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Ricardo Costa afirma que Gürtel trabajó con el Gobierno valenciano por decisión de Camps

Publicado

hace 2 años

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Imagen de archivo del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa (i), a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/Luca Piergiovanni
Madrid, 20 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- El ex número dos del PP valenciano Ricardo Costa ha afirmado que el empresario de la trama Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, trabajó «con el partido y con el Gobierno» autonómico por decisión del entonces president, Francisco Camps, quien, ha reiterado, estaba al tanto de la financiación irregular de campañas.

«Es obvio que en Valencia (Álvaro Pérez) hacía todos los actos del PP porque lo decidía el presidente y trabajaba con la administración pública valenciana», ha señalado este martes el ex secretario general del PPCV en su testifical en el juicio a Camps y a otra veintena de acusados que celebra desde enero la Audiencia Nacional.

RICARDO COSTA APUNTA A CAMPS

Quien fuese «mano derecha» de Camps en el partido, que fue absuelto junto a él en 2012 en el conocido como «juicio de los trajes», ha comenzado suscribiendo la gran mayoría de las tesis de la Fiscalía, que acusa al expresident de dar instrucciones para adjudicar el montaje de un expositor a la empresa Orange Market en 2009.

Pero más tarde, durante un tenso interrogatorio de la defensa de Camps en el que el tribunal ha llegado a pedir «calma», ha matizado que de lo que tiene constancia «respecto a la administración pública» es porque se lo decía Álvaro Pérez, que tenía «acceso directo» al expresidente y a exconsejeros, y ha negado haber sido testigo «de forma directa» de que Camps diese órdenes de contratar a Gürtel.

Y en relación con la contratación que se juzga, Costa ha llegado a aseverar que no tiene «ningún conocimiento sobre adjudicaciones públicas».

Antes, en relación a Fitur, ha aludido a una conversación con la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, quien le dijo poco antes de entrar en prisión por otra pieza del caso que «unos se quedan en la universidad y otros que les han planteado firmar determinadas adjudicaciones se van a la cárcel».

Martínez, que dejó la Conselleria dos años antes del polémico contrato, también ha declarado este martes y ha rechazado que recibiese órdenes para contratar con Orange Market.

Cuando la fiscal le ha recordado que en el juicio de Fitur dijo «que seguía instrucciones de Francisco Camps en cuanto a la contratación», ha indicado que no lo recuerda y que el expresidente sólo le pidió «potenciar el turismo».

CAMPS, «CONOCEDOR» DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR

Pese a que no es objeto de juicio, Costa ha vuelto a afirmar a preguntas de la Fiscalía que Camps era «conocedor» de un sistema de financiación irregular con dinero en efectivo de empresarios en 2007 y 2008, unos hechos por los que Costa fue condenado hace años en un juicio donde ya apuntó al expresident.

Como dijo entonces, ha explicado que el partido acumuló una deuda de un millón de euros con la trama y que, en una reunión con los considerados cabecillas de la red, les comunicó que «se había decidido» pagarla mediante «aportaciones en efectivo» y con facturas por actos «que no se habían producido».

«Les dije que en esa parte no entraba», ha indicado Costa, que ha recordado cómo «en ese momento» llamaron a Camps y éste les trasladó «básicamente que a él le habían dicho que era la única forma de pagar esa deuda y que tenían que hablar con (Vicente) Rambla», exvicepresidente valenciano.

Ha indicado que denunció ese sistema a la dirección nacional, que le comunicó que trasladarían su «prohibición al señor Camps», al tiempo que ha relatado que cuando Álvaro Pérez se quejó de que la Administración valenciana tenía una deuda con él, Costa le dijo que «ya sabía con quién tenía que hablar: el señor Rambla y el señor Camps».

No obstante, ha precisado que no le consta que la contratación de Orange Market que se juzga en este procedimiento y por la que la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel a Camps persiguiese financiar la deuda que tenía el PP con Gürtel.

