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Blasco afirma que «ha aprendido la lección» tras su paso por prisión

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VALÈNCIA, 4 Feb – El exconseller ‘popular’ Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por fraude en las ayudas a la cooperación, ha afirmado este lunes que tras su «doloroso» paso por el centro penitenciario de Picassent (Valencia) ha «aprendido la lección» y ha sido «una persona consecuente con una sentencia judicial condenatoria» que ha «asumido con toda su importancia», lo que supone «una asunción de errores y delitos que, por sentencia, se me ha planteado».

Posteriormente, en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts, Blasco ha querido puntualizar que «reivindicar o no» su inocencia «es una cosa» que corresponde a su «fuero interno», aunque ha remarcado: «Sería estúpido que dijera que soy inocente y que estoy ahora allí de relleno en la cárcel».

Blasco se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga la contratación de la Generalitat con empresas vinculadas con la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, a la que ha asistido saludando a los periodistas y señalando que estaba «contento», días después de obtener el tercer grado penitenciario tras cumplir tres años y siete meses de su condena.

En esta línea, en la comisión ha apuntado que en la prisión «hay un porcentaje muy importante del colectivo que son inocentes». «Hay mucho inocente dentro de la cárcel y hay muy buenos profesionales que contribuyen a que un sistema penitenciario más que obsoleto funcione con cierta garantía», ha remarcado el ‘conseller’, quien en los pasillos ha subrayado que la estancia en la cárcel es una «experiencia que te ayuda a profundizar en los valores de la solidaridad, de la humanidad, de ver la importancia que tienen unos profesionales que, en unas situaciones muy hostiles» realizan un «trabajo muy meritorio».

Blasco ha comenzado su intervención mostrando su alegría por ver a los diputados y por volver a la cámara autonómica valenciana donde ha recordado que estuvo «muchos años» –fue diputado y portavoz del PP– y de la que siente «tanto respeto al trabajo que se hace aquí». «Me encuentro muy bien para contribuir a responderles, pero me resulta difícil opinar en cuestiones no tengo vinculación y relación», ha afirmado para incidir en que no tiene vinculación con lo que la comisión investiga.

De hecho, en numerosas ocasiones ha apuntado desconocer el motivo por el que había sido citado porque ha negado vinculación con el caso, pero ha dicho que se siente «muy bien de contestar» aunque fuera para «contradecir afirmaciones» que «no se corresponden más que con interés partidista para volver a animar cosas que están muy desfasadas en el tiempo y no se corresponden con la realidad».

«Si estoy aquí, no es por nada relacionado con Taula, pero tengo relativa experiencia política y sé cómo se utilizan arteramente los mecanismos parlamentarios y legales para introducir temas que no teniendo nada que ver con el motivo y el elemento esencial de una comisión permiten animar el asunto para intentar generar cierta confusión», ha señalado.

«NO HAY JUSTICIA HUMANA PERFECTA»
Blasco ha afirmado que, aunque «no hay ninguna justicia humana que sea perfecta y la divina es casi un milagro, como demócrata «uno debe aceptar las condenas por las razones que sean» y, en este sentido, ha subrayado que él las ha aceptado «desde el primer momento» y yo las he aceptado desde «el primer momento», independientemente de su opinión.

«He aprendido la lección de lo que ha sido una estancia dolorosa, de lo que ha sido estar en la cárcel. Me siento muy agradecido a las personas que me han venido manifestando desde el primer día la solidaridad. Yo he recibido una media de dos cartas diarias en el centro penitenciario todas de personas que no conozco afirmando la solidaridad con mi persona y eso me hace ser fuerte en mis convicciones», ha subrayado.

Preguntado por si va a devolver el dinero de las ayudas a cooperación, ha remarcado que él «no tiene responsabilidad civil, sino contable por un dinero defraudado a la administración pública». «Estamos desde hace nueve años esperando a que el Tribunal de Cuentas ejecute esa responsabilidad contable porque tenemos esos bienes embargados y no podemos hacer más allá de lo que ya hemos hecho que, ha sido poner nuestro patrimonio a disposición del Tribunal de Cuentas para que ejecute esa responsabilidad contable y resarcir las arcas de la administración pública», ha remarcado para señalar que, además, han pagado con «la cárcel».

«Mi disposición ha sido no solo a colaborar con la Justicia, sino que estamos pidiendo que ejecuten la responsabilidad contable con nuestros bienes embargados». Respecto al juicio pendiente por el resto de piezas de Cooperación, ha señalado a los medios: «Tengo que agarrarme a la presunción de inocencia». «Reconoceré mis responsabilidades y lo que no he hecho no lo reconoceré», ha zanjado.

«NINGUNA COMISIÓN»
Preguntado por cómo era la política de contrataciones del PP, ha subrayado que durante su etapa «en el gobierno no se discutían los modos de las contrataciones del Gobierno, así como él no ha visto que se invitara a empresas ni se pedía «ninguna comisión a las empresas». De hecho, ha señalado a él nunca le pidieron favores y no vio «si había una trama» que no cree que existiera.

Preguntado por su relación con el exsecretario autonómico de Educación y exgerente de Ciegsa, Máximo Caturla, ha señalado no tener ninguna relación con él más allá de una relación «institucional» con él, mientras que con el exgerente de Imelsa Marcos Benavent ha indicado que ésta no existía y ha lamentado que «se haya convertido en un oráculo» y «se creen todo lo que dice».»Me siento con suerte de no haber contratado con Benavent», ha ironizado sobre el autodenominado ‘yonki del dinero’.

SE EQUIVOCÓ AL NO DIMITIR ANTES
Sobre sus responsabilidades políticas, ha remarcado que nunca pensó que «la algarabía» que había en la Conselleria de Cooperación por «unas adjudicaciones que un señor defraudó», que iban a ser finalmente «irregularidades» y de las que él, según ha señalado que indica la sentencia, no se benefició «de un solo euro». Pero ha señalado que las asumió y está pagando por ello.

«Quizás en vez de resistirme como me resistí a aceptar políticamente que había un lío tremendo, yo pensé que eso no iba a derivar en una causa judicial con estos efectos y por eso me resistía a dimitir, quizás debería haberlo hecho antes. Me equivoqué», ha admitido.

Insistido por si pondría la mano en el fuego por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y por su relación con el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, ha indicado que el exjefe del Consell es «una persona honorable» y sobre él ahora mismo no hay «ninguna sentencia judicial que cuestione su comportamiento, mientras que de Rus ha dicho que le unía una amistad y siempre le ha parecido que era «una buena persona y un excelente gestor en la Diputación». «Sé que está en una investigación y le deseo lo mejor salvo que la justicia demuestre lo contrario», ha señalado.

Blasco ha deseado a los diputados «una buena campaña electoral», «que tengan mucha paz» y que ahora sus objetivos prioritarios son «acabar de cumplir la condena y dedicarse a su familia».

Información: Europapress

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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