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El testigo clave de la ‘caja b’ del PP de Valencia se desdice y trata de exculpar a Grau

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caja b PP de Valencia
El exvicealcalde de València, Alfonso Grau, a su llegada a la Ciuda de la Justicia en 2016. ARchivo/ EFE/Manuel Bruque.

València, 24 ene (OFFICIAL PRESS-EFE).- Jesús Gordillo, el exasesor del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau que reveló las supuestas corruptelas del PP de la ciudad para la financiación de las campañas electorales de Rita Barberá de 2007 y 2011, ha ofrecido este miércoles una declaración radicalmente contraria a la que prestó ante la Guardia Civil y el juez instructor para tratar de exculpar a Grau.

A pesar de las advertencias del presidente de la Sección Segunda sobre las posibles consecuencias de un falso testimonio, este exasesor ha atribuido hoy al empresario ya fallecido Vicente Sáez la propiedad de 350.000 euros en efectivo (supuestamente destinado para sufragar gastos electorales del PP en 2007) que en fase de instrucción atribuyó a Grau. Preguntado por este cambio de versión, Gordillo ha asegurado que declaró «presionado» ante la Guardia Civil, que fue víctima de «preguntas capciosas o malintencionadas», que su situación de salud «no era buena» y que, además (esto lo ha revelado cuando llevaba más de una hora declarando), un hombre le paró «en una calle poco transitada de València» y le amenazó mostrándole una foto de sus hijos.

«Me entregó una documentación, me dijo que la llevase al fiscal, le dije que no y me enseñó una foto de mis hijos», ha señalado este testigo, antes de aclarar que tuvo la documentación dos días en casa «sin mirarla» y que finalmente decidió entregarla a una periodista, a la que pidió una copia que todavía está esperando.

La Caja B del PP

La confesión de Gordillo fue esencial en la investigación de esta parte del caso Imelsa, puesto que fue exempleado de Laterne (grupo de comunicación que trabajó para el PP en sus campañas) y además trabajó a las órdenes del exvicealcalde Alfonso Grau.

Según consta en el sumario del caso, Gordillo hizo llegar a la Fiscalía -con la mediación de un periodista- documentos y facturas de pagos efectuados por Laterne correspondientes a actos de la campaña del PP de 2007, así como un contrato del 3 de abril de 2007 en el que Grau, como «mandatario del PP de València» suscribe con la citada empresa los servicios para la campaña por 150.000 euros.

También aportó correos electrónicos en los que, al parecer, se dan instrucciones para «eliminar la referencia del PP o a actos de campaña en la facturación» de las empresas que subcontrató Laterne.

La Guardia Civil observó indicios de autenticidad en toda esa documentación, por guardar relación con las declaraciones realizadas por la empresa a la Agencia Tributaria.

Esa documentación, según declaró Gordillo a la Guardia Civil, se la quedó cuando trabajaba en Laterne por recomendación de Grau.

Según su relato en fase de instrucción, tras la campaña de 2007 Laterne no había pagado a varias de las subcontratas, por lo que Grau le ordenó que recogiese de Secopsa un cheque de 150.000 euros y le entregó 350.000 euros en billetes de 500 para hacer frente a dichas deudas.

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Valencia

La huelga de taxis paraliza el centro de València: “Está en juego nuestro sustento”

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Taxis de Valencia secundando una huelga en protesta por el alto precio de los carburantes. Archivo/EFE/J.C.CARDENAS.

La huelga del sector del taxi ha tomado este martes las calles de València con una participación masiva. Según las asociaciones convocantes, cerca del 90 % de los taxistas han secundado el paro general para protestar contra la competencia desleal de las VTC y exigir a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que refuerce los controles e inspecciones.

“Estamos hartos. Se van a cargar el sustento de más de 7.000 familias en la Comunitat Valenciana”, denunció Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi de València, quien considera que la administración autonómica “no está haciendo lo suficiente para hacer cumplir la ley”.

Movilización multitudinaria por el centro de València

Desde primeras horas de la mañana, más de 2.000 taxis recorrieron las principales avenidas de la ciudad en dos grandes marchas: una salida por la avenida Naranjos y otra por Camp de Túria y Cortes Valencianas. Ambas columnas confluyeron en la Gran Vía y Plaza de España, avanzando con cláxones sonando hasta la Plaza del Ayuntamiento, la calle San Vicente y la avenida del Cid.

La Policía Local desplegó un amplio operativo para regular el tráfico y garantizar el acceso a los puntos más afectados. Además, se registraron piquetes informativos en el Aeropuerto de Manises, la estación Joaquín Sorolla, València Nord y la estación de autobuses, provocando retenciones y cortes puntuales en el transporte público.

Las protestas también se replicaron en otras localidades de la Comunitat, como Alicante, Elche, Castelló y Benidorm, donde el sector mostró su respaldo a las reivindicaciones.

Los taxistas acusan dejación de funciones y falta de inspección

El sector reclama una actuación más firme contra el intrusismo profesional de las plataformas VTC, que —según denuncian— continúan realizando servicios urbanos completos, algo prohibido por la normativa autonómica.

Los representantes del taxi aseguran que en 2025 la Policía Local de València solo ha interpuesto 530 sanciones, mientras que calculan que las VTC “han efectuado más de siete millones de servicios ilegales”. Para ellos, se trata de una cifra “claramente insuficiente” que demuestra la falta de medios de inspección.

Amenaza de nuevas movilizaciones

Si la Conselleria no presenta en los próximos días un plan normativo serio y eficaz, las asociaciones del taxi advierten que iniciarán un calendario de protestas que podría incluir nuevos paros, concentraciones y acciones directas frente a la sede de la Conselleria de Territorio.

El secretario de la Federación Sindical del Taxi de València, José Juan López González, insistió en que el objetivo no es “paralizar la ciudad”, sino “hacer visible el enfado de un sector que solo pide que se cumpla la ley”.

“No podemos permitir esta competencia desleal. Está en juego el sustento de miles de familias que viven del taxi en la Comunitat Valenciana”, añadió.

El Consell defiende su actuación

Por su parte, el conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus, ha mostrado su respeto hacia las protestas, pero ha asegurado que la Generalitat Valenciana cumple a rajatabla la normativa. Según explicó, las inspecciones a las VTC han aumentado un 60 % respecto al año anterior, y el departamento trabaja para reforzar los mecanismos de control en todo el territorio.

Aun así, las asociaciones del taxi consideran insuficientes las medidas actuales y mantienen la presión sobre el Gobierno autonómico, que afronta un nuevo desafío para equilibrar la convivencia entre el transporte tradicional y las plataformas digitales.


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