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Valencia

El juez interroga este miércoles al exdiputado valenciano David Serra y al ‘blanqueador’ de Correa

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MADRID/VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) –

El titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia interroga este miércoles en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana al exvicesecretario de Organización y exdiputado regional David Serra y al considerado ‘cerebro financiero’ de la trama Gürtel, José Ramón Blanco Balín. Con sus declaraciones concluye el interrogatorio a los 19 acusados en este juicio.

Previsiblemente, David Serra, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales y un delito de falsedad documental, será preguntado por cómo se pagaron los actos de campaña contratados con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market.

Su nombre ha salido en las declaraciones de varios acusados como una de las personas que estaban al tanto del sistema de financiación ilegal del PP valenciano liderado por entonces por Francisco Camps. El responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, le mencionó cuando fue preguntado por el abogado del Estado sobre quiénes le decían que iban a cobrar los servicios prestados en ‘b’.

El líder de la Gürtel, Francisco Correa, y su ‘número dos’, Pablo Crespo, confesaron durante sus declaraciones que el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa les comunicó que si «querían cobrar» la organización de los actos electorales y otros eventos que realizaron para la formación política debían girar facturas falsas a «determinados empresarios». Nueve empresarios acusados en este juicio reconocieron haber sufragado irregularmente dichos actos.

Pero fue ‘El Bigotes’ quien señaló al expresidente de la Generalitat Francisco Camps como la persona que estableció el sistema de financiación ilegal en el PP valenciano. Versión que después fue corroborada por el propio Costa, que puntualizó que el PP regional se financió con «dinero en negro» por orden de Camps y del ‘expresident’ y extitular de las Corts Valencianes, Juan Cotino.

OCULTACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS REALES
En cuanto a Blanco Balín, la Fiscalía Anticorrupción le acusa de ocultar los ingresos y gastos reales obtenidos por Orange Market en las declaraciones tributarias, sobre todo cuando la mercantil prestó «colaboración» para financiar irregularmente al PP valenciano. Los representantes del Ministerio Público Carlos Alba y Myriam Segura piden para él 15 años de prisión por seis delitos fiscales.

Con las declaraciones de estos dos investigados concluye el interrogatorio a los 19 acusados de financiar ilegalmente al PP valenciano. Tras ello comenzará la fase testifical en la que se tomará declaración, entre otros, al denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, o al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La que más expectación genera es la Francisco Camps después de que su nombre haya sido mencionado en varias ocasiones como responsable de la caja ‘b’ del PP regional. La Fiscalía Anticorrupción anunció que esperará hasta que concluya la vista oral que arrancó el pasado 15 de enero, para valorar la prueba practicada, la trascendencia de las declaraciones y decidir si pide que se investigue al exlíder de los ‘populares’ valencianos.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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