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Valencia

El ocio nocturno acampa hasta que el Consell elabore un plan de choque

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EFE/Kai Försterling

València, 13 abr (EFE).- Empresarios y trabajadores del ocio nocturno de Valencia, Alicante y Castellón han iniciado este martes una acampada ante el Palau de la Generalitat, que mantendrán durante 13 horas diarias -de 8 a 21 horas- hasta que el Consell elabore un plan de choque que frene su ruina económica.

Tras trece meses con la actividad restringida, sin ingresos y sin ayudas a causa de la covid-19, las pymes y empresas del sector han levantado trece pequeñas tiendas de campaña ante la sede del gobierno valenciano para exigir «soluciones ya».

Así se refleja en las pancartas y carteles que llevan y en los que se puede leer: «El ocio se planta. 13 meses sin actividad, 13 meses abandonados, 13 meses sin ayudas reales, 13 meses sin ingresos. Soluciones ya!!!».

En un comunicado, el sector ha informado que arrastra pérdidas de 300.000 euros en discotecas y 100.000 en pub y que inician el campamento hoy con 13 tiendas y durante 13 horas al día «hasta que el Consell ponga sobre la mesa un verdadero plan de rescate y cumpla con los compromisos adquiridos».

Ante estas «devastadoras cifras», han asegurado que no cesarán en su lucha, convocada por las 15 asociaciones de la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH), surgida del movimiento de la Asamblea de la Acampada del Ocio Nocturno, puesta en marcha para pedir justicia para el sector.

Bajo el eslogan «El Ocio se Planta» y las etiquetas #13A y #13Meses, realizarán diferentes acciones durante la acampada para reclamar que el Gobierno valenciano «aporte soluciones urgentes y realistas y no meros parches económicos».

No darán marcha atrás hasta tener sobre la mesa un plan de rescate económico que «empiece por inyectar ya los 8 millones de euros comprometidos dentro del Plan Resistir, como ayudas específicas para salvar el ocio nocturno».

Han reclamado que se amplíen los recursos para cubrir todas las solicitudes de ayudas porque las previsiones del Consell era ayudar a 700 cuando el número de solicitantes sobrepasa los 1.000, y han criticado que las ayudas no han llegado 5 meses después.

El sector ha cifrado en 50 millones el plan de rescate dentro del Plan Resistir+ «para abordar el cierre encubierto impuesto por el Consell desde el pasado 30 de diciembre».

En este contexto y con la previsión de que se extenderá hasta el 9 de mayo, el sector cree que el plan de ayudas y las compensaciones económicas «deberían estar ya encima de la mesa y tramitándose para poder salvar al mayor número posible de las más de mil empresas que, a duras penas, han conseguido sobrevivir hasta ahora».

«La acampada será inamovible hasta que no se definan los proyectos dirigidos a proteger y a potenciar la resistencia del sector dentro de los fondos Next Generation de la Unión Europea», que ascienden a 140.000 millones de euros, de los cuales la Generalitat gestionará más de 6.300, han sostenido.

La CEOH ha considerado que dado el peso del sector (el 1,8 % del PIB), 150 millones (2,5 %), deberían ir a reconstruir un sector «vital y estratégico para el modelo turístico de la Comunitat Valenciana, al que la Generalitat ha mantenido abandonado durante toda la crisis del coronavirus».

El presidente de la CEOH, Lalo Díez, ha explicado a EFE TV que en 2020 han facturado «apenas un 8 %» respecto a 2019 y ha recordado que han alternado el cierre con pocos momentos de aperturas pero siempre «con restricciones», lo que ha llevado a que «el 40 % de las empresas del sector han desaparecido».

A su juicio, es «mucho más seguro un local que una casa o que una fiesta ilegal en un chelet» y ha reclamado «medidas económicas sobre la mesa» porque ellos «no» son «los responsables del coronavirus» pero están «sufriendo la pandemia económica y la sanitaria».

El propietario de Radio City, Luis Padilla, ha explicado que el día 1 de julio entra en «apnea» porque «no» le queda «ni un duro» y tendrá que cerrar y «perder todo», incluso la licencia y ha reprochado que se está cometiendo contra ellos «no una injusticia sino una tremenda ilegalidad» por carecer de compensaciones.

Carmen Ferrer, que lleva 36 años regentando un pub, ha asegurado que están «agonizando» porque se les acabaron los ahorros hace tiempo y ha lamentado que con las ayudas de 2.000 euros «no» hacen «nada».

El DJ Quique Jaén ha recordado que tiene «familia e hijos» y que «pagar colegios, agua y luz» y ha instado a los políticos a estar 14 meses sin cobrar: «A ver si no saldrían con una pancarta».

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Valencia

Investigan al alcalde de Jérica (PP) por presuntas agresiones sexuales a dos menores

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Jorge Peiró

Partido Popular suspende su militancia y lo cesa como asesor en la Diputación de Castellón

El alcalde de Jérica (Castellón), Jorge Peiró, del Partido Popular, está siendo investigado por presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La causa se tramita en la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe y está abierta desde hace varios meses. La jueza que instruye el caso impuso medidas cautelares que incluyen alejamiento y prohibición de comunicación con los denunciantes, las cuales continúan vigentes.


Reacciones del Partido Popular

El PP de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión inmediata de militancia de Peiró y lo ha cesado como asesor del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Castellón. El partido ha reafirmado su respeto a la justicia y a la presunción de inocencia del investigado.


Reacciones del PSPV-PSOE

El PSPV-PSOE provincial ha pedido que Peiró dimita como alcalde de Jérica, argumentando que su imputación es incompatible con el ejercicio de un cargo público.
Maria Jiménez, secretaria de Organización del PSPV-PSOE en Castelló, instó a los responsables del PP provincial, Marta Barrachina y Salvador Aguilella, a tomar medidas contundentes frente a esta situación.


Contexto

Jorge Peiró es alcalde de Jérica desde 2019. La investigación busca determinar la presunta implicación en agresiones sexuales a dos menores de edad. La apertura de la causa y las medidas cautelares reflejan la gravedad de las denuncias y la protección de las víctimas durante el proceso judicial.

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