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Caso Lucía Vivar: Las incógnitas de la muerte de la pequeña

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El caso de la pequeña Lucía Vivar sigue generando diferentes teorías. Y es que después de saber que la autopsia realizada a la niña confirmaba que la causa de la muerte era por un fuerte golpe en la cabeza, su entorno afirmaba que tenía muchas dudas sobre todo lo ocurrido.

Nadie puede explicarse, ni los padres ni los vecinos de Pizarra,  cómo una pequeña de tan solo tres años pudo recorrer sola y de noche los más de tres kilómetros que separan el bar donde se perdió su pista del lugar en el que encontraron el cuerpo. Lucía estaba jugando con sus primos mientras sus padres, abuelos y tíos cenaban en la estación del bar. Poco antes de las once de la noche se perdió su rastro y su chupete apareció en un lugar a tres kilómetros.

Para llegar hasta donde apareció, Lucía tuvo que pasar por un tramo lleno de obstáculos y caminar cerca del río y de las vías del tren. Las dudas acechan a familiares, amigos y conocidos, quienes no creen que se tratara de una muerte accidental. 

Lucía Vivar Hidalgo la pequeña de tres años desapareció el pasado miércoles por la noche en el municipio de Pizarra, Málaga, y apareció muerta en una vía del tren a varios kilómetros de la localidad. 

Los padres de la niña alertaron de su desaparición alrededor de las 23:20 horas, mientras cenaban en un restaurante cercano a la estación de tren del término municipal malagueño.

El cuerpo de Lucía era hallado en la vía del tren que une las localidades malagueñas de Pizarra y Álora, a varios kilómetros de la zona de su desaparición.

Este viernes la pequeña era enterrada ante el desconsuelo de sus padres y familiares.

Cartel en el que se anunciaba la desaparición de Lucía

 

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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