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Valencia

El Consell recurrirá la condena a indemnizar a médicos por desprotección

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medicos

Alicante, 12 ene (EFE).- La Generalitat presentará un recurso de suplicación contra la sentencia de un juzgado de Alicante que condena a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los médicos, con cantidades que van desde los 5.000 hasta los 49.000 euros, por la falta de elementos de protección a la que fueron sometidos durante la primera ola de la pandemia de la covid-19, según fuentes sanitarias.

En el fallo, el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante da la razón al Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) y señala que la Conselleria de Sanidad tiene «la obligación», en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de «adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales».

El fallo añade que el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, «por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado».

Afirma que Sanidad infringió la obligación de tomar medidas «desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de COVID-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma» que estableció el real decreto del 14 de marzo de 2020.

Según la sentencia, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, entre los que se encontraban los 154 trabajadores demandantes, solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios, ya que las que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro.

«Se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables» y no se les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas, y a partir del mes de junio de 2020 fue cuando empezaron a tener mayor abastecimiento.

Asimismo, indica que los facultativos sanitarios «tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales», y por ello establece distintas indemnizaciones.

Así, establece 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados, de 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de covid-19; de 35.000 euros para cada uno de los trabajadores que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y de 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de covid-19 que fueron hospitalizados.

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Sucesos

La jueza deja en libertad al anestesista de la clínica dental de Alzira tras la muerte de una niña

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Muere una niña de 6 años tras tratamiento dental Alzira
Cartel en la clínica dental donde fue tratada la menor - EUROPA PRESS

La investigación apunta a una posible mala praxis y uso irregular de fármacos en la Clínica Mireia

La jueza del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alzira ha ordenado este miércoles la puesta en libertad del anestesista detenido por la muerte de una niña de seis años tras un tratamiento dental en la Clínica de Alzira. El especialista, de 43 años y con casi 20 años de experiencia, queda investigado por presuntos delitos de:

  • Homicidio

  • Lesiones

  • Delito contra la salud pública

  • Omisión del deber de socorro

  • Hurto, por la supuesta sustracción de fármacos en el hospital donde trabajaba

La dueña de la clínica, también detenida e interrogada, ha quedado en libertad con cargos y está siendo investigada por omisión de socorro y delito contra la salud pública.


Cinco horas de declaración ante la jueza

El anestesista llegó a los juzgados escoltado por la Policía Nacional y protegido por familiares que impidieron que se le fotografiara. Su declaración se prolongó durante más de cinco horas, respondiendo a todas las preguntas de la fiscal y de su defensa.

El acusado abandonó los juzgados alrededor de las 17:00 horas, nuevamente protegido por familiares que se enfrentaron a los medios de comunicación.


🔬 Los pilares de la investigación

La muerte de la menor y la grave intoxicación de otra niña de 4 años —que estuvo ingresada en la UCI pediátrica durante doce días— activaron una investigación por parte del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Las dos niñas mostraban síntomas similares: somnolencia, mareos y dificultad respiratoria.

La investigación se centra en dos aspectos clave:

  1. La clínica no tenía autorización para aplicar sedación consciente.
    Esto motivó la suspensión cautelar de su actividad por parte de la Conselleria de Sanidad.

  2. Faltaban recursos esenciales, como una sala de despertar, requerida para cualquier procedimiento que incluya sedación.

Además, durante los registros en la clínica y en el domicilio del anestesista, se hallaron fármacos cuya procedencia no habría podido justificarse.


La dueña de la clínica, en libertad con cargos

La propietaria fue detenida horas después que el anestesista e investigada por omisión de socorro y delito contra la salud pública. Tras prestar declaración, quedó en libertad mientras la investigación continúa.


A la espera de los resultados toxicológicos

La autopsia inicial no ha encontrado:

  • Malformaciones congénitas

  • Problemas cardíacos

  • Obstrucciones en las vías aéreas

  • Restos que pudieran explicar una muerte accidental

Esto dirige toda la atención a los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona. Los peritos investigan qué fármacos fueron utilizados en:

  • La sedación consciente aplicada por el anestesista

  • La anestesia local administrada por la odontopediatra

Ambos profesionales han declarado que utilizaron preparados estándar y dosis ajustadas al peso y edad de las niñas.

También se están analizando los viales incautados en la clínica pocas horas después de la tragedia.

Qué se sabe hasta ahora del anestesista detenido tras la muerte de una niña en la clínica dental de Alzira

 

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