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Valencia

Camps a la jueza: «Ya está bien. ¿Cómo se atreve a preguntarme si he malversado?»

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VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) – El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, que declaró en las últimas horas de este jueves y hasta el inicio de la madrugada de este viernes ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de València en una causa realacionada con la construcción del circuito urbano de Fórmula 1, en una declaración en la que llegó a decir a la magistrada, al ser preguntado por si había malversado dinero: «Ya está bien. ¿Cómo se atreve a preguntarme eso?».

Camps estaba citado a declarar como investigado en este juzgado, al igual que el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y el ex secretario autonómico de Cultura David Serra, quienes negaron todos ellos a la jueza la existencia de una presunta financiación irregular del PPCV y una caja B. Como testigo, lo hizo antes el ex secretario general de los ‘populares’ valencianos Ricardo Costa, quien declaró durante unas dos horas y media y aseguró a los medios que estaba colaborando tanto con la Justicia como con la Fiscalía.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de las declaraciones, Costa se ratificó en las manifestaciones que había realizado con anterioridad ante los fiscales Anticorrupción en las que afirmó que dos empresas adjudicatarias de las obras del circuito de la F1 –FCC y Hormigones Martínez– ayudaron a financiar irregularmente el PP.

En concreto, ratificó que FCC entregó 150.000 euros en metálico y Hormigones Martínez realizó facturas falsas. Asimismo, reiteró que había una caja B en el PPCV y una caja fuerte en la que el ex secretario autonómico de Cultura y ex vicesecretario general del PP, David Serra, guardaba dinero.

Sin embargo, estos extremos fueron negados por los tres investigados. Camps fue preguntado además por la magistrada acerca de su había malversado dinero. «Ya está bien. ¿Cómo se atreve a preguntarme es?. No he malversado dinero en mi vida», declaró.

En esta pieza, según trascendió en ese momento, hay al menos ocho investigados más, la mayoría cargos públicos de la época del PP y administradores de empresas. Entre ellos, el exconseller de Infraestructuras Mario Flores y el ex secretario autonómico de esta misma conselleria y su número dos, Victoriano Sánchez Barcaiztegui.

Fiscalía Anticorrupción dirigió el mes pasado dos escritos a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración –anteriormente de Infraestructuras y Transporte– a raíz de una comparecencia reciente ante los fiscales realizada por el propio Costa, para solicitar información sobre la construcción del circuito.

EXPEDIENTES
En concreto, el fiscal pedía a este departamento de la administración valenciana «la totalidad de los expedientes administrativos relacionados con la construcción del Circuito de Fórmula 1 de València en cualquiera de sus fases adjudicados a las mercantiles FCC y Hormigones Martínez (Grupo Vallalba)».

Fiscalía pedía la remisión íntegra de los expedientes, incluidos, los «acuerdo de inicio, pliegos, aprobación de estos, ofertas, informes técnicos, propuesta de adjudicación, actas de la mesa de contratación incluidas, modificados en su caso, facturas, pago, etc», según la solicitud del ministerio público.

Los empresarios de Hormigones Martínez (Grupo Vallalba), Tomás y Rafael Martínez Berna, son dos de los que reconocieron haber financiado ilegalmente al PP de Francisco Camps en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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