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Simón anuncia cómo será la estrategia de desescalada: “No será una normalidad como la conocíamos hace un año”

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Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha comparecido este domingo desde Moncloa para presentar el informe con las recomendaciones sanitarias para elaborar una estrategia de transición en la desescalada, tal y como anunció anoche el presidente Pedro Sánchez, y ha dejado muy claro que «la vuelta a la normalidad no será tal y como la conocíamos hace un año” antes de la pandemia de coronavirus y ha afirmado que “vamos dando pasos en la evolución de la epidemia. Vamos pasando fases. Hoy es el último día de la última extensión del periodo de alarma. A partir de mañana se inicia un nuevo periodo en el que el objetivo ya no es conseguir a esa cima de la curva y doblegarla posteriormente porque ya sabemos que eso lo estamos consiguiendo y estamos muy avanzados. Ahora consiste en consolidarlo y en pensar cómo de forma segura y con criterios lógicos ir pasando a una fase de apertura de la restricción de la libertad y movilidad para garantizar que la epidemia se puede controlar”.

Simón ha recalcado que «los datos muestran una tendencia descendente evidente. hHay 1729 nuevos casos. Hemos bajado del 1% de incremento diario. Estamos en el 0,8, unos números que no veíamos de hace muchas semanas. Hoy tenemos 288 fallecidos”, el dato más bajo desde el 20 de marzo, por ello ha insistido en que “tenemos que seguir con cuidado. No podemos dar un paso atrás”.

Una de las informaciones más esperadas era el adelanto de cómo va a ser la desescalada en España y ha anticipado: «unas reflexiones que tenemos que hacer desde ya y a unos aspectos a los que tenemos que prepararnos desde ya: las fases de transición nos tienen que llevar a la normalidad dentro del marco del coronavirus. No será una normalidad como la conocíamos hace un año. Tendrá que ser un poco diferente. Una nueva normalidad en la que garanticemos que, si no podemos controlar los nuevos brotes epidémicos, sí podamos reducirla de forma suficiente para que no nos afecte como nos ha afectado hasta ahora. Hemos facilitado al presidente un documento en el que hacemos una propuesta de recomendaciones genéricas para desde el punto sanitario iniciar ese proceso de transición. En él recogemos la opinión de muchísimos expertos consultados. Hoy hemos preparado este pequeño informe para que empiecen a plantearse las condiciones necesarias para poder iniciar esa fase de transición”.

Cuatro puntos que hay que reforzar
Fernando Simón ha detallado: “hablamos de 4 capacidades que tenemos que reforzar: garantizar que nuestro sistema asistencial es capaz de responder si hay un nuevo brote; garantizar que tenemos los mecanismos adecuados para monitorizar toda la fase que viene por delante, y que va a requerir indicadores diferentes para valorar si estamos progresando adecuadamente. Ya no nos va a interesar tanto el número de casos como analizar todos los sospechosos para poder detectar cualquier inicio de brote de forma muy precoz, aislar los casos y poner en cuarentena los casos estrechos; la tercera capacidad que tenemos que garantizar es que somos capaces, precisamente, de hacer ese diagnóstico. Tenemos que dotar al sistema en todos los niveles de una capacidad de diagnóstico adecuada. Requiere dotar al sistema de Atención Primaria en prácticamente todas las comunidades de una capacidad de diagnóstico por pruebas que detecten el virus, porque nos interesan los casos que pudieran ser infecciosos. Nos interesa en estos casos detectar el virus más que las defensas; además, tenemos que garantizar mantener la tensión. Son todas las medidas de protección colectiva que hacemos entre todos: la distancia social, la higiene y prevención…”.

“Si todos los servicios sanitarios son capaces de demostrar que tienen estas capacidades están en una situación de partida para empezar la transición hacia otras fases y hacia esa nueva normalidad”, agrega sobre un proceso que “se tendrá que guiar claramente por indicadores epidemiológicos, de salud pública… siempre en caso de que se puedan dar situaciones que no van como esperamos”.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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