 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que «el sistema sólo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de ‘ocupación'», de modo que «en el caso de Adamuz, el Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída brusca de tensión la noche del 17 de enero, pero al mantenerse por encima del umbral no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento» de Adif.

En conclusión, se apunta que «el sistema SAM llegó a registrar de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con una rotura horas antes del accidente, pero el sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria», a lo que se añade que «Adif a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió».

Al respecto, un informe técnico recogido en la documentación, en fase de borrador, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro de Adamuz ya apuntó hace semanas a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento, todo ello «a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi», que se encarga del sistema de señalización.

En este sentido, el informe de la Benemérita indica que de la documentación aportada del sistema operado por Hitachi «se observan una serie de diagramas» en los que «se refleja que la tensión del circuito de vía se mantiene en el entorno de los dos voltios de tensión» del día 12 al 18 de enero. Sin embargo, desde las 21,46 horas del sábado 17 «se produce un descenso hasta el entorno de 1,5 voltios, no recuperándose dicha tensión hasta el accidente, sobre las 19,43 horas del día 18, en el que la tensión ya queda en cero».

Así, «se confirma que la rotura de vía se produjo en el tramo contemplado entre los kilómetros 319,412 y 318,665, por lo que esta indagatoria corroboraría la existencia de una rotura en ese tramo en el que se encuentra el kilómetro 318,681 y que se produjo a las 21,46 horas del día 17 de enero».

Además, se señala que «según la documentación, puede que fuera técnicamente posible detectar una rotura franca de carril» mediante los sistemas de señalización instalados, «aunque la fiabilidad de dicha detección depende de la configuración eléctrica de la vía».

En base a la manifestación de la responsable del sistema –empresa Hitachi Rail GTS Spain SAU proveedora de servicios contratada por Adif, «era posible detectar una rotura franca de carril en la vía 1 entre el kilómetro 317 y el 319, pero la fiabilidad de esta detección mediante los sistemas de señalización en esta línea específica era muy baja debido a la configuración eléctrica de la infraestructura».

«NO ES HABITUAL» LA VARIACIÓN DE TENSIÓN DE FORMA SOSTENIDA

Igualmente, se declara que ante la variación de la tensión de forma sostenida a lo largo del tiempo, desde las 21,46 horas del día 17 de enero hasta el cero de las 19,43 horas del día 18, «se comprueba que no es habitual durante la serie estudiada», en el período que abarca desde el día 12 de enero.

En este caso, se explica que «estas caídas de tensión se recogen en el SAM que se encuentra ubicado en la Base de Mantenimiento de Hornachuelos, que sólo se consulta por averías notificadas o por tareas de mantenimiento».

No obstante, la Guardia Civil afirma que «habrá que dilucidar si existía la posibilidad técnica de recibir algún tipo de alerta por estas caídas de tensión, sobre todo por el tiempo que se mantiene en esos niveles no habituales y por la gravedad de las consecuencias, puesto que una de ellas es la rotura del raíl, tal y como se reconoce en la manifestación, especialmente porque según las propias especificaciones de Adif, en el diseño del sistema debe establecerse la capacidad de poder detectar la rotura del carril y habiendo sido ya advertido en el memorando de la catenaria de 25KV, redactado para el trazado AVE en el año 1992».

En dicho memorando se advierte, refiriéndose al Sistema de Corriente y retorno y de puesta a tierra, que «el equipo de señalización de libre vía requiere que el número de las conexiones entre rieles y sistema de retorno sea mínimo, a fin de poder detectar la rotura de un riel». Y posteriormente se dice que «la puesta a tierra de los postes debe ser coordinada con la técnica de señalización para la detección de posibles roturas en los raíles».

LA CAUSA

En cuanto al hecho de determinar la causa o causas que dieron lugar al accidente de circulación ferroviaria, el Instituto Armado asevera que «esta cuestión sigue aún sin poder resolverse, en tanto en cuanto no se finalicen otras actuaciones de investigación como es la Inspección Técnico Ocular, además de contar con los resultados de los especialistas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios e informes periciales solicitados».

No obstante, y al objeto de aclarar las distintas líneas de investigación que se siguen por esta instrucción, se explica el estado actual de cada una de ellas y las gestiones pendientes de resolverse para confirmar o descartar cada una de ellas.

De este modo, se expone que «teniendo en cuenta que se produjo la rotura de un riel (hilo) o de la soldadura y con los datos recabados hasta la fecha, no es posible determinar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa, se investigan distintas causas».

Ante ello, se han tomado 19 manifestaciones a maquinistas de las empresas Ouigo, Iryo y Renfe, que circularon el mismo día del accidente por ese tramo, de forma que «salvo una manifestación que informa de un golpe en lado derecho, el resto no reporta ningún tipo de incidencia o sensación extraña».

Respecto a la causa del accidente, se significa que «la CIAF llevó a cabo inspecciones, con la finalidad de comprobar la rodadura de los trenes que circularon con anterioridad por el tramo en el que se produjo el descarrilamiento, dando como resultado que en varios de los trenes se apreciaron muescas compatibles con una rotura de raíl».

Una de las causas del descarrilamiento del tren Iryo, con la información disponible a la fecha de redacción del informe, «pudo ser la rotura del riel, marcado con la inscripción ‘Ensidesa’ del año 2023, acero de grado R350HT, del carril sentido Madrid y que se corresponde con el lote 4D2062, que son los carriles nuevos instalados en el entorno de Adamuz», a lo que se añade que «la rotura de un riel puede producirse por diversas causas técnicas, operativas y metalúrgicas que van desde el proceso de fabricación hasta el desgaste por el uso continuado».

Entretanto, en el informe se afirma que los agentes actualmente analizan las imágenes de las cámaras de los dos trenes, «por si pudieran aportar más información relativa al momento de la colisión».

 

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