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Valencia

El Consell recurrirá la condena a indemnizar a médicos por desprotección

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Alicante, 12 ene (EFE).- La Generalitat presentará un recurso de suplicación contra la sentencia de un juzgado de Alicante que condena a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los médicos, con cantidades que van desde los 5.000 hasta los 49.000 euros, por la falta de elementos de protección a la que fueron sometidos durante la primera ola de la pandemia de la covid-19, según fuentes sanitarias.

En el fallo, el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante da la razón al Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) y señala que la Conselleria de Sanidad tiene «la obligación», en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de «adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales».

El fallo añade que el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, «por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado».

Afirma que Sanidad infringió la obligación de tomar medidas «desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de COVID-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma» que estableció el real decreto del 14 de marzo de 2020.

Según la sentencia, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, entre los que se encontraban los 154 trabajadores demandantes, solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios, ya que las que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro.

«Se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables» y no se les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas, y a partir del mes de junio de 2020 fue cuando empezaron a tener mayor abastecimiento.

Asimismo, indica que los facultativos sanitarios «tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales», y por ello establece distintas indemnizaciones.

Así, establece 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados, de 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de covid-19; de 35.000 euros para cada uno de los trabajadores que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y de 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de covid-19 que fueron hospitalizados.

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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