EL BIGOTES, «PERSONA DE CONFIANZA» DEL PP Y DE CAMPS

En sintonía con la versión de Álvaro Pérez, que Camps niega, Costa ha indicado que ambos tenían una relación «personal, cordial, amistosa» y que el empresario era una «persona de confianza del PP y del presidente», que en alguna ocasión se reunió con él en el Palau de la Generalitat.

También ha explicado que, como sostiene la Fiscalía, en 2003 Álvaro Pérez le dijo que «iba a venir a Valencia» a trabajar «porque se lo había pedido el presidente».

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Correos sorprende con carros motorizados de reparto y provoca la ira de los sindicatos

Publicado

hace 2 horas

en

20 noviembre, 2025

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La empresa pública Correos ha generado controversia tras introducir de manera sorpresiva carros de reparto motorizados en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia, Murcia, Cartagena y Barcelona. La medida, que busca modernizar la logística postal, ha encendido la polémica entre los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., que denuncian riesgos para la seguridad de los trabajadores y el incumplimiento de la normativa vigente.

Carros motorizados: una implementación sin consenso

Los nuevos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se incorporan al reparto tradicional a pie, pero su llegada ha sido criticada por los sindicatos por falta de consulta, formación y evaluación de riesgos. Según CSIF y UGT, Correos ha tomado esta decisión sin:

  • Consultar con los representantes de los trabajadores.

  • Proporcionar formación específica sobre el manejo de los carros.

  • Analizar las implicaciones ergonómicas y físicas de estos vehículos.

  • Establecer criterios de asignación o compensaciones económicas.

CC.OO. ha calificado esta medida como una “idea de bombero”, alertando que obliga a los carteros a interactuar con el tráfico urbano directamente, aumentando el riesgo de accidentes.

Riesgos legales y normativos

Los sindicatos subrayan que la introducción de estos VMP no respeta la normativa de tráfico. En particular:

  • La Resolución de 12 de enero de 2022 de la DGT establece características específicas para los VMP.

  • El Real Decreto 970/2020 modifica el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, definiendo criterios claros para la circulación de estos medios.

  • Cada ciudad y comunidad autónoma puede aplicar ordenanzas locales sobre VMP que deben cumplirse.

La ausencia de formación y medidas de seguridad coloca a los carteros en una situación de riesgo, lo que podría derivar incluso en responsabilidades penales si ocurre un accidente laboral.

Modernización de Correos vs. polémica sindical

Correos ha reforzado su estrategia de movilidad sostenible este 2025, incorporando más de 1.000 vehículos eléctricos, incluyendo furgonetas híbridas y motos ciberseguras, con el objetivo de que el 25 % de su flota sea “verde” antes de fin de año. Sin embargo, los nuevos carros motorizados no forman parte oficial de este plan, aumentando la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores.

Aunque no es la primera experiencia de Correos con carros asistidos—en 2021 se probó un proyecto piloto con 48 unidades en Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao—los sindicatos destacan que ahora los carros se integran directamente en el reparto diario, sin evaluación técnica ni consenso laboral.

Sindicatos exigen diálogo y seguridad

CSIF, UGT y CC.OO. exigen a la dirección de Correos:

  • Suspender la implantación hasta garantizar seguridad y formación.

  • Establecer un plan de asignación de los VMP.

  • Negociar condiciones de trabajo adaptadas a los nuevos vehículos.

  • Cumplir estrictamente con la normativa de tráfico y prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos advierten que de no mediar un diálogo transparente, podrían emprender medidas legales o sindicales para proteger la seguridad de los trabajadores.

Conclusión

La llegada de los carros motorizados de Correos evidencia el choque entre modernización tecnológica y seguridad laboral. La polémica pone de relieve la necesidad de consultas previas, formación y cumplimiento normativo antes de implementar cambios que afecten directamente al personal. Mientras Correos busca eficiencia y sostenibilidad, los sindicatos reclaman que la protección de los trabajadores siga siendo una prioridad.

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