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Valencia

El Consell recurrirá la condena a indemnizar a médicos por desprotección

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medicos

Alicante, 12 ene (EFE).- La Generalitat presentará un recurso de suplicación contra la sentencia de un juzgado de Alicante que condena a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los médicos, con cantidades que van desde los 5.000 hasta los 49.000 euros, por la falta de elementos de protección a la que fueron sometidos durante la primera ola de la pandemia de la covid-19, según fuentes sanitarias.

En el fallo, el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante da la razón al Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) y señala que la Conselleria de Sanidad tiene «la obligación», en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de «adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales».

El fallo añade que el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, «por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado».

Afirma que Sanidad infringió la obligación de tomar medidas «desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de COVID-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma» que estableció el real decreto del 14 de marzo de 2020.

Según la sentencia, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, entre los que se encontraban los 154 trabajadores demandantes, solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios, ya que las que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro.

«Se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables» y no se les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas, y a partir del mes de junio de 2020 fue cuando empezaron a tener mayor abastecimiento.

Asimismo, indica que los facultativos sanitarios «tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales», y por ello establece distintas indemnizaciones.

Así, establece 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados, de 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de covid-19; de 35.000 euros para cada uno de los trabajadores que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y de 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de covid-19 que fueron hospitalizados.

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Valencia

Catalá garantiza el derecho al descanso tras la sentencia que obliga a cambiar eventos en la Ciudad de las Artes de València

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Festival de les Arts 2026
Imagen de un concierto en la Ciudad de las Artes de València - EUROPA PRESS

La alcaldesa de María José Catalá ha asegurado que el Ayuntamiento “velará por el derecho al descanso” de los vecinos tras la sentencia judicial que obliga a adoptar medidas frente al ruido en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El fallo judicial ordena al consistorio actuar para evitar que conciertos, festivales o discotecas en este entorno vulneren derechos fundamentales como la intimidad y la integridad moral, incluyendo la posible revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos.


🧑‍⚖️ Una sentencia que cambia el escenario

La resolución, dictada por el Tribunal de Instancia de València, estima la demanda de vecinos de la zona y condena al Ayuntamiento a indemnizar con 3.000 euros a cada afectado por daños morales.

Aunque la sentencia aún puede recurrirse, el consistorio ya ha iniciado el análisis jurídico. Catalá ha subrayado que seguirán las recomendaciones de los servicios jurídicos, pero ha dejado clara la prioridad:

“El Ayuntamiento tiene que velar por los derechos fundamentales de los vecinos”.


🤝 Diálogo con la Generalitat y CACSA

Uno de los puntos clave del conflicto es que muchos de los eventos no dependen directamente del Ayuntamiento, sino de CACSA, empresa pública vinculada a la Generalitat Valenciana.

Por ello, el consistorio abrirá un proceso de diálogo con la administración autonómica para buscar soluciones como:

  • Reubicar festivales
  • Revisar autorizaciones
  • Adaptar la programación de eventos

Catalá ha insistido en que el Ayuntamiento no concede directamente las licencias, aunque sí tiene competencias en materia de contaminación acústica.


🔊 El ruido, en el centro del conflicto

La sentencia pone el foco en el impacto de grandes eventos y locales de ocio sobre los residentes del entorno. La alcaldesa ha reconocido que la resolución es clara y que el consistorio actuará para evitar que la situación continúe.

Entre las posibles medidas se contemplan:

  • Cambios en la ubicación de festivales
  • Nuevas limitaciones de ruido
  • Revisión de actividades nocturnas

📍 ¿Nuevas ubicaciones para los festivales?

Sobre alternativas como La Marina u otros espacios de la ciudad, Catalá ha evitado concretar, aunque ha señalado que se estudiarán todas las opciones junto a promotores y administraciones.

Eso sí, ha sido tajante en la prioridad:

“Los derechos fundamentales de los vecinos están por encima de cualquier otra casuística”.


🧭 Un debate abierto en València

Este caso reabre el debate sobre el equilibrio entre:

  • El ocio y la actividad cultural
  • El turismo y los grandes eventos
  • El descanso vecinal y la calidad de vida

La decisión judicial podría marcar un precedente en la organización de eventos en grandes recintos urbanos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

 

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