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La Generalitat activa una nueva herramienta anticorrupción en la Administración

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VALÈNCIA, 7 Feb. – La Generalitat, a través de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, ha activado el nuevo Sistema de Alertas para detectar las malas prácticas en la administración y su sector público (Saler).

El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publicado la resolución que implica el arranque oficial de esta nueva herramienta anticorrupción, al entrar en vigor el título de la ley 22/2018 relativo al sistema de alertas.

El nuevo instrumento está integrado por las bases de datos necesarias de los organismos y administración de la Generalitat. De esta forma, se podrán detectar probables situaciones de riesgo, incluso antes de que se acaben produciendo irregularidades o malas prácticas.

A su vez, se podrán ir incorporando nuevas herramientas al sistema, en función de la evolución práctica del mismo, así como del entorno normativo y tecnológico. Por tanto, se irá ampliando a la vez que se está utilizando, introduciendo herramientas innovadoras que completarán el sistema.

En este sentido, la activación de nuevas alertas se hará efectiva cuando se disponga de la información pertinente. En ese momento, se procederá a la puesta en marcha de los algoritmos y a la comprobación de su correcto funcionamiento.

Por otra parte, se están realizando los trabajos preparatorios del informe anual para presentar en Les Corts respecto al funcionamiento del sistema, las alertas, su comprobación y seguimiento de las recomendaciones de la Inspección General de Servicios (IGS).

Identificación temprana de malas prácticas
El Sistema de Alertas para prevenir las malas prácticas en la administración pretende reforzar la identificación, prevención y detección temprana de estas prácticas en los procesos administrativos de gestión. Herramienta que, unida a otros elementos, como la elaboración de un mapa de riesgos, planes individuales de autoevaluación y la publicación de un código de buenas prácticas, constituirán los instrumentos básicos de carácter preventivo para reducir riesgos de irregularidades.

El cuerpo normativo se completará con los reglamentos para la puesta en marcha del canal confidencial de denuncias; la comisión interdepertamental; el reglamento de la IGS; y el decreto de desarrollo de los aspectos técnicos del sistema de alertas (publicidad de algoritmos, requerimientos de control de la información obtenida y de acceso, etc).

El subsecretario de la Conselleria de Transparencia, Alfonso Puncel, ha destacado que esta resolución «supone la entrada en vigor de la ley 22/2018 de Inspección General de Servicios y del Sistema de Alertas en su totalidad, culminando así la primera fase de activación completa y situando a la Generalitat en la vanguardia de la innovación en materia de calidad y control de las malas prácticas».

Alfonso Puncel ha anunciado que las próximas actuaciones para continuar desarrollando el Sistema de Alertas se dirigen a la incorporación de tecnologías avanzadas; uso de inteligencia artificial; mejora de las herramientas de análisis de datos masivos; o acuerdos con otras administraciones españolas e internacionales para su difusión, como instrumento para la lucha contra la corrupción.

En este sentido, el subsecretario se ha referido al principio de acuerdo existente con varios estados de México y a los contactos con la Unión Europea orientados a entrelazar su sistema de alertas Arachne y el Saler.

Todo ello, formará parte del Plan de difusión 2019-2023, cuya redacción se está finalizando, dado que está prevista su aprobación y presentación antes de que finalice la actual legislatura.

Por último, el subsecretario de Transparencia ha añadido que la puesta en marcha del Sistema de Alertas «supone cumplir con la planificación que nos marcamos en 2015».

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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