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España deja de estar en riesgo extremo, la incidencia baja a 235 casos

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contagios en la comunitat

Madrid, 23 feb (EFE).- Con una incidencia acumulada por debajo del «riesgo extremo», aunque todavía con una alta presión en las ucis (aún superior al 30 %) y una desalentadora cifra de fallecidos (433 más), en España todas las miradas están puestas en la campaña de vacunación, cuyo avance ha defendido este martes el Gobierno.

«Nos queda mucho trecho que recorrer», pero la estrategia de vacunación consensuada con todas las comunidades ya está dando sus frutos en los más vulnerables y se está observando «un descenso muy importante en la incidencia y mortalidad de mayores 65 en residencias», ha subrayado en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, ha informado de que desde el pasado 27 de diciembre, cuando arrancó la campaña, y hasta hoy, ocho de cada diez personas de este grupo han sido vacunadas. «Estamos haciendo todos juntos en un tiempo récord un despliegue de la estrategia extraordinario», ha celebrado.

En cualquier caso, la previsión del Gobierno es que a finales de junio puedan estar inmunizados 20 millones de españoles, y para avanzar en este objetivo, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas estudian mañana miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) los nuevos grupos de edad prioritarios para vacunar.

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha avanzado que habrá novedades en esta reunión. Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha incidido en la utilidad del instrumento del estado de alarma para controlar la epidemia.

El segundo estado de alarma, sobre el que dará explicaciones este miércoles Pedro Sánchez en el Congreso y cuya vigencia durará hasta el 9 de mayo, fue avalado el 29 de octubre por la Cámara Baja, cuando la incidencia en España oscilaba en los 362 casos por cien mil habitantes; ahora, tras una agresiva tercera ola, se sitúa en 235 casos, por debajo del «riesgo extremo» (250), según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Este umbral no se registraba desde antes de las Navidades, y todavía lo superan Melilla (434), Madrid (362), Ceuta (331), el País Vasco (287), Aragón (271), Andalucía (261) y Castilla y León (252).

La presión en las ucis sigue siendo alta a pesar del ligero descenso consignado este martes: 1,5 puntos menos hasta el 31,54 % (3.365 pacientes). Bajan asimismo las personas hospitalizadas por coronavirus, que son 14.169, 1.039 menos que el lunes.

La mayor presión en las uci, con un 45,35 % de las camas ocupadas, se registra en la Comunidad de Madrid (no se considera fuera de riesgo extremo este indicador hasta que desciende del 25 %).

Precisamente, esta comunidad ha comenzado este martes la campaña de vacunación en grandes espacios en el hospital Enfermera Isabel Zendal, donde sus profesionales de enfermería vacunarán con dosis de AstraZeneca a 3.000 profesionales que trabajan en primera línea de lucha contra el virus.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, donde ha detallado que a lo largo del día serían vacunados en este espacio con la primera dosis de AstraZeneca 400 profesionales de Salud Pública.

Y este martes se ha conocido que la vacunación de todos los internos y trabajadores de las residencias de Cataluña ha permitido que se reduzca a 29 geriátricos, que suponen el 2,8 % de los 1.041 que hay en la comunidad, los que están a día de hoy en una situación grave de coronavirus, 22 menos que hace una semana, con personas infectadas y clasificadas con el color rojo.

Mientras, el Parlamento de Galicia ha aprobado la reforma de la Ley de Salud gallega que establece multas de 1.000 a 600.000 euros para infracciones sobre la salud pública, entre ellas la «negativa injustificada» a la vacunación.

Los partidos de la oposición han criticado esta «vacunación obligatoria» por considerar que solo servirá para «dar alas a los negacionistas» de la pandemia, mientras el PP ha rechazado esa «supuesta obligatoriedad», ya que asegura que solo se podrá establecer «en circunstancias muy concretas.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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