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Valencia

Acusación popular: «Sólo Antonio Anglés podría resolver las dudas del caso Alcàsser»

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Diego Costa
El abogado Diego Costa, en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha
València, 28 nov (OFFICIAL PRESS- EFE).- La acusación popular que ejerce en el caso Alcàsser la Asociación para la Lucha contra el Crimen y la Prevención (Laxhsmi) defiende una “reapertura” del caso «con perspectiva analítica forense y criminológica» que no había en los 90 y pide buscar mejor a Antonio Anglés: “Hay interrogantes que sólo él podría resolver”.

En una entrevista con la Agencia EFE, el letrado de esta asociación, Diego Costa, explica que en la investigación del caso únicamente se hallaron evidencias documentales de la participación de Anglés en los crímenes, “ninguna prueba forense”.

Por ese motivo, ha pedido a la instructora -y ésta lo ha ordenado- el análisis de los vehículos de Miguel Ricart y Antonio Anglés, por si se pudiese hallar evidencias de la presencia de las menores asesinadas en ellos, así como de pelos hallados en los escenarios del crimen.

Pregunta.- ¿Quiénes conforman la asociación Laxshmi y cómo justifican su personación como acusación popular en el caso Alcàsser?

Respuesta.- Somos un grupo heterogéneo conformado por expertos forenses de toda España que colaboran de manera voluntaria y algunos abogados, conmigo al frente para los casos de mayor relevancia (el de Soledad Donoso en Córdoba, el triple asesinato de Piedra Hincada o el asesinato de Raimundo Toledo en Tenerife, entre otros), dada mi experiencia como penalista y estrecha colaboración con el criminólogo Félix Ríos (fundador de la asociación).

P.- ¿Qué cree que ha llevado a la Policía a solicitar permiso para usar el perfil de Anglés y poner en marcha una campaña de divulgación en la que pedirá el apoyo ciudadano?

R.- Seguramente lo hacen para intentar esclarecer todo lo posible el caso, ya que hay aún interrogantes que solo Anglés puede resolver, y llevar a quien tal vez sea el principal responsable ante la Justicia, para que responda por unos hechos tan reprobables.

P.- ¿Por qué ahora, casi tres décadas después de los crímenes?

R.- Pretendemos que se analice el caso con las técnicas forenses actuales. Apoyamos la necesidad de una reapertura en conciencia y con perspectiva analítica forense y criminológica que no existía en los años noventa.

P.- ¿Hubo fallos en el dispositivo de búsqueda de Anglés? ¿Qué se hizo mal o se pudo hacer mejor?

R.- Más que de fallos, hablaría de limitaciones técnicas y de los medios de la época en la que se realizó la investigación. También de la necesidad de esclarecer con celeridad el caso, que tal vez provocaron una cierta precipitación en la instrucción cuando se tuvo claro quiénes eran los autores y el móvil.

Quizá se tuvo la idea de estar ante un crimen simple en cuanto a su motivación y sobre todo en su autoría, y quizá hubo la sensación de que era innecesario profundizar en los aspectos forenses del caso, pero el tiempo ha demostrado que pudo ser un error.

P.- ¿Dónde se debería buscar a Antonio Anglés? La Policía informó recientemente al juzgado de que lo haría en Europa, en colaboración con la Interpol.

R.- Esto quedará a criterio del grupo de fugitivos de la Policía Nacional, pero creemos que se debe de extender a todos los países sospechosos de acoger a Anglés, como Argentina, Uruguay, Brasil o México, entre otros, y de hecho se han hecho algunas comprobaciones incluso en Estados Unidos (en referencia a la investigación, en 2009, del origen de unas llamadas telefónicas recibidas por la hermana de Anglés).

P.- ¿Cómo de consistente es la teoría de la muerte de Anglés en aguas de Irlanda frente a la de su posible supervivencia y huida todos estos años?

R.- Mientras no sea posible encontrar restos biológicos que apunten a la segura muerte de Anglés, entendemos que no debe descartarse ninguna hipótesis, incluida la de haber sobrevivido y que siga ocultándose a la acción de la justicia. No es intención de esta parte mantener abierta la investigación por razones mediáticas, sino para agotar toda posibilidad, por pequeña que sea, que lleve a localizarle, vivo o muerto.

El caso se cerraría así definitivamente, tanto para las familias como para una sociedad que quedó conmocionada por el atroz crimen cometido contra tres niñas que tenían toda una vida por delante. En caso de ser encontrado, deberá responder de los mismos hechos por los que fue juzgado el único condenado (Miguel Ricart).

P.- ¿Hay evidencias que conecten a Anglés con los crímenes?

R.- Por el momento, solo hay evidencias documentales (la multa y el parte médico a nombre del hermano que aparecieron en los escenarios), pero ninguna forense que lo inculpe. Sólo el testimonio de Ricart. Las evidencias forenses que hay son solo de su fuga (se encontró su esperma en un corral de Alborache (Valencia) donde se ocultó en su huida).

P.- En el caso de Marta del Castillo, un reciente documental apunta a nuevas pesquisas basadas en el posicionamiento de los móviles de los sospechosos. ¿En qué medida cree que el interés mediático mantiene vivo este caso?

R.- Es evidente que existe un interés mediático, pero desde la Asociación queremos y deseamos pensar que este interés responde a la necesidad de dar respuesta y sentido a unos hechos que solo pueden calificarse de inhumanos. De encontrar alguna explicación y sobre todo de que quienes lo cometieron, o participaron de alguna manera, respondan por ello.

P.- ¿Creen que Anglés sigue con vida?

R.– En estos años ha habido muchas diligencias policiales tendentes a verificar si sigue con vida y si mantiene contacto con alguien. El caso nuca ha estado parado para la Policía, pero ha habido repuntes en la investigación en determinados momentos.

Creo que todas las acusaciones trabajamos para evitar la prescripción de los hechos y que sea posible cerrar el caso con la condena de Anglés y de quienes hayan participado o ayudado en su huida. El último cálculo para la prescripción se fijó en 2029, pero todas las gestiones que se están practicando volverán a ampliar esa fecha.

Jordi Ferrer

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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