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Valencia

Zaplana pide al Tribunal Supremo su absolución por la trama de las ITV en el caso Erial

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El juicio a Eduardo Zaplana
Captura de la señal institucional de las declaraciones del exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana durante la última sesión del juicio del caso Erial, este jueves. EFE/Ana Escobar

Sigue desde Official Press el juicio a Eduardo Zaplana:

València, 12 marzo (OFFICIAL PRESS)

El expresidente de la Generalitat Valenciana alega indefensión, pruebas prefabricadas y contradicciones en su condena

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP, Eduardo Zaplana, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) su absolución en la causa de la trama de las ITV del caso Erial, argumentando que su condena se basa en pruebas obtenidas de manera irregular, indicios equívocos y declaraciones pactadas con la Fiscalía.

En su recurso, presentado por su abogado Daniel Campos, Zaplana denuncia que ha sido víctima de un «engaño», alegando que los documentos que sirvieron para iniciar la causa fueron obtenidos sin autorización judicial y que la investigación se basó en presunciones sin pruebas contundentes.


La condena de Zaplana en el caso Erial

La sentencia de la Audiencia de Valencia, dictada en octubre de 2024, impuso a Zaplana una pena de 10 años y cinco meses de prisión por recibir supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana entre 1997 y 2003. Se le atribuyeron los delitos de:
Prevaricación
Cohecho
Falsedad documental
Blanqueo de capitales

Además, se le impusieron multas por más de 25 millones de euros por canalizar las comisiones a través de sociedades en España, Panamá, Luxemburgo y Andorra.


¿Por qué Zaplana pide su absolución?

El recurso presentado ante el Tribunal Supremo argumenta varios puntos clave para solicitar la anulación de la sentencia:

Pruebas obtenidas sin garantías legales:

  • Los documentos conocidos como «hoja de ruta», que iniciaron la causa, fueron hallados en el despacho del abogado de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y conocido como «el yonki del dinero».
  • Según la defensa, estos papeles fueron incautados sin autorización judicial y usados como base para una investigación prospectiva irregular.
  • La Audiencia, en su sentencia, reconoció que estos documentos carecían de valor probatorio, pero la investigación continuó basándose en ellos.

Incongruencias en la acusación por el amaño de las ITV:

  • El abogado de Zaplana sostiene que los documentos del caso contradicen la versión de la sentencia, en especial sobre el papel de la Mesa de Contratación.
  • Argumenta que Zaplana no tenía competencias directas en la adjudicación de las ITV ni presionó a los responsables del proceso.

Testigos con acuerdos con la Fiscalía:

  • La defensa critica que la condena se basa en declaraciones pactadas con la Fiscalía, citando el caso del empresario uruguayo Fernando Belhot, quien testificó que gestionó fondos ilícitos de Zaplana.
  • Según el recurso, Belhot estaba imputado por blanqueo de capitales, pero tras colaborar con la Fiscalía, obtuvo beneficios legales.
  • Otros acusados como Joaquín Barceló, Juan Francisco García y sus cónyuges también habrían recibido trato favorable a cambio de incriminar a Zaplana.

Contradicciones en la sentencia:

  • La defensa subraya que la Audiencia absolvió a otros acusados, como el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, en hechos relacionados con el Plan Eólico, aplicando argumentos que deberían ser válidos también para el caso de las ITV.
  • Se critica que se condene a Zaplana por decisiones que no tomó y por delitos que no están suficientemente acreditados.

¿Qué busca Zaplana en el Tribunal Supremo?

Ante la gravedad de la condena y su trascendencia social, la defensa de Zaplana ha solicitado al Tribunal Supremo la celebración de una vista oral en la que pueda exponer sus argumentos y defender su absolución.

El objetivo es que el Supremo reevalúe las pruebas y testimonios clave, valore las irregularidades procesales y anule la sentencia de la Audiencia de Valencia.

La resolución del TS marcará un punto decisivo en el caso, que ha sido uno de los más mediáticos en la Comunitat Valenciana y en la política española.


El juicio a Zaplana, en imágenes:

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Sucesos

Indemnizan con 225.000 € a la familia de una paciente fallecida tras 36 horas en Urgencias del Hospital General de València

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indemnización hospital general pancreatitis

La Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años fallecida por pancreatitis aguda después de pasar 36 horas en Urgencias sin recibir atención médica adecuada.

El acuerdo se ha alcanzado tras la reclamación de la asociación El Defensor del Paciente, cuyos abogados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre presentaron la reclamación patrimonial contra la sanidad pública por negligencia médica.

Cronología de los hechos

Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió a Urgencias del Hospital General de València por dolor abdominal intenso, vómitos y sensación de hinchazón. Tras una primera exploración y ecografía abdominal, se diagnosticó pancreatitis aguda biliar y se solicitó su ingreso en hospitalización.

Sin embargo, no había camas disponibles, por lo que la paciente permaneció en un box de Urgencias durante 36 horas, esperando atención médica. Durante ese tiempo, no se registraron constantes vitales ni se realizaron controles ni analíticas. Finalmente, la mujer falleció sin recibir tratamiento, según señalan los informes.

Pancreatitis aguda: un riesgo grave

La pancreatitis puede presentarse de forma leve, con evolución favorable, o grave, con inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo orgánico múltiple, cuya mortalidad puede superar el 30%.

Los expertos subrayan que en los casos graves se requiere vigilancia intensiva y tratamiento inmediato. La ausencia de monitoreo y atención en Urgencias del Hospital General de València contribuyó directamente a la muerte de la paciente, según la asociación.

Declaraciones de la asociación

La asociación El Defensor del Paciente critica la inacción del personal sanitario, calificándola de «evitable» y de un incumplimiento del mínimo de atención esperado en cualquier hospital. La paciente quedó «privada de la posibilidad de un tratamiento que podría haber salvado su vida», añaden.

Indemnización y acuerdo

El seguro de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario cubrirán 225.000 euros en concepto de indemnización por negligencia médica, poniendo fin al procedimiento administrativo iniciado por los familiares de la fallecida.

 

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