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Valencia

Sanidad activa un protocolo específico ante sospechas de sumisión química

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Un niño sufre traumatismo craneoencefálico al ser atropellado en Torrent
Acceso al servicio de urgencias del hospital La Fe de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València, 8 ago (OFFICIAL PRESS/EFE).- La Conselleria de Sanidad ha remitido este lunes a los departamentos de salud el nuevo protocolo de actuación del personal sanitario frente a sospecha de sumisión química, que incluye los pinchazos.

Este protocolo se suma y complementa al que ya publicó Sanidad en 2019 dirigido a la atención integral, sanitaria y judicial a víctimas de agresiones sexuales de la Comunitat Valenciana.

En el documento, de veinte folios, se expone que «la sumisión química (SQ) consiste en la administración de sustancias químicas con efectos psicoactivos a una persona, sin su consentimiento y sin su conocimiento, con fines delictivos, con el fin de modificar su estado de consciencia, su comportamiento o anular su voluntad».

Señala, además, que «en los últimos años, este fenómeno ha adquirido una notable relevancia por el incremento de los casos y su importante repercusión social y sanitaria».

En España, tras la reforma del Código Penal en 2010, el artículo 181.2 determina que se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.

Guía de buenas prácticas

Como consecuencia de la aparición de varios casos de sumisión química, la Administración General del Estado ha elaborado y publicado diferentes guías. La más reciente es la guía de buenas prácticas para la actuación forense ante la víctima de un delito facilitado por sustancias psicoactivas: intervención ante la sospecha de sumisión química.

El protocolo señala que «las sustancias empleadas en la SQ reúnen una serie de características comunes: fáciles de obtener, sustancia sin sabor, color ni olor; administrada habitualmente vía oral, mediante una inyección subcutánea o intramuscular, y excepcionalmente de forma inhalada; activa a dosis bajas, de acción rápida y de corta duración; de acción depresora o bien estimulante del sistema nervioso central; y que suele ocasionar amnesia anterógrada, sedación, confusión, efecto alucinógeno o desinhibición».

Las más habituales son sobre todo el alcohol etílico y los hipnóticos benzodiacepínicos (preferibles de vida media corta) o no benzodiacepínicos (zolpidem, zopiclona).

Otros destacados son el Gammahidroxibutirato (GHB), metanol, opioides, cannabinoides, ketamina, cocaína, derivados anfetamínicos, LSD, alfa-pvp, atropina, burundanga o escopolamina y disolventes.

Entre las actuaciones que debe completar el personal sanitario que atienda a una posible víctima de sumisión química se contempla la recogida de orina y sangre.

La sangre debe obtenerse en las primeras 48 horas tras el presunto delito para evitar la desaparición de la sustancia tóxica, y la toma de muestra se hará sin emplear alcohol u otro volátil como desinfectante.

«Se remitirá sangre venosa periférica en cuatro tubos de 5 ml, preferiblemente dos con fluoruro sódico como conservante y oxalato potásico como anticoagulante, (tubo tapón gris), y otros dos de sangre total anticoagulada con EDTA -ácido edético- para evitar la formación in vitro de GHB (tubo tapón lila)».

El protocolo incluye, además, un formulario específico para garantizar la cadena de custodia en la recogida de las muestras y su remisión a laboratorios especializados.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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