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La Audiencia Nacional reabre el caso de la ‘Caja B’ del PP

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El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha reabierto la causa en la que se investiga la supuesta existencia de una ‘caja B’ del Partido Popular y ha vuelto a citar como investigados al ‘cabecilla’ de la trama Gürtel, Francisco Correa, al empresario Alfonso García-Pozuelo y al intermediario Plácido Vázquez, quienes deberán acudir a declarar los días 23 y 24 de marzo.

Todo ello como consecuencia de las revelaciones de Correa, quien aseguró que se repartió comisiones con el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas por mediar en la concesión de contratos del Estado a grandes constructoras. Cabe recordar que la investigación sobre la financiación irregular del PP había concluido en marzo de 2015 y estaba pendiente de juicio.

EL magistrado basa la reapertura del caso, conocido también como los ‘papeles de Bárcenas’, en que las revelaciones de Correa y García Pozuelo en el juicio son “relevantes y útiles”. De la Mata considera que estas declaraciones son “novedosas” y “pertinentes” para investigar si las anotaciones de los Papeles de Bárcenas “reflejan las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP de parte de diversas empresas a cambio de adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de las comisiones”.

Con la reapertura del caso, el juez accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de varias acusaciones populares de reabrir la investigación, y ha pedido a la Sección Segunda de la Sala Penal, encargada de enjuiciar la caja b del PP, que le remita una copia de todo lo actuado desde que el juez Pablo Ruz concluyó la investigación en marzo de 2015 hasta la actualidad. Asimismo también ha pedido una copia de las declaraciones de Correa y García Pozuelo en la vista oral del juicio del caso Gürtel.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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