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La juez procesa a José Luis Olivas y 47 personas por la inversión inmobiliaria de 750 millones de euros en México

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MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) – La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Oliva, a los empresarios Juan Ferri, José Baldó, Juan Poch y otras 44 personas por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México por el valor de 750 millones de euros que supuso «una auténtica operativa de desfalco» de Bancaja y Banco de Valencia.

En un auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, con fecha del pasado 31 de julio, la magistrada instructora ha concluido la instrucción que comenzó en junio de 2015 al considerar que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Por otro lado, la juez –que en septiembre pasará a formar parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo– también acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía. Además, emplaza a las acusaciones a que en un plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.

Entre 2005 y 2009, Bancaja –una de las siete cajas que actualmente integra Bankia– y Banco de Valencia –absorbida por Caixabank– participaron en inversiones inmobiliarias «diversas y de una enorme magnitud económica» en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Corald. En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, todos ellos procesados.

BENEFICIOS DE ALREDEDOR DE 170 MILLONES DE EUROS
La magistrada desglosa que la operativa se llevó a cabo de cinco operaciones: los proyectos ‘Emerald’, ‘Zacatón’, ‘Piedras Bolas’ y ‘Vinoramas’; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó. «Los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch», beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros, dice el auto.

Concretamente, por las inversiones de ‘Zacatón’ y ‘Piedras Bolas’, los empresarios obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares (unos 119,5 millones de euros), que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió a sus cuentas en Andorra.

No obstante, Lamela afirma que la operativa estaba «realmente» dirigida «desde dentro» de las entidades porque a Izquierdo y Parra «les guiaban espurios intereses económicos» conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la «postura consentidora» de Olivas y de García de la Checa, entre otros.

Sobre el expresidente valenciano –condenado a un año y medio de prisión por un juzgado de Valencia por emitir una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento que nunca llegó a prestar–, la magistrada añade que «conoció y alentó las inversiones millonarias» que se estaban realizando en Grand Corald, lo que entiende como un «continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó» de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, pagaron a éste hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.

LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN PERMITIERON LAS OPERACIONES
Igualmente, señala la magistrada, a lo largo de la investigación se ha determinado que los Consejos de Administración de Bancaja que permitieron las operaciones «en claro menoscabo de la entidad».

La titular del Juzgado Central número 3 recuerda en su auto que en un informe de unos peritos designados por el Banco de España, firmado el 3 de julio del año pasado, se constataron múltiples irregularidades y la ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, «constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Corald, lo que se valora en 750 millones de euros».

Asimismo, durante la instrucción se ha podido determinar la realización de una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta de la empresa Summerville, en la que se recibieron 16 millones de dólares de la «injustificable plusvalía» de la operación ‘Zacatón’ y ‘Piedras Bolas’, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.

Además, Izquierdo firmó en 2001 un «acuerdo marco» en nombre de Bancaja con la entidad andorrana Andbank, en el que se estableció un reparto de comisiones entre ambos bancos por la gestión de clientes entre ellas, indica el auto.

Entre las 48 personas que la juez ha propuesto juzgar por este caso se encuentra Antonio Tirado y Remigio Pellicer, que también están procesados por las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, que comienza el 26 de noviembre, y que también juzgará a Olivas.

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Caos en el Congreso: precintan varias zonas tras un vertido de gas pimienta y expulsan a una diputada del PP

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Varias dependencias del Congreso de los Diputados han sido precintadas este miércoles después de detectarse gas pimienta en uno de los baños, un incidente que se ha producido poco después de que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, expulsara del hemiciclo a la diputada del PP Ana Belén Vázquez por exhibir un bote de este producto durante la sesión de control al Gobierno.

El episodio ha obligado a acordonar varias zonas de uno de los edificios de ampliación del Congreso y ha dejado a una mujer atendida por los servicios médicos de la Cámara después de sufrir vómitos tras inhalar el gas.

Una mujer, afectada por el gas en los baños del Congreso

El primer aviso se produjo alrededor de las 10:26 horas en uno de los baños del edificio situado en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo, donde se encuentran dependencias de los grupos parlamentarios.

Los ujieres fueron alertados por un fuerte olor y encontraron a una mujer que había comenzado a encontrarse mal. Según las fuentes parlamentarias citadas por EFE, la mujer, que se encontraba en el Congreso con una delegación de Mauritania, fue atendida por los servicios médicos tras sufrir vómitos.

La Policía acordonó la zona y posteriormente también se precintaron espacios próximos después de que el olor llegara hasta una cafetería situada en otro edificio de la Cámara.

Los agentes han comenzado a revisar las cámaras de seguridad para determinar quién vació el aerosol y cómo llegó el gas hasta el baño.

Ana Vázquez, expulsada del Pleno por enseñar un espray de gas pimienta

El incidente se produjo en plena sesión de control al Gobierno. La diputada del PP Ana Belén Vázquez mostró un bote de gas pimienta durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La parlamentaria utilizó el aerosol para ilustrar su denuncia sobre la situación de seguridad en Ceuta y afirmó que las mujeres y los menores de la ciudad autónoma recurren a este tipo de productos para protegerse.

Tras la intervención de Marlaska, Armengol llamó al orden a Vázquez y le pidió que abandonara el hemiciclo al considerar que había exhibido un arma. La presidenta del Congreso se amparó en el artículo 101 del Reglamento de la Cámara y en la normativa de armas.

Vázquez inicialmente se negó a abandonar su escaño y defendió que el bote que había mostrado estaba vacío y no podía considerarse un arma. Finalmente abandonó el Pleno entre los gritos de algunos diputados y los aplausos de sus compañeros del PP.

La diputada asegura que su bote estaba vacío

La coincidencia temporal entre ambos episodios ha provocado una gran polémica en el Congreso, aunque por el momento no está confirmado que el gas localizado en los baños procediera del bote que mostró Ana Vázquez en el hemiciclo.

La propia diputada ha negado haber vaciado el espray en las dependencias parlamentarias y ha insistido en que había comprobado previamente que estaba vacío.

La investigación de las cámaras deberá determinar ahora qué ocurrió y quién pudo haber liberado el gas en el baño.

El PP carga contra Armengol

La expulsión de Ana Vázquez provocó una reacción inmediata de la bancada popular. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió a la diputada y calificó el episodio de una «cortina de humo» para evitar hablar de los problemas del Gobierno.

Por su parte, Vázquez cargó contra Armengol tras abandonar el hemiciclo y la acusó de ser la «ministra 23», en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

El episodio añadió todavía más tensión a una sesión de control marcada por el enfrentamiento político a cuenta de la situación de seguridad en Ceuta.

La Policía investiga qué ocurrió en el Congreso

Ahora el foco está puesto en las dependencias donde apareció el gas. La Policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido y determinar quién pudo vaciar el espray y cuándo se produjo el vertido.

Mientras tanto, varias zonas del Congreso permanecen precintadas como medida preventiva después de que el gas provocara molestias y afectara al menos a una persona.

La investigación deberá aclarar también si existe alguna relación entre el aerosol mostrado por Ana Vázquez en el Pleno y el gas localizado posteriormente en los baños, una circunstancia que por ahora no ha sido confirmada oficialmente.

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