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Estas son las fechas oficiales de las Pruebas de Acceso a la Universidad de 2018

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Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2017-2018 para el alumnado que esté en posesión del título de Bachiller, o de técnico superior de Formación Profesional, técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o técnico deportivo superior, se realizarán los días 5, 6 y 7 de junio, en convocatoria ordinaria, y los días 3, 4 y 5 de julio, en convocatoria extraordinaria.

Así ha sido acordado por la Comisión Gestora de las Pruebas de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, de la que forman parte tanto la Conselleria de Educación como las universidades públicas valencianas.

Por lo que respecta a la inscripción en las pruebas, los alumnos que se presenten a la convocatoria ordinaria podrán realizarla entre el 28 y el 31 de mayo, y en el caso de la convocatoria extraordinaria el alumnado podrá inscribirse entre el 26 y el 28 de junio, salvo el alumnado de la Jaume I de Castellón, cuyo plazo de inscripción será del 25 al 27 de junio.

Además, tal como anunció Educación, cabe destacar que por la excepcionalidad de la asignatura de Historia de la Filosofía, esta tendrá una ponderación de 0.2 en todas las titulaciones de la rama de conocimientos de Arte y Humanidades, así como en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Cabe recordar que la estructura de la prueba se mantendrá como hasta el momento, dividida en dos fases. Una primera es de carácter general y obligatoria para todos y una segunda parte, denominada específica, que tiene carácter voluntario.

La primera fase consta de cinco ejercicios. En concreto se trata de la asignatura de libre configuración autonómica, es decir Valenciano, y de las cuatro asignaturas troncales generales de segundo curso de Bachillerato que haya cursado el alumno, esto es Castellano, Historia de España, Idioma Extranjero, y una de las cuatro asignaturas troncales generales con vinculación a la modalidad de Bachillerato (Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II, o Fundamentos del Arte II).

En cuanto a la segunda parte, se realiza sobre las materias de modalidad de 2º de Bachillerato, diferentes de las de la fase general que elija el alumno en el momento de matricularse en las pruebas de acceso, aunque no las haya cursado.

Esta fase permite al estudiante incrementar su puntuación hasta en cuatro puntos, por lo que la calificación máxima para acceder a los diferentes grados es de 14 puntos, en vez de 10. Para poder puntuar en la fase específica, el alumno/a debe obtener al menos un 5 en la materia.

Los alumnos que realicen las pruebas de acceso a la universidad del curso 2017-18 en la universidades públicas de la Comunitat Valenciana podrán conocer sus calificaciones a partir de las 14 horas del día 15 de junio, en la convocatoria ordinaria, y a partir de las 17 horas del día 11 de julio en la convocatoria extraordinaria, en ambos casos a través del portal del alumno PASEU con la clave que se le facilitará el primer día de realización de las pruebas. Del mismo modo podrá solicitar y obtener el documento oficial que acredite las calificaciones de la prueba de acceso a la universidad.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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