Síguenos

PORTADA OFFICIAL PRESS

Ricardo Costa afirma que Gürtel trabajó con el Gobierno valenciano por decisión de Camps

Publicado

en

ricardo costa gurtel camps
Imagen de archivo del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa (i), a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/Luca Piergiovanni
Madrid, 20 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- El ex número dos del PP valenciano Ricardo Costa ha afirmado que el empresario de la trama Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, trabajó «con el partido y con el Gobierno» autonómico por decisión del entonces president, Francisco Camps, quien, ha reiterado, estaba al tanto de la financiación irregular de campañas.

«Es obvio que en Valencia (Álvaro Pérez) hacía todos los actos del PP porque lo decidía el presidente y trabajaba con la administración pública valenciana», ha señalado este martes el ex secretario general del PPCV en su testifical en el juicio a Camps y a otra veintena de acusados que celebra desde enero la Audiencia Nacional.

RICARDO COSTA APUNTA A CAMPS

Quien fuese «mano derecha» de Camps en el partido, que fue absuelto junto a él en 2012 en el conocido como «juicio de los trajes», ha comenzado suscribiendo la gran mayoría de las tesis de la Fiscalía, que acusa al expresident de dar instrucciones para adjudicar el montaje de un expositor a la empresa Orange Market en 2009.

Pero más tarde, durante un tenso interrogatorio de la defensa de Camps en el que el tribunal ha llegado a pedir «calma», ha matizado que de lo que tiene constancia «respecto a la administración pública» es porque se lo decía Álvaro Pérez, que tenía «acceso directo» al expresidente y a exconsejeros, y ha negado haber sido testigo «de forma directa» de que Camps diese órdenes de contratar a Gürtel.

Y en relación con la contratación que se juzga, Costa ha llegado a aseverar que no tiene «ningún conocimiento sobre adjudicaciones públicas».

Antes, en relación a Fitur, ha aludido a una conversación con la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, quien le dijo poco antes de entrar en prisión por otra pieza del caso que «unos se quedan en la universidad y otros que les han planteado firmar determinadas adjudicaciones se van a la cárcel».

Martínez, que dejó la Conselleria dos años antes del polémico contrato, también ha declarado este martes y ha rechazado que recibiese órdenes para contratar con Orange Market.

Cuando la fiscal le ha recordado que en el juicio de Fitur dijo «que seguía instrucciones de Francisco Camps en cuanto a la contratación», ha indicado que no lo recuerda y que el expresidente sólo le pidió «potenciar el turismo».

CAMPS, «CONOCEDOR» DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR

Pese a que no es objeto de juicio, Costa ha vuelto a afirmar a preguntas de la Fiscalía que Camps era «conocedor» de un sistema de financiación irregular con dinero en efectivo de empresarios en 2007 y 2008, unos hechos por los que Costa fue condenado hace años en un juicio donde ya apuntó al expresident.

Como dijo entonces, ha explicado que el partido acumuló una deuda de un millón de euros con la trama y que, en una reunión con los considerados cabecillas de la red, les comunicó que «se había decidido» pagarla mediante «aportaciones en efectivo» y con facturas por actos «que no se habían producido».

«Les dije que en esa parte no entraba», ha indicado Costa, que ha recordado cómo «en ese momento» llamaron a Camps y éste les trasladó «básicamente que a él le habían dicho que era la única forma de pagar esa deuda y que tenían que hablar con (Vicente) Rambla», exvicepresidente valenciano.

Ha indicado que denunció ese sistema a la dirección nacional, que le comunicó que trasladarían su «prohibición al señor Camps», al tiempo que ha relatado que cuando Álvaro Pérez se quejó de que la Administración valenciana tenía una deuda con él, Costa le dijo que «ya sabía con quién tenía que hablar: el señor Rambla y el señor Camps».

No obstante, ha precisado que no le consta que la contratación de Orange Market que se juzga en este procedimiento y por la que la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel a Camps persiguiese financiar la deuda que tenía el PP con Gürtel.

EL BIGOTES, «PERSONA DE CONFIANZA» DEL PP Y DE CAMPS

En sintonía con la versión de Álvaro Pérez, que Camps niega, Costa ha indicado que ambos tenían una relación «personal, cordial, amistosa» y que el empresario era una «persona de confianza del PP y del presidente», que en alguna ocasión se reunió con él en el Palau de la Generalitat.

También ha explicado que, como sostiene la Fiscalía, en 2003 Álvaro Pérez le dijo que «iba a venir a Valencia» a trabajar «porque se lo había pedido el presidente».

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

PORTADA OFFICIAL PRESS

Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

Publicado

en

precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo