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Valencia

El ocio nocturno acampa hasta que el Consell elabore un plan de choque

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EFE/Kai Försterling

València, 13 abr (EFE).- Empresarios y trabajadores del ocio nocturno de Valencia, Alicante y Castellón han iniciado este martes una acampada ante el Palau de la Generalitat, que mantendrán durante 13 horas diarias -de 8 a 21 horas- hasta que el Consell elabore un plan de choque que frene su ruina económica.

Tras trece meses con la actividad restringida, sin ingresos y sin ayudas a causa de la covid-19, las pymes y empresas del sector han levantado trece pequeñas tiendas de campaña ante la sede del gobierno valenciano para exigir «soluciones ya».

Así se refleja en las pancartas y carteles que llevan y en los que se puede leer: «El ocio se planta. 13 meses sin actividad, 13 meses abandonados, 13 meses sin ayudas reales, 13 meses sin ingresos. Soluciones ya!!!».

En un comunicado, el sector ha informado que arrastra pérdidas de 300.000 euros en discotecas y 100.000 en pub y que inician el campamento hoy con 13 tiendas y durante 13 horas al día «hasta que el Consell ponga sobre la mesa un verdadero plan de rescate y cumpla con los compromisos adquiridos».

Ante estas «devastadoras cifras», han asegurado que no cesarán en su lucha, convocada por las 15 asociaciones de la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH), surgida del movimiento de la Asamblea de la Acampada del Ocio Nocturno, puesta en marcha para pedir justicia para el sector.

Bajo el eslogan «El Ocio se Planta» y las etiquetas #13A y #13Meses, realizarán diferentes acciones durante la acampada para reclamar que el Gobierno valenciano «aporte soluciones urgentes y realistas y no meros parches económicos».

No darán marcha atrás hasta tener sobre la mesa un plan de rescate económico que «empiece por inyectar ya los 8 millones de euros comprometidos dentro del Plan Resistir, como ayudas específicas para salvar el ocio nocturno».

Han reclamado que se amplíen los recursos para cubrir todas las solicitudes de ayudas porque las previsiones del Consell era ayudar a 700 cuando el número de solicitantes sobrepasa los 1.000, y han criticado que las ayudas no han llegado 5 meses después.

El sector ha cifrado en 50 millones el plan de rescate dentro del Plan Resistir+ «para abordar el cierre encubierto impuesto por el Consell desde el pasado 30 de diciembre».

En este contexto y con la previsión de que se extenderá hasta el 9 de mayo, el sector cree que el plan de ayudas y las compensaciones económicas «deberían estar ya encima de la mesa y tramitándose para poder salvar al mayor número posible de las más de mil empresas que, a duras penas, han conseguido sobrevivir hasta ahora».

«La acampada será inamovible hasta que no se definan los proyectos dirigidos a proteger y a potenciar la resistencia del sector dentro de los fondos Next Generation de la Unión Europea», que ascienden a 140.000 millones de euros, de los cuales la Generalitat gestionará más de 6.300, han sostenido.

La CEOH ha considerado que dado el peso del sector (el 1,8 % del PIB), 150 millones (2,5 %), deberían ir a reconstruir un sector «vital y estratégico para el modelo turístico de la Comunitat Valenciana, al que la Generalitat ha mantenido abandonado durante toda la crisis del coronavirus».

El presidente de la CEOH, Lalo Díez, ha explicado a EFE TV que en 2020 han facturado «apenas un 8 %» respecto a 2019 y ha recordado que han alternado el cierre con pocos momentos de aperturas pero siempre «con restricciones», lo que ha llevado a que «el 40 % de las empresas del sector han desaparecido».

A su juicio, es «mucho más seguro un local que una casa o que una fiesta ilegal en un chelet» y ha reclamado «medidas económicas sobre la mesa» porque ellos «no» son «los responsables del coronavirus» pero están «sufriendo la pandemia económica y la sanitaria».

El propietario de Radio City, Luis Padilla, ha explicado que el día 1 de julio entra en «apnea» porque «no» le queda «ni un duro» y tendrá que cerrar y «perder todo», incluso la licencia y ha reprochado que se está cometiendo contra ellos «no una injusticia sino una tremenda ilegalidad» por carecer de compensaciones.

Carmen Ferrer, que lleva 36 años regentando un pub, ha asegurado que están «agonizando» porque se les acabaron los ahorros hace tiempo y ha lamentado que con las ayudas de 2.000 euros «no» hacen «nada».

El DJ Quique Jaén ha recordado que tiene «familia e hijos» y que «pagar colegios, agua y luz» y ha instado a los políticos a estar 14 meses sin cobrar: «A ver si no saldrían con una pancarta».

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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