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España deja de estar en riesgo extremo, la incidencia baja a 235 casos

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contagios en la comunitat

Madrid, 23 feb (EFE).- Con una incidencia acumulada por debajo del «riesgo extremo», aunque todavía con una alta presión en las ucis (aún superior al 30 %) y una desalentadora cifra de fallecidos (433 más), en España todas las miradas están puestas en la campaña de vacunación, cuyo avance ha defendido este martes el Gobierno.

«Nos queda mucho trecho que recorrer», pero la estrategia de vacunación consensuada con todas las comunidades ya está dando sus frutos en los más vulnerables y se está observando «un descenso muy importante en la incidencia y mortalidad de mayores 65 en residencias», ha subrayado en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, ha informado de que desde el pasado 27 de diciembre, cuando arrancó la campaña, y hasta hoy, ocho de cada diez personas de este grupo han sido vacunadas. «Estamos haciendo todos juntos en un tiempo récord un despliegue de la estrategia extraordinario», ha celebrado.

En cualquier caso, la previsión del Gobierno es que a finales de junio puedan estar inmunizados 20 millones de españoles, y para avanzar en este objetivo, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas estudian mañana miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) los nuevos grupos de edad prioritarios para vacunar.

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha avanzado que habrá novedades en esta reunión. Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha incidido en la utilidad del instrumento del estado de alarma para controlar la epidemia.

El segundo estado de alarma, sobre el que dará explicaciones este miércoles Pedro Sánchez en el Congreso y cuya vigencia durará hasta el 9 de mayo, fue avalado el 29 de octubre por la Cámara Baja, cuando la incidencia en España oscilaba en los 362 casos por cien mil habitantes; ahora, tras una agresiva tercera ola, se sitúa en 235 casos, por debajo del «riesgo extremo» (250), según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Este umbral no se registraba desde antes de las Navidades, y todavía lo superan Melilla (434), Madrid (362), Ceuta (331), el País Vasco (287), Aragón (271), Andalucía (261) y Castilla y León (252).

La presión en las ucis sigue siendo alta a pesar del ligero descenso consignado este martes: 1,5 puntos menos hasta el 31,54 % (3.365 pacientes). Bajan asimismo las personas hospitalizadas por coronavirus, que son 14.169, 1.039 menos que el lunes.

La mayor presión en las uci, con un 45,35 % de las camas ocupadas, se registra en la Comunidad de Madrid (no se considera fuera de riesgo extremo este indicador hasta que desciende del 25 %).

Precisamente, esta comunidad ha comenzado este martes la campaña de vacunación en grandes espacios en el hospital Enfermera Isabel Zendal, donde sus profesionales de enfermería vacunarán con dosis de AstraZeneca a 3.000 profesionales que trabajan en primera línea de lucha contra el virus.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, donde ha detallado que a lo largo del día serían vacunados en este espacio con la primera dosis de AstraZeneca 400 profesionales de Salud Pública.

Y este martes se ha conocido que la vacunación de todos los internos y trabajadores de las residencias de Cataluña ha permitido que se reduzca a 29 geriátricos, que suponen el 2,8 % de los 1.041 que hay en la comunidad, los que están a día de hoy en una situación grave de coronavirus, 22 menos que hace una semana, con personas infectadas y clasificadas con el color rojo.

Mientras, el Parlamento de Galicia ha aprobado la reforma de la Ley de Salud gallega que establece multas de 1.000 a 600.000 euros para infracciones sobre la salud pública, entre ellas la «negativa injustificada» a la vacunación.

Los partidos de la oposición han criticado esta «vacunación obligatoria» por considerar que solo servirá para «dar alas a los negacionistas» de la pandemia, mientras el PP ha rechazado esa «supuesta obligatoriedad», ya que asegura que solo se podrá establecer «en circunstancias muy concretas.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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