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Confirman que Esther López tuvo una muerte violenta

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Esther López Óscar
Esther López de la Rosa, desaparecida en Traspinedo (Valladolid)

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell ha sido la encargada de confirmar en su cuenta personal de Twitter, la muerte violenta de Esther López, la chica de 35 años que este pasado sábado fue hallada cerca de una carretera que da acceso a Traspinedo (Valladolid), localidad donde desapareció hace 25 días.

«Confirmada la muerte violenta de la joven desaparecida en Traspinedo (Valladolid), quiero expresar mis condolencias y apoyo a su familia y personas queridas, y pedir respeto para ellas y para la investigación. Debemos evitar elucubraciones y reacciones que pueden causar más daño», ha escrito Rosell en esta red social.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso y el Instituto Anatómico Forense de Valladolid está realizando la autopsia del cuerpo de Esther López desde primera hora del domingo.

Qué pasó la noche de la desaparición de Esther López

Esther desapareció el 12 de enero, y desde ese momento sus padres ya la buscaban hasta que presentaran la denuncia el pasado día 17, después de que no diera señales de vida tras haber estado la noche de su desaparición viendo en un bar del pueblo el partido de la Supercopa entre el Barcelona y el Real Madrid y luego continuara la fiesta con unos amigos en casa de uno de ellos y más tarde en unas bodegas.

Esta era la versión de las dos personas con las que estuvo esa fatídica noche antes de que se le perdiera el rastro. Dos vecinos de Traspinedo, Óscar y Carlos, fueron los  que viajaron con ella en el coche de regreso a casa y según relataron, con algunas contradicciones, se detuvo ante el restaurante La Maña. Muchas contradicciones de las últimas personas que vieron a Esther.

De hecho, en la versión ofrecida, Carlos se apeó del vehículo para ir a su casa y luego Óscar y Esther discutieron porque ella quería seguir de fiesta y él la dejó en las inmediaciones, sin que se volviera a saber nada más de la joven en los últimos veinticuatro días.

Las investigaciones desde entonces se centraron en estas dos personas y también en un tercer investigado, Ramón G. (El Manitas), pesquisas en las que la Guardia Civil, además de rastrear el municipio mediante batidas en las que habían participado cientos de voluntarios, había tomado muestras de la vivienda del tercero y de los vehículos de este y de Óscar, sin resultado positivo, y había centrado también su investigación en los teléfonos de todos ellos y de la víctima.

El único de los investigados que había permanecido privado de libertad es Ramón G. ‘El Manitas’, cuya detención hubo de prorrogarse durante otras 72 horas aunque finalmente la titular del Juzgado de Instrucción número 5 le dejó en libertad provisional ante la falta de pruebas que atestiguaran su implicación en los hechos.

Dolor en Traspinedo

Este domingo el dolor ha invadido Traspinedo, localidad donde cientos de personas han compartido varios minutos de silencio el domingo por la pérdida de Esther López.

La plaza del Ayuntamiento de esta localidad vallisoletana, situada a 25 kilómetros de la capital, ha acogido un minuto de silencio en el que los vecinos han podido mostrar el dolor por la confirmación del fallecimiento de la joven de 35 años y las condolencias con su familia y en el que ha participado la Corporación municipal, así como el presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar, el subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez Villazán, y el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos.

Tras la celebración de un Pleno municipal en el que se han decretado tres días de luto oficial el pueblo, varios cientos de vecinos y personas llegadas de otros puntos han mantenido unos minutos de silencio en recuerdo de la joven, a la que se había perdido la pista en la noche del 12 al 13 de enero y cuyo cadáver fue hallado este sábado por un paseante en un terreno de labor situado en las proximidades del polígono Tuduero, a unos pocos kilómetros de distancia de Traspinedo.

El alcalde del municipio, Javier Fernández, ha expresado el sentir de los vecinos por la «triste» noticia que se conoció el sábado y ha querido unir a todo el pueblo en torno al «dolor de la familia», a quienes ha recalcado su apoyo, al mismo tiempo que ha señalado el sentimiento de «tristeza» que se vive en Traspinedo.

También ha aprovechado para pedir «tranquilidad» al municipio y aboga por dejar que la que la justicia «investigue lo que ha sucedido y esclarezca los hechos. Templanza, mesura y cordura y que se deje trabajar a la Justicia sin más. Es un caso trágico, por lo que es la Justicia la que tiene que dictaminar cómo han sucedido los hechos y si hay algún culpable, pues que salga a la luz», ha reflexionado.

En cuanto a la familia de Esther López, Javier Fernández ha recordado que durante todos estos días desde la desaparición de la joven los representantes del Ayuntamiento han estado con ellos «como no puede ser de otra manera» y ha constatado que ahora la familia «está destrozada» si bien apunta que «en cierto sentido, con un alivio de que tienen el cuerpo de su hija por fin, tristemente fallecida».

La familia de Esther «quiere» que se deje investigar a la Justicia y ha garantizado el apoyo de «todo el municipio, el Ayuntamiento, pueblos del entorno, de Valladolid y de España» ya que considera que es un caso que ha alcanzado el ámbito nacional.

El municipio de algo más de 1.100 habitantes continúa el duelo por su vecina, con las banderas a media asta desde el sábado y con tres días de luto oficial por delante.

Todo ello, con la prudencia subrayada por el regidor ante la investigación sobre las circunstancias de la muerte, en un momento en el que ha subrayado que «todo es muy prematuro», pero con el convencimiento de que «si alguien tiene que pagar por ello, que lo pague claramente».

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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