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El ministro Óscar Puente llama «saco de mierda» al periodista Vito Quiles

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Óscar Puente Vito Quiles
Óscar Puente llama "saco de mierda" al periodista Vito Quiles

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado «saco de mierda» a Vito Quiles, jefe de prensa de la formación de ‘Alvise’ Pérez. Esta declaración ha provocado que el Partido Popular exija su «cese fulminante» del Gobierno.

El conflicto se originó cuando Vito Quiles publicó en la red social X (anteriormente Twitter) un mensaje afirmando que el ministro Puente había utilizado un coche oficial para asistir a un concierto, acompañando su mensaje con fotos de la matrícula de un vehículo gris.

«Saco de mierda»

Puente respondió a este mensaje insultando a Quiles y aclarando que la matrícula pertenece a un vehículo policial, prometiendo además que Quiles «lo pagará caro».

«Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro», escribió Puente.

Las reacciones no se hicieron esperar. La oposición acusó a Puente de amenazar a un periodista y exigió su dimisión. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, criticó la actitud del ministro y solicitó su cese inmediato.

«La degeneración: hoy un ministro de España ha amenazado y llamado a un periodista ‘saco de mierda’. Si Sánchez no le cesa fulminantemente y sus compañeros no condenan esta agresión, estarán avalando a Puente. Mi apoyo a los profesionales que sufren estos ataques del Gobierno», escribió Tellado en un mensaje recogido por Europa Press.

El portavoz del PP, Borja Sémper, también condenó la conducta de Puente, calificándola de «degradante» para su alto cargo. Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, calificó el mensaje de «intolerable» y una «degradación de la política institucional». Ester Muñoz, vicesecretaria Nacional de Sanidad y Educación del PP, y Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, se sumaron a las críticas, cuestionando el «nivel» del ministro y la falta de consecuencias en el Gobierno.

En resumen, la polémica generada por los insultos de Puente a Vito Quiles ha suscitado una fuerte respuesta de la oposición, que demanda su cese inmediato y denuncia la degradación del debate político.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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