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La juez procesa a José Luis Olivas y 47 personas por la inversión inmobiliaria de 750 millones de euros en México

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MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) – La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Oliva, a los empresarios Juan Ferri, José Baldó, Juan Poch y otras 44 personas por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México por el valor de 750 millones de euros que supuso «una auténtica operativa de desfalco» de Bancaja y Banco de Valencia.

En un auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, con fecha del pasado 31 de julio, la magistrada instructora ha concluido la instrucción que comenzó en junio de 2015 al considerar que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Por otro lado, la juez –que en septiembre pasará a formar parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo– también acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía. Además, emplaza a las acusaciones a que en un plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.

Entre 2005 y 2009, Bancaja –una de las siete cajas que actualmente integra Bankia– y Banco de Valencia –absorbida por Caixabank– participaron en inversiones inmobiliarias «diversas y de una enorme magnitud económica» en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Corald. En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, todos ellos procesados.

BENEFICIOS DE ALREDEDOR DE 170 MILLONES DE EUROS
La magistrada desglosa que la operativa se llevó a cabo de cinco operaciones: los proyectos ‘Emerald’, ‘Zacatón’, ‘Piedras Bolas’ y ‘Vinoramas’; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó. «Los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch», beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros, dice el auto.

Concretamente, por las inversiones de ‘Zacatón’ y ‘Piedras Bolas’, los empresarios obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares (unos 119,5 millones de euros), que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió a sus cuentas en Andorra.

No obstante, Lamela afirma que la operativa estaba «realmente» dirigida «desde dentro» de las entidades porque a Izquierdo y Parra «les guiaban espurios intereses económicos» conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la «postura consentidora» de Olivas y de García de la Checa, entre otros.

Sobre el expresidente valenciano –condenado a un año y medio de prisión por un juzgado de Valencia por emitir una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento que nunca llegó a prestar–, la magistrada añade que «conoció y alentó las inversiones millonarias» que se estaban realizando en Grand Corald, lo que entiende como un «continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó» de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, pagaron a éste hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.

LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN PERMITIERON LAS OPERACIONES
Igualmente, señala la magistrada, a lo largo de la investigación se ha determinado que los Consejos de Administración de Bancaja que permitieron las operaciones «en claro menoscabo de la entidad».

La titular del Juzgado Central número 3 recuerda en su auto que en un informe de unos peritos designados por el Banco de España, firmado el 3 de julio del año pasado, se constataron múltiples irregularidades y la ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, «constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Corald, lo que se valora en 750 millones de euros».

Asimismo, durante la instrucción se ha podido determinar la realización de una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta de la empresa Summerville, en la que se recibieron 16 millones de dólares de la «injustificable plusvalía» de la operación ‘Zacatón’ y ‘Piedras Bolas’, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.

Además, Izquierdo firmó en 2001 un «acuerdo marco» en nombre de Bancaja con la entidad andorrana Andbank, en el que se estableció un reparto de comisiones entre ambos bancos por la gestión de clientes entre ellas, indica el auto.

Entre las 48 personas que la juez ha propuesto juzgar por este caso se encuentra Antonio Tirado y Remigio Pellicer, que también están procesados por las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, que comienza el 26 de noviembre, y que también juzgará a Olivas.

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VÍDEO| Amnistía Internacional pide en València el cese del envío de armas a Israel

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Amnistía Internacional Valencia Israel

València, 2 may (EFE).- Miembros de Amnistía Internacional se han concentrado ante el Consulado de Estados Unidos en València para exigir el cese del envío masivo de armas a Israel desde ese país y otros como Australia, Alemania o Países Bajos con el fin de impedir el «genocidio del pueblo palestino».

La coordinadora de Amnistía Internacional Valencia, Olga Franco, ha afirmado durante la concentración en la que ha participado un grupo de personas que el envío de armas permitiría reducir el riesgo de que se cometa un genocidio y ha dicho esperar que todas las presiones sean suficientes para «parar el exterminio del pueblo palestino».

Los avances hasta ahora en este sentido han sido «escasos», pero los movimientos estudiantiles como la acampada universitaria indefinida en solidaridad con Palestina en la Facultad de Filosofía de la Universitat de València a iniciativa del colectivo BDS País Valencià o las presiones de organizaciones humanitarias «podrían impedir que se produzcan estas matanzas», ha señalado.

Bajo los lemas de «No más armas a Israel. La guerra empieza aquí» o «La colaboración también es un crimen», instan a los gobiernos a dejar de enviar armas a Israel, ya que en su opinión «serán cómplices de crímenes de guerra y contra la humanidad».

Según datos de la organización, ya hay 100.000 civiles desaparecidos, y Amnistía Internacional ha investigado prácticas del ejército israelí que van contra el derecho humano, como el uso de armas prohibidas en la guerra (el fósforo blanco).

«Para que nos hagamos una idea, el fósforo blanco quema a las personas por dentro. Son prácticas indebidas que hace el ejército israelí y un ataque indiscriminado a la población civil palestina», ha criticado la coordinadora de campañas en Valencia.

También se habrían recogido avisos de evacuación masiva en períodos muy cortos de tiempo y ataques contra viviendas llenas de civiles: «Estos materiales aéreos fueron ataques indiscriminados a civiles y deben ser investigados por ataques de guerra», asegura Olga Franco.

La organización ha presionado el presidente Joe Biden para «suspender la tramitación de armas al gobierno de Israel y no ser partícipe de las atrocidades que se están produciendo en la franja de Gaza», según indican, para añadir que el gasto militar alcanzó un récord histórico que, lejos de incrementar la seguridad, lo que hace es «incrementar la inestabilidad del mundo».

Franco ha agradecido a los compañeros que se están manifestando alrededor del mundo por «luchar pacíficamente contra toda la violencia y dolor que se está produciendo contra el pueblo palestino» en la campaña internacional de Amnistía Internacional para «impedir que se cometan violaciones del derecho internacional». EFE

 

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