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Valencia

Carlos Flores (Vox), condenado por violencia machista, la figura clave para la gobernabilidad

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El candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores. EFE/Marcial Guillén

Carlos Flores Juberías, diputado electo en les Corts y candidato de Vox a la Generalitat Valenciana fue condenado en 2002 por un delito entonces considerado de violencia familiar, pero que hoy quedaría claramente dentro de los considerados como violencia machista.Y Flores es el que tiene la llave para la gobernabilidad en la Generalitat Valenciana.

La Audiencia Provincial de Valencia le condenó entonces por un «delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones» contra su expareja y madre de sus hijos a la que, según la resolución judicial, provocó un «quebranto psicológico».

Según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los tribunales consideraron probado que Flores Juberías persiguió a su expareja hasta en 21 ocasiones cuando ya se se habían divorciado profiriéndole insultos, vejaciones y amenazas tanto en su domicilio como en el colegio de los hijos y por la calle. Según este diario, la sentencia documenta que el acusado acudió en siete ocasiones en apenas un mes y medio hasta la calle del domicilio de la exesposa y bajo su balcón le gritó calificativos como «ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo, puta».

Carlos Flores (Vox)

(València, 1964), es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València (UV). En los comicios de 1982 concurrió a las elecciones generales en las listas de la ultraderechista Fuerza Nueva. Desde entonces estaba apartado de la política de primer línea pero ha ejercido como vocal del Consell Valencià de Transparència a propuesta del Partido Popular (PPCV), así como vocal de la Junta Electoral Valenciana.

El PP carga contra Carlos Flores

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha afirmado este lunes que cualquier persona que haya sido condenado por violencia machista, como es el caso del candidato de Vox a presidir la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, «no debería dedicarse a la política».

Sémper ha respondido así al ser preguntado, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP, sobre si para los populares es una «línea roja» que un condenado por violencia machista sea candidato de Vox y pueda pactar con el PP en la Comunitat Valenciana.

«Obviamente para nosotros alguien que es un maltratador o que ha sido condenado es una persona que no debería dedicarse a la política», ha recalcado el dirigente popular.

Puig, «muy de acuerdo» en que el PP ponga una «línea roja» a Flores

El president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha dicho estar «muy de acuerdo» con que el PP ponga una «línea roja» al candidato autonómico de Vox, Carlos Flores, aunque ha subrayado que los populares son «absolutamente conscientes» de que fue condenado por violencia machista y, aun sabiéndolo, lo nombraron «directamente» en dos cargos.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante la celebración del 45 aniversario del diario económico Cinco Días en Madrid, donde ha destacado que el PPCV nombró a Flores miembro del Consejo Electoral y del Consejo de Transparencia, por lo que saben «perfectamente» quién es el candidato de Vox a presidir la Generalitat.

«Creo que las líneas rojas que ahora dice marcar Borja Semper son correctas, pero deben dejar de marear, deben decir de una vez por todas la verdad. Y la verdad es que hay un acuerdo que se va a producir. No quieren que se produzca antes de las elecciones porque la verdad es que no está muy bien, pero finalmente se va a producir», ha aseverado.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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