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Valencia

Zaplana pide al Tribunal Supremo su absolución por la trama de las ITV en el caso Erial

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El juicio a Eduardo Zaplana
Captura de la señal institucional de las declaraciones del exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana durante la última sesión del juicio del caso Erial, este jueves. EFE/Ana Escobar

Sigue desde Official Press el juicio a Eduardo Zaplana:

València, 12 marzo (OFFICIAL PRESS)

El expresidente de la Generalitat Valenciana alega indefensión, pruebas prefabricadas y contradicciones en su condena

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP, Eduardo Zaplana, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) su absolución en la causa de la trama de las ITV del caso Erial, argumentando que su condena se basa en pruebas obtenidas de manera irregular, indicios equívocos y declaraciones pactadas con la Fiscalía.

En su recurso, presentado por su abogado Daniel Campos, Zaplana denuncia que ha sido víctima de un «engaño», alegando que los documentos que sirvieron para iniciar la causa fueron obtenidos sin autorización judicial y que la investigación se basó en presunciones sin pruebas contundentes.


La condena de Zaplana en el caso Erial

La sentencia de la Audiencia de Valencia, dictada en octubre de 2024, impuso a Zaplana una pena de 10 años y cinco meses de prisión por recibir supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana entre 1997 y 2003. Se le atribuyeron los delitos de:
Prevaricación
Cohecho
Falsedad documental
Blanqueo de capitales

Además, se le impusieron multas por más de 25 millones de euros por canalizar las comisiones a través de sociedades en España, Panamá, Luxemburgo y Andorra.


¿Por qué Zaplana pide su absolución?

El recurso presentado ante el Tribunal Supremo argumenta varios puntos clave para solicitar la anulación de la sentencia:

Pruebas obtenidas sin garantías legales:

  • Los documentos conocidos como «hoja de ruta», que iniciaron la causa, fueron hallados en el despacho del abogado de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y conocido como «el yonki del dinero».
  • Según la defensa, estos papeles fueron incautados sin autorización judicial y usados como base para una investigación prospectiva irregular.
  • La Audiencia, en su sentencia, reconoció que estos documentos carecían de valor probatorio, pero la investigación continuó basándose en ellos.

Incongruencias en la acusación por el amaño de las ITV:

  • El abogado de Zaplana sostiene que los documentos del caso contradicen la versión de la sentencia, en especial sobre el papel de la Mesa de Contratación.
  • Argumenta que Zaplana no tenía competencias directas en la adjudicación de las ITV ni presionó a los responsables del proceso.

Testigos con acuerdos con la Fiscalía:

  • La defensa critica que la condena se basa en declaraciones pactadas con la Fiscalía, citando el caso del empresario uruguayo Fernando Belhot, quien testificó que gestionó fondos ilícitos de Zaplana.
  • Según el recurso, Belhot estaba imputado por blanqueo de capitales, pero tras colaborar con la Fiscalía, obtuvo beneficios legales.
  • Otros acusados como Joaquín Barceló, Juan Francisco García y sus cónyuges también habrían recibido trato favorable a cambio de incriminar a Zaplana.

Contradicciones en la sentencia:

  • La defensa subraya que la Audiencia absolvió a otros acusados, como el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, en hechos relacionados con el Plan Eólico, aplicando argumentos que deberían ser válidos también para el caso de las ITV.
  • Se critica que se condene a Zaplana por decisiones que no tomó y por delitos que no están suficientemente acreditados.

¿Qué busca Zaplana en el Tribunal Supremo?

Ante la gravedad de la condena y su trascendencia social, la defensa de Zaplana ha solicitado al Tribunal Supremo la celebración de una vista oral en la que pueda exponer sus argumentos y defender su absolución.

El objetivo es que el Supremo reevalúe las pruebas y testimonios clave, valore las irregularidades procesales y anule la sentencia de la Audiencia de Valencia.

La resolución del TS marcará un punto decisivo en el caso, que ha sido uno de los más mediáticos en la Comunitat Valenciana y en la política española.


El juicio a Zaplana, en imágenes:

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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