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Valencia

Zaplana pide al Tribunal Supremo su absolución por la trama de las ITV en el caso Erial

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El juicio a Eduardo Zaplana
Captura de la señal institucional de las declaraciones del exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana durante la última sesión del juicio del caso Erial, este jueves. EFE/Ana Escobar

Sigue desde Official Press el juicio a Eduardo Zaplana:

València, 12 marzo (OFFICIAL PRESS)

El expresidente de la Generalitat Valenciana alega indefensión, pruebas prefabricadas y contradicciones en su condena

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP, Eduardo Zaplana, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) su absolución en la causa de la trama de las ITV del caso Erial, argumentando que su condena se basa en pruebas obtenidas de manera irregular, indicios equívocos y declaraciones pactadas con la Fiscalía.

En su recurso, presentado por su abogado Daniel Campos, Zaplana denuncia que ha sido víctima de un «engaño», alegando que los documentos que sirvieron para iniciar la causa fueron obtenidos sin autorización judicial y que la investigación se basó en presunciones sin pruebas contundentes.


La condena de Zaplana en el caso Erial

La sentencia de la Audiencia de Valencia, dictada en octubre de 2024, impuso a Zaplana una pena de 10 años y cinco meses de prisión por recibir supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana entre 1997 y 2003. Se le atribuyeron los delitos de:
Prevaricación
Cohecho
Falsedad documental
Blanqueo de capitales

Además, se le impusieron multas por más de 25 millones de euros por canalizar las comisiones a través de sociedades en España, Panamá, Luxemburgo y Andorra.


¿Por qué Zaplana pide su absolución?

El recurso presentado ante el Tribunal Supremo argumenta varios puntos clave para solicitar la anulación de la sentencia:

Pruebas obtenidas sin garantías legales:

  • Los documentos conocidos como «hoja de ruta», que iniciaron la causa, fueron hallados en el despacho del abogado de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y conocido como «el yonki del dinero».
  • Según la defensa, estos papeles fueron incautados sin autorización judicial y usados como base para una investigación prospectiva irregular.
  • La Audiencia, en su sentencia, reconoció que estos documentos carecían de valor probatorio, pero la investigación continuó basándose en ellos.

Incongruencias en la acusación por el amaño de las ITV:

  • El abogado de Zaplana sostiene que los documentos del caso contradicen la versión de la sentencia, en especial sobre el papel de la Mesa de Contratación.
  • Argumenta que Zaplana no tenía competencias directas en la adjudicación de las ITV ni presionó a los responsables del proceso.

Testigos con acuerdos con la Fiscalía:

  • La defensa critica que la condena se basa en declaraciones pactadas con la Fiscalía, citando el caso del empresario uruguayo Fernando Belhot, quien testificó que gestionó fondos ilícitos de Zaplana.
  • Según el recurso, Belhot estaba imputado por blanqueo de capitales, pero tras colaborar con la Fiscalía, obtuvo beneficios legales.
  • Otros acusados como Joaquín Barceló, Juan Francisco García y sus cónyuges también habrían recibido trato favorable a cambio de incriminar a Zaplana.

Contradicciones en la sentencia:

  • La defensa subraya que la Audiencia absolvió a otros acusados, como el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, en hechos relacionados con el Plan Eólico, aplicando argumentos que deberían ser válidos también para el caso de las ITV.
  • Se critica que se condene a Zaplana por decisiones que no tomó y por delitos que no están suficientemente acreditados.

¿Qué busca Zaplana en el Tribunal Supremo?

Ante la gravedad de la condena y su trascendencia social, la defensa de Zaplana ha solicitado al Tribunal Supremo la celebración de una vista oral en la que pueda exponer sus argumentos y defender su absolución.

El objetivo es que el Supremo reevalúe las pruebas y testimonios clave, valore las irregularidades procesales y anule la sentencia de la Audiencia de Valencia.

La resolución del TS marcará un punto decisivo en el caso, que ha sido uno de los más mediáticos en la Comunitat Valenciana y en la política española.


El juicio a Zaplana, en imágenes:

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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