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El TSJCV autoriza el toque de queda y límite de reuniones en 68 municipios

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Archivo/EFE/Kai Försterling

València, 13 ago (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha autorizado la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales y familiares y la restricción de la movilidad nocturna entre la 1 y las 6 horas en 68 localidades de más de 5.000 habitantes que presentan un mayor riesgo epidemiológico.

Según ha informado el alto tribunal, 32 de estas localidades son de la provincia de Valencia, 27 de Alicante y 9 municipios pertenecientes a Castellón.

Estas medidas estarán activas desde el 17 de agosto hasta el 6 de septiembre, según el escrito presentado ante el Tribunal este miércoles 10 de agosto por la Conselleria de Sanidad Universal.

La Sala considera que la adopción de las medidas solicitadas supone el mantenimiento de un control “aún necesario” en función del criterio de proporcionalidad y añade que “no existe una medida más moderada que con la misma eficacia consiga el propósito de limitar los denominados ‘botellones’ y aglomeraciones de personas”.

Lo mismo entiende el Tribunal respecto de la limitación del número de personas en reuniones familiares o sociales, que implican “los mayores brotes epidémicos, que afectan no solo a personas jóvenes sino a todos los miembros del grupo”.

El auto, que cuenta con el voto particular discrepante de uno de los magistrados y que puede ser recurrido en casación, alude a la expansión de la variante Delta del coronavirus, al aumento de hospitalizaciones y defunciones, al crecimiento en la positividad de las pruebas diagnósticas y al incremento de la socialización y la movilidad.

Del mismo modo, el Tribunal recuerda que actualmente los grupos de edad más afectados son los más jóvenes, en los que “la enfermedad suele ser leve y presentan pocas comorbilidades”, aunque estos contagios impactan “especialmente en la Atención Primaria”.

Añade la resolución que existe el riesgo de aparición de una variante que pueda afectar a la protección de las vacunas y de la infección previa.

Con estas premisas, detalladas en el informe de evolución epidemiológica que la Administración ha adjuntado a su solicitud, la Sala concluye que las medidas propuestas por la Conselleria de Sanidad suponen un mantenimiento del control “aún necesario” y que cumple el “juicio constitucional de proporcionalidad”, tal y como ha determinado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en anteriores resoluciones.

En el auto, el TSJ de la Comunidad Valenciana examina la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 14 de julio que declara inconstitucional el confinamiento general decretado por el Gobierno central con el primer estado de alarma al tratarse de una suspensión del derecho a la libre circulación.

A diferencia de aquella situación, la Sala entiende que el toque de queda “no implican una suspensión, sino una mera limitación de tales derechos, consistentes en restringir en cinco horas y en horario nocturno la libertad deambulatoria”.

Del mismo modo, la Sala ha aludido a la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de agosto en la que el Alto Tribunal determina directa y positivamente que con la legislación vigente cabe el toque de queda siempre que lo justifique el principio de proporcionalidad.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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