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Valencia

El Consell recurrirá la condena a indemnizar a médicos por desprotección

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Alicante, 12 ene (EFE).- La Generalitat presentará un recurso de suplicación contra la sentencia de un juzgado de Alicante que condena a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los médicos, con cantidades que van desde los 5.000 hasta los 49.000 euros, por la falta de elementos de protección a la que fueron sometidos durante la primera ola de la pandemia de la covid-19, según fuentes sanitarias.

En el fallo, el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante da la razón al Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) y señala que la Conselleria de Sanidad tiene «la obligación», en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de «adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales».

El fallo añade que el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, «por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado».

Afirma que Sanidad infringió la obligación de tomar medidas «desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de COVID-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma» que estableció el real decreto del 14 de marzo de 2020.

Según la sentencia, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, entre los que se encontraban los 154 trabajadores demandantes, solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios, ya que las que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro.

«Se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables» y no se les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas, y a partir del mes de junio de 2020 fue cuando empezaron a tener mayor abastecimiento.

Asimismo, indica que los facultativos sanitarios «tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales», y por ello establece distintas indemnizaciones.

Así, establece 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados, de 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de covid-19; de 35.000 euros para cada uno de los trabajadores que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y de 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de covid-19 que fueron hospitalizados.

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Valencia

Polémica en València: el Ayuntamiento ordena al Circ de Nadal desalojar un solar municipal por falta de permiso

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El Ayuntamiento de València ha ordenado al Circ de Nadal desalojar el solar municipal donde estaba instalando su carpa al carecer de la autorización necesaria. Según fuentes municipales, además de ocupar sin permiso el terreno, la empresa circense mantiene pagos pendientes en vía ejecutiva con la administración local, motivo por el que también ha sido requerida a regularizar su situación económica.

La Policía Local ya había advertido en varias ocasiones a los responsables del circo, al constatar que estaban montando la infraestructura en un suelo de titularidad municipal sin la aprobación del consistorio. Tras trasladar la incidencia al servicio de Dominio Público, se ha emitido un requerimiento formal ordenando el desmontaje inmediato de lo instalado y la liberación de la parcela.

Críticas desde la oposición: “Un auténtico despropósito”

La concejala socialista Maite Ibáñez ha acusado al gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa María José Catalá (PP), de actuar con improvisación y “desgobierno”. Ibáñez sostiene que el consistorio ha bloqueado la licencia del circo con apenas 48 horas de margen respecto a su primer espectáculo, y critica que no se haya aplicado antes el acuerdo municipal que prohíbe las funciones con animales en la ciudad.

Según la edil del PSPV-PSOE, la decisión de exigir el desalojo no responde a motivos de protección animal, sino a la “falta de permisos”, lo que a su juicio “borra cualquier medida” en favor del circo sin animales. Ibáñez también apunta a una supuesta cesión del PP a Vox, sugiriendo que la resolución se ha producido coincidiendo con la investidura del candidato popular en Les Corts.

Para la concejala, esta situación podría formar parte de una estrategia para revertir la prohibición de espectáculos con animales vigente desde hace una década. “Los socialistas no vamos a consentir que el PP nos lleve a un pasado de maltrato animal”, ha afirmado.

Respuesta del gobierno local: “Falsedades y falta de rigor”

El equipo de gobierno ha rechazado rotundamente las acusaciones socialistas y ha lamentado las “mentiras” atribuidas al proceso administrativo. Desde el consistorio insisten en que no se ha denegado ninguna autorización, sino que se ha emitido un requerimiento para subsanar irregularidades previas a una posible concesión.

“El Ayuntamiento sigue trabajando para que la empresa cumpla toda la normativa”, recalcan fuentes municipales, que exigen a la oposición “rigor” y respeto por el trabajo de los técnicos. El gobierno local sostiene que sólo si el circo no atiende el requerimiento se procederá a denegar la autorización de ocupación del dominio público.

Asimismo, han pedido al PSPV que deje de generar “confusión” y de difundir “fake news” sobre un expediente que, según subrayan, continúa en curso.

